La Audiencia Provincial de Madrid ha emitido una orden al Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid para que cite como investigados al director general del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, Pablo Enrique Rodríguez Pérez, y a otros 15 altos cargos, entre ellos jefes de la cúpula policial, comisarios, inspectores, familiares y opositores, en relación con los presuntos amaños en las oposiciones para inspector y comisario (intendente).

El juzgado había archivado inicialmente el caso, pero tras el recurso de apelación de la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU), respaldado por la Unión de Policía Municipal (UPM), la Audiencia Provincial decidió reabrir la investigación por posibles manipulaciones en las pruebas. Se centra en aclarar si hubo un delito en las oposiciones de turno libre de inspector e intendente (actualmente comisario) de la Policía Municipal.

Entre los citados como investigados se encuentran el comisario general Oskar de Santos Tapia, el comisario jubilado José Luis Morcillo Pérez, el comisario José Rodríguez Vacas, el comisario jubilado Miguel Carmona Gavela, la administradora de la Academia Cronos Rosario Ordoño Vara, la comisaria Ana María Padilla Beltrán, la inspectora Sarah Maia Silveira, el inspector Miguel Carmona Ordoño, la inspectora Carolina Hernando Boiso, el profesor de la Academia Cronos Alejandro Omar Elsanafawy Castellanos, entre otros.

La investigación se centra en esclarecer presuntas irregularidades en las oposiciones, especialmente tras el vínculo de los aspirantes aprobados con miembros del tribunal y una academia dirigida por familiares de un comisario de la Policía Municipal. Se busca determinar si hubo un acuerdo entre ciertas personas para favorecer a un número específico de opositores.

La Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Provincial de Madrid también estuvieron investigando inicialmente estas oposiciones tras denuncias anónimas y una denuncia de Más Madrid. Ahora, el juez deberá determinar si los aprobados obtuvieron información privilegiada y evaluar las altas puntuaciones, sospechosas por su conexión con los mandos denunciados por la APMU. Los declarantes, ahora investigados, han negado cualquier irregularidad.