La defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont ha solicitado al Tribunal Constitucional (TC) la suspensión de la orden de detención nacional que sigue vigente en su contra. El escrito, presentado este lunes y al que ha tenido acceso Europa Press, argumenta que la medida debe paralizarse hasta que el TC se pronuncie sobre el recurso de amparo admitido el pasado 7 de octubre. La petición se sustenta en las recientes conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que, según la defensa, respaldan la compatibilidad de la ley de amnistía con el Derecho de la Unión.

El escrito recuerda que, durante años, Puigdemont ha tenido limitada su libertad de movimiento y su actividad política debido a diversas órdenes judiciales. Su abogado, Gonzalo Boye, sostiene que estas órdenes han sido “jurídicamente desactivadas” por la ley orgánica de amnistía, cuya validez considera confirmada tanto por el Constitucional como por el marco europeo. En este sentido, la defensa subraya que la suspensión cautelar solicitada es “jurídicamente obligada” para evitar daños irreversibles en los derechos fundamentales del expresidente.

En su argumentación, Boye recalca que las Conclusiones del Abogado General del TJUE afirman que la ley de amnistía es “plenamente compatible” con el Derecho de la Unión. Aunque el abogado general advierte de que algunas disposiciones podrían generar dudas o requerir ajustes, descarta que la norma constituya una “autoamnistía” o entre en conflicto con la legislación europea en materia de terrorismo o protección de los intereses financieros comunitarios.

Por ello, la defensa considera que mantener la orden de detención en este contexto supondría “un sacrificio desproporcionado e innecesario”. Según el escrito, esta situación sería incompatible con los principios de proporcionalidad, necesidad y mínima injerencia que deben guiar las medidas cautelares mientras el Tribunal Constitucional resuelve el fondo del asunto.

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Un menor de 17 años fue detenido este fin de semana en la pradera de San Isidro, en Madrid, por la presunta comisión de un delito de tenencia ilícita de armas. El joven fue sorprendido por agentes de policía mientras portaba una pistola cargada con siete cartuchos. El arma, una pistola modelo Reck de 8 milímetros, fue arrojada al suelo por el sospechoso al percatarse de la presencia policial.

Los hechos ocurrieron alrededor de las tres de la madrugada durante un operativo de seguridad ciudadana, con presencia tanto de agentes uniformados como de paisano. Los policías detectaron la presencia de un grupo de jóvenes en una zona mal iluminada y observaron un comportamiento sospechoso por parte de los mismos al notar la cercanía de la patrulla.

Al aproximarse, uno de los integrantes del grupo intentó deshacerse del arma, arrojándola a la vía. Los agentes procedieron inmediatamente a su detención y aseguraron el arma, que se encontraba cargada y en condiciones de uso. El resto de los jóvenes fue identificado para su posterior seguimiento por parte de las unidades especializadas.

Este suceso se produce en el marco de las fiestas de San Isidro, que concentran a numerosos jóvenes durante la noche. La policía ha intensificado los dispositivos de seguridad para prevenir delitos y garantizar el orden público. Desde Delegación del Gobierno se ha subrayado la importancia de mantener la vigilancia, especialmente en zonas de alta concentración juvenil. La investigación continúa para determinar si el arma estaba relacionada con otros hechos delictivos.

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La Guardia Civil ha detenido a una mujer en Zaidín (Huesca) como presunta autora de la intoxicación intencionada de ocho personas en el único bar del municipio. La sospechosa adulteraba el café con benzodiacepinas, un fármaco con efectos sedantes, sin que las víctimas lo supieran.

La operación, denominada «Toxdín», se inició en enero de 2025, cuando tres afectados denunciaron haber sufrido síntomas de intoxicación tras tomar café en el establecimiento. Las investigaciones revelaron que el modus operandi se remontaba a 2020, con un caso previo en el que también se detectó la presencia del fármaco en la víctima.

Las autoridades confirmaron que la sospechosa elegía a sus víctimas al azar entre los clientes habituales del bar, todos ellos trabajadores en Zaidín entre 2020 y 2021. Una de las personas intoxicadas sufrió un accidente de tráfico debido a la alteración de sus capacidades cognitivas tras consumir el café contaminado.

Los análisis toxicológicos demostraron la presencia de benzodiacepinas en todas las víctimas, lo que permitió a los agentes relacionar los incidentes y proceder a la detención de la mujer. El caso ha generado un gran impacto en el pueblo, donde incluso se han dejado reseñas irónicas en Google Maps, como: «El café bien, la benzodiacepina mejor».

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Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido a Juan Carlos Campuzano Herrera, uno de los principales cabecillas de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, asentada en Las Palmas de Gran Canaria. La captura se produjo el pasado 21 de febrero en el distrito de Hortaleza, cuando Campuzano y otro individuo intentaron evitar un control policial.

La detención ocurrió cuando una patrulla de la comisaría integral de Hortaleza observó a dos hombres saliendo de una urbanización en la Calle Isabel Clara Eugenia con varias maletas. Al notar la presencia policial, ambos corrieron de regreso al edificio, lo que despertó sospechas. Tras ser interceptados, mostraron documentación que parecía falsa y evidenciaban un comportamiento nervioso y titubeante.

Al inspeccionar el apartamento donde se alojaban, los agentes encontraron balanzas de precisión, bolsas de plástico, guantes, papel film y una bolsa con cocaína. Posteriormente, en la comisaría, se confirmó la verdadera identidad de Campuzano, sobre quien pesaba una orden de búsqueda y captura emitida por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria desde abril de 2024.

Campuzano ya había logrado huir en 2018, cuando la Brigada Central de Crimen Organizado desmanteló su red y confiscó 150 kilos de cocaína y 600.000 euros en efectivo. Tras su fuga, se mantuvo en la clandestinidad hasta ser localizado en un hotel cercano al aeropuerto de Barajas. Su captura supone un golpe significativo para la lucha contra el narcotráfico en España.

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Agentes de la Guardia Civil de Mejorada del Campo han detenido a tres mujeres acusadas de cometer hurtos en farmacias de varias localidades de la Comunidad de Madrid. La investigación se inició en noviembre tras el robo de más de 700 euros en productos cosméticos en una farmacia de Velilla de San Antonio. Con el avance de las pesquisas, los agentes vincularon este hecho con otros robos similares en Torres de la Alameda, Campo Real, Arganda del Rey y Brunete.

Las detenidas actuaban en grupo, utilizando un modus operandi coordinado: mientras una de ellas distraía al personal del establecimiento, las otras dos sustraían productos de las estanterías y los ocultaban en bolsos de grandes dimensiones. Luego, salían sin realizar ninguna compra, evitando levantar sospechas. Este patrón permitió a los investigadores relacionarlas con cinco delitos de hurto en farmacias de la región.

La detención se llevó a cabo cuando las sospechosas se disponían a cometer otro robo en una farmacia de Ciempozuelos. Durante la operación, los agentes intervinieron el vehículo en el que se desplazaban, donde encontraron productos de alimentación cuya procedencia no pudieron justificar. Las arrestadas, vecinas de Madrid y con edades comprendidas entre los 19 y 44 años, cuentan con antecedentes por delitos similares en comercios.

Tras su arresto, las detenidas fueron puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente. Las investigaciones continúan abiertas para determinar si podrían estar implicadas en otros robos similares en la Comunidad de Madrid.

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El operativo se desencadenó cuando los policías observaron al grupo en plena fuga después de perpetrar un robo en una tienda y sustraer pertenencias de las mochilas de una familia. Tras una rápida intervención, los delincuentes fueron detenidos y trasladados a la comisaría de Centro.

En los calabozos, la sorpresa fue mayor cuando un agente de otro indicativo identificó a los detenidos como los responsables de otro hurto que se había producido ese mismo día en la Plaza de la Provincia, cercana a la Plaza Mayor. Aunque en esa ocasión lograron evadir a la policía, finalmente han sido capturados y enfrentarán cargos por sus acciones delictivas en el corazón de la capital española.

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A pesar de ser expulsado de la mezquita debido a sus discursos extremistas, el detenido continuó con sus actividades en entornos más privados. Sus enseñanzas promovían una visión violenta de la religión, alabando el terrorismo suicida como una táctica legítima en la lucha contra judíos, cristianos y apóstatas, presentándolo como ejemplo a seguir por todos los musulmanes.

Tras ser puesto a disposición del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, se ha ordenado su ingreso en prisión provisional. La investigación, desarrollada por el Servicio de Información de la Guardia Civil con la participación activa de analistas de Europol, destaca el fenómeno emergente de la captación terrorista de jóvenes a nivel global en el ámbito del yihadismo.

Desde la elevación al nivel 4 de Alerta Antiterrorista en junio de 2015, la Guardia Civil ha intensificado las investigaciones en el ámbito de la radicalización y adoctrinamiento, considerándolos un claro respaldo a las estructuras de las organizaciones terroristas, según señala un comunicado oficial del Instituto Armado.

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El clan Bote Vargas ha estado involucrado en actividades delictivas desde principios de los años 2000, especializándose en robos con fuerza. Su guarida se encontraba en el poblado chabolista de Las Mimbreras, donde planificaban y ejecutaban sus robos. A lo largo de más de dos décadas, los hermanos Félix, David, Óscar y José Luis han tenido una vida marcada por sucesivas entradas y salidas de prisión.

Los agentes de la Sección de Fugitivos de la Policía Nacional lograron obtener información sobre el paradero de José Luis el pasado mes de mayo, lo que llevó a establecer un dispositivo de vigilancia en torno a su vivienda en Leganés. Durante su tiempo oculto, José Luis apenas salía al exterior y extremaba las medidas de seguridad. Incluso utilizaba a uno de sus hijos para mantener abierta la puerta del portal y poder regresar rápidamente al interior en caso de sospecha.

Con estos indicios, los agentes solicitaron una entrada en el inmueble, autorizada por el Juzgado de Guardia de Leganés. En el momento en que los agentes ingresaron a la vivienda, José Luis intentó huir por la ventana de la cocina, pero fue arrestado en el acto. Admitió haber permanecido en el mismo domicilio durante los últimos cinco años sin salir.

El clan Bote Vargas ha sido protagonista de numerosos delitos, sumando más de 200 antecedentes en total. Sin embargo, han sido cautelosos para evitar delitos violentos, centrándose principalmente en robos con fuerza en locales comerciales. Con la detención de José Luis, todos los miembros del clan se encuentran ahora en prisión, aliviando la presión sobre las fuerzas de seguridad que han luchado durante años contra la oleada de robos perpetrados por estos cuatro hermanos.

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