Una persona ha sido detenida en Leganés por la presunta comisión de delitos relacionados con intrusismo profesional, estafa y contra la salud pública, tras realizar supuestamente infiltraciones de ácido hialurónico en los labios sin contar con la titulación sanitaria requerida. La actuación policial se inició a raíz de una denuncia presentada por el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM).

Según ha informado el Colegio profesional, el caso salió a la luz después de que una paciente acudiera a la institución para comunicar una deformación labial sufrida tras someterse a un tratamiento estético en un establecimiento del municipio. Tras analizar la documentación y apreciar indicios de un posible delito de intrusismo, el COEM trasladó los hechos a la Policía Local, lo que dio inicio a la investigación que culminó con la detención por parte de la Policía Nacional.

De acuerdo con las pesquisas, la persona arrestada regentaba el local sin cumplir las garantías sanitarias básicas y captaba clientela a través de un perfil en Instagram bajo la denominación “Russian Lips”. Hasta el momento constan 75 personas afectadas y una cantidad económica de varios miles de euros que podría estar vinculada a la presunta actividad ilícita.

La Organización Médica Colegial ha recordado, en un informe emitido a petición policial, que el ácido hialurónico puede ser aplicado por dentistas dentro de su ámbito competencial. Por su parte, el Tribunal de Instancia de Leganés ha abierto diligencias previas. El COEM ha reiterado la importancia de verificar que los tratamientos sanitarios sean realizados por profesionales titulados y colegiados, en centros que cumplan la normativa vigente.

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Pedro, un hombre de 78 años, vive una pesadilla desde septiembre del año pasado, cuando su piso en Parla, que había puesto a la venta, fue okupado después de recibir visitas de supuestos compradores. Según su testimonio, entre los interesados habría un «ojeador», que facilitó la intrusión. Al regresar, Pedro descubrió que no podía entrar a su vivienda, ya que los okupas habían cambiado la cerradura.

«Tenía el piso en venta y, entre las personas que vinieron a verlo, había algún ojeador. Al poco tiempo, lo okuparon y, además, metieron a una guardería completa para ser más vulnerables», explica Pedro, mostrando su indignación. Algunos vecinos también han manifestado su preocupación por la situación, asegurando que en la vivienda se detecta consumo de drogas. «Cuando ellos fuman, fumamos todos. Empieza a subir por la terraza todo el humo y el olor», denuncia un residente.

Por su parte, los okupas aseguran que fueron víctimas de una estafa. «Yo entré porque me alquilaron la vivienda y pagué mi dinero, pero no al propietario, sino a terceras personas», afirma una de las personas que actualmente habita el piso, negando haber forzado la entrada.

Pedro descarta cualquier tipo de negociación con los okupas y se mantiene firme en su posición. «Sé que una de las maneras de hacer que se vayan es ofrecerles dinero. Jamás en la vida haría yo eso; yo no negocio con delincuentes», sentencia. Mientras tanto, sigue a la espera de una solución que le permita recuperar su vivienda y devolver la tranquilidad a la comunidad.

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La Guardia Civil de Majadahonda ha detenido a dos mujeres acusadas de estafar al menos 72.000 euros a una comunidad de vecinos mediante la emisión de facturas falsas a través de la gestoría que administraban. Según la investigación, las pérdidas ocasionadas podrían ascender a 114.000 euros, ya que las detenidas presuntamente modificaban datos y falsificaban documentos para desviar fondos.

Las detenidas son la encargada de la gestoría, cuyo CIF fue revocado en abril de 2021, y una empleada sin contrato que gestionaba los trámites de la comunidad. La investigación comenzó tras la denuncia de la presidenta de la comunidad, quien al asumir su cargo detectó irregularidades en los pagos y facturas duplicadas. Al solicitar explicaciones, descubrió que las cuentas bancarias de la comunidad estaban en números rojos.

Las pesquisas revelaron que la gestoría llevaba años falsificando firmas y sellos, modificando fechas y datos de facturas, y cobrando ciertos pagos dos veces mediante cheques al portador. Al analizar los movimientos bancarios y contactar con proveedores, la Guardia Civil confirmó la falsedad de múltiples facturas y el desvío de dinero.

Las detenidas enfrentan cargos por estafa continuada, administración desleal y falsificación documental. La investigación sigue abierta para determinar si hay más afectados por esta presunta trama fraudulenta. La Guardia Civil recuerda la importancia de revisar la gestión de las comunidades de propietarios para detectar posibles irregularidades.

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Los ladrones llamaban por teléfono a sus víctimas haciéndose pasar por técnicos de una empresa de electricidad. Conseguían una cita para realizar una supuesta revisión del servicio de luz. Una vez en la vivienda, utilizaban diferentes técnicas de distracción para apoderarse de joyas, dinero, bienes o documentación personal. En algunos casos, incluso utilizaban la violencia e intimidación para conseguir sus fines. Tras el robo, utilizaban las tarjetas bancarias de las víctimas para realizar compras fraudulentas o disposiciones de efectivo. En caso de necesitar la contraseña o el pin de acceso a las cuentas bancarias, contactaban posteriormente con las víctimas fingiendo ser personal de su entidad bancaria.

La investigación se inició en Leganés tras recibirse varias denuncias de personas mayores que habían sido víctimas de este tipo de robo. Los agentes de la Policía Nacional lograron identificar a los dos ladrones implicados en los robos. Los detenidos fueron arrestados el pasado 9 de mayo. Se les acusa de tres delitos de robo con violencia e intimidación, 34 hurtos en casa habitada y diez estafas. Tras pasar a disposición judicial, uno de los detenidos ha ingresado en prisión.

Recomendaciones:

• Desconfíe de llamadas o visitas inesperadas de supuestos técnicos de empresas de servicios.
• No facilite datos personales ni bancarios a través del teléfono o a personas desconocidas.
• Si tiene dudas sobre la identidad de un técnico, contacte directamente con la empresa de servicios para verificar su autenticidad.
• En caso de ser víctima de un robo, denuncie el hecho inmediatamente ante la Policía Nacional.

La Policía Nacional recuerda la importancia de estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias para evitar ser víctima de este tipo de delitos.

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Los detenidos ocupaban cargos de responsabilidad en una empresa de despiece cárnico en Leganés. Utilizando el sello oficial de otra compañía, se dedicaron a estafar a sus clientes, que exportaban los productos sin conocimiento de la actividad ilegal. La empresa cuyo sello fue falsificado desconocía por completo estas prácticas ilícitas, que habrían estado ocurriendo durante un lustro.

La investigación, iniciada en agosto, reveló que la empresa podría estar utilizando un sello sanitario falso. Con la colaboración de diversas autoridades, se realizó una inspección en las sedes de Leganés y Seseña, donde se descubrió el sello falso en la nave de Leganés. Como resultado, se detuvo a seis individuos por presunta pertenencia a un grupo criminal, estafa y falsificación documental. Además, se inmovilizaron y destruyeron diez palés de carne debido a irregularidades en su conservación alimentaria, según la Autoridad Sanitaria. Los arrestados, todos sin antecedentes policiales, han sido puestos a disposición judicial.

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Las cantidades cobradas por los trámites oscilaban entre los 19 y 89 euros

Se estima que alrededor de 150,000 personas fueron afectadas, con la organización defraudando cerca de ocho millones de euros. La página fraudulenta ofrecía gestiones como certificados de empadronamiento, delitos penales, vida laboral, tarjeta sanitaria europea y número de identificación de extranjero, entre otros. Las cantidades cobradas por los trámites oscilaban entre los 19 y 89 euros, montos relativamente bajos que disuadían a las víctimas de denunciar. El portal desmantelado imitaba páginas oficiales de la administración para ofrecer tramitaciones online que son gratuitas, pero los estafadores las cobraban como tasas fraudulentas.

La operación comenzó durante el confinamiento en 2020, cuando los trámites en línea se volvieron más comunes. La investigación se inició en Baeza (Jaén) después de la denuncia de un ciudadano estafado por un certificado de empadronamiento que nunca recibió ni se realizó. Tras la intervención, se bloquearon un millón de euros en cuentas bancarias, 111 bienes inmuebles y 13 vehículos adquiridos con el dinero de la actividad ilícita. Se descubrió un entramado de 35 empresas utilizadas para el blanqueo, con transferencias bancarias entre ellas para dificultar el rastreo del dinero.

A través de más de 400 cuentas bancarias en 18 entidades nacionales e internacionales, se detectó la evasión de aproximadamente 1,5 millones de euros hacia cuentas en Estados Unidos. La investigación fue realizada por la Guardia Civil de Jaén, con apoyo del grupo de delitos económicos de la Unidad Central Operativa (UCO).

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El desmantelamiento de la organización tuvo lugar en una residencia ubicada en el distrito de Usera, donde se incautaron numerosas tarjetas de identidad personales de extranjeros, tanto originales como manipuladas. Además, se encontró documentación mercantil y comercial utilizada para adquirir productos financieros y materiales suplantando las identidades de las víctimas.

El operativo también resultó en la confiscación de cuatro armas de fuego, dos pistolas táser, munición, un arco, una ballesta, un chaleco balístico y un dispositivo de geolocalización, entre otros efectos. Además, se hallaron diversos tipos de sustancias estupefacientes, incluyendo 11 tabletas de hachís, 15 kilogramos de cogollos de marihuana y 350 gramos de ketamina.

Asimismo, se encontró en la residencia una impresora utilizada para imprimir billetes falsificados. Los tres individuos involucrados, todos de nacionalidad china y dos de ellos con antecedentes delictivos, fueron arrestados como parte de esta operación.

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Los hechos se remontan a finales de 2020 y continuaron hasta principios del presente año. La directora de la entidad financiera, en la que la perjudicada tenía su cuenta, habría empleado una tarjeta de débito que había contratado a nombre de la cliente afectada. Con esta tarjeta, realizó múltiples reintegros en cajeros automáticos, lo que resultó en la desaparición de 85.000 euros de la cuenta de la perjudicada.

La víctima había mantenido una relación cercana y cotidiana con la directora de la sucursal durante mucho tiempo, ya que esta última había sido su asesora financiera y se había encargado de tramitar diversas operaciones. Sin embargo, en los últimos meses, su actitud cambió, y se volvió evasiva ante las preguntas de la familia sobre la situación de los fondos monetarios de la afectada.

La detenida habría aprovechado la situación de la víctima, una mujer de edad con problemas de salud, para formalizar un contrato de expedición de una tarjeta de débito a su nombre. Posteriormente, se habría apoderado de la tarjeta y llevado a cabo diferentes operaciones de extracción de dinero.

Con la información disponible, las autoridades realizaron investigaciones para ubicar a la directora del banco en los lugares donde se habían realizado los reintegros. Como resultado, procedieron a su detención y la pusieron a disposición de la autoridad judicial como presunta autora de un delito de estafa. La detención destaca la importancia de mantener un control y vigilancia adecuados en las transacciones financieras para evitar situaciones similares en el futuro.

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La operación se llevó a cabo cuando los arrestados acordaron reunirse con la víctima en un restaurante para efectuar la transacción. En un primer momento, exhibieron dinero legítimo, que luego reemplazaron por billetes falsos, según detalló la Jefatura Superior de Policía de Madrid este martes.

La investigación se inició en septiembre pasado cuando el hombre presentó una denuncia por ser víctima de este tipo de estafa denominada «Rip Deal». Tan solo tres días después, la Policía identificó a los presuntos delincuentes en el momento en que estaban a punto de engañar a otra persona.

De acuerdo con la narrativa de las autoridades, el estafado concertó una reunión con el hombre en un restaurante del barrio de Salamanca, donde este llegó acompañado de una mujer que afirmó ser su esposa. Ambos se presentaron de manera elegante para ganarse la confianza de la víctima. Los detenidos, quienes enfrentan cargos por un delito de estafa y han sido puestos a disposición judicial, mostraron un sobre con 20.000 euros en efectivo legítimo. Como resultado, el hombre procedió a llevar a cabo la transacción utilizando su ordenador portátil.

El «Rip Deal» constituye una variante de estafa en la que los perpetradores organizan una reunión con personas que están vendiendo propiedades o artículos de alto valor, simulando ser individuos de negocios con una gran solvencia económica.

Normalmente, el encuentro se desarrolla en un lugar público, donde los estafadores inicialmente muestran billetes auténticos. Luego, sin que la víctima lo note, le entregan finalmente paquetes de billetes falsos.

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Al menos seis padres y madres cayeron en la trampa, escaneando los códigos y proporcionando sus datos personales y bancarios con el fin de inscribir a sus hijos en estas clases. Sin embargo, minutos después de hacerlo, recibieron un cargo de 39 euros en sus cuentas bancarias y un correo electrónico extraño dándoles la bienvenida a un servicio de streaming de series y películas que nunca habían solicitado.

Los afectados intentaron cancelar estos servicios no deseados, pero se encontraron con dificultades para hacerlo. Esto los obligó a anular sus tarjetas o cuentas bancarias para evitar futuros cobros fraudulentos. Ante esta situación, los perjudicados han presentado denuncias ante la Policía, que ya está investigando a los responsables de esta nueva estafa.

La supuesta empresa detrás de esta estafa se hace llamar «Pulsler» y ofrece servicios de streaming que incluyen música, películas, videojuegos y audiolibros. Sin embargo, en realidad, se trata de un fraude diseñado para inscribir a usuarios en servicios no deseados y dificultar al máximo la cancelación de suscripciones, lo que les permite cobrar una o varias cuotas fraudulentas. Las autoridades aconsejan precaución al escanear códigos QR desconocidos y verificar siempre la autenticidad de las ofertas antes de proporcionar información personal o bancaria.

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