En el Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Leganés, se han abordado la aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2022 y una modificación presupuestaria para el pago de sentencias judiciales en firme por un total de 3.234.925 euros. Este último punto ha sido el centro de una fuerte controversia, ya que ha sido rechazado por cuarta vez en poco más de un mes, con la oposición de algunos partidos.

La Cuenta General de 2022 reveló un resultado presupuestario de 31.323.572 euros y un remanente de 51.041.089 euros. Según la concejala de Hacienda, María Estévez, esta cuenta señala una baja ejecución presupuestaria, con tan solo un 60% de cumplimiento en un presupuesto de 190 millones de euros. La aprobación de la Cuenta General se logró con los votos a favor de PP y ULEG, abstenciones de PSOE, Más Madrid y Podemos, y el voto en contra de VOX.

El segundo punto del Pleno trató sobre la aprobación de una modificación presupuestaria que buscaba saldar sentencias judiciales en firme por un importe total de 3.234.925 euros a favor de terceros. Estas deudas judiciales han generado una larga controversia en el Ayuntamiento, ya que la propuesta ha sido rechazada por cuarta vez.

El PSOE solicitó nuevamente que se postergara la propuesta, alegando un defecto de forma, aunque tanto la interventora municipal como el secretario del Pleno confirmaron que no existían irregularidades. La solicitud del PSOE fue sometida a votación y nuevamente fue rechazada, con los votos a favor de PSOE, Más Madrid, VOX y uno de Podemos; los votos en contra de PP y ULEG; y la abstención de uno de Podemos.

Las sentencias judiciales que continuarán sin abonarse son las siguientes:

• 2.774.514 euros a Cadema Informática SL, relacionada con una expropiación.
• 398.487 euros a Realia Patrimonio SLU por intereses de demora.
• 45.404 euros a Harado de Construcciones y Asistencia Técnica SL por intereses de demora.
• 16.519 euros a ALD Automotive SA, principal de la deuda.

La concejala de Hacienda lamentó la oposición persistente a esta propuesta, que considera una obligación judicial, y subrayó que estos impagos están generando pérdidas patrimoniales significativas para el Ayuntamiento debido a los intereses de demora acumulados. Esta situación afecta a los intereses de todos, en especial a los vecinos de Leganés.