El Tribunal Constitucional (TC) ha dado luz verde para el procesamiento de los recursos presentados por el Partido Popular y cuatro comunidades autónomas -Madrid, Andalucía, Cataluña e Islas Baleares- en contra de diversos artículos de la Ley de Vivienda. Estos recursos se fundamentan, entre otros aspectos, en la creencia de que la ley infringe competencias autonómicas.
El proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda recibió la aprobación del Congreso el 27 de abril con 176 votos a favor, lo que representa la mayoría absoluta, frente a 167 votos en contra. El Senado otorgó su aprobación final el 17 de mayo, después de recibir más de 300 enmiendas parciales y enfrentar seis vetos, presentados por el PP, el PNV, Junts per Catalunya, Cs, Vox y UPN.
Poco después, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía anunció que impugnaría 18 artículos de la ley, alegando que esta supone una invasión directa de las competencias exclusivas de la comunidad en asuntos de vivienda, según lo establecido en el artículo 56 del Estatuto de Autonomía.
El Gobierno de Madrid también presentó un recurso en contra de la ley, argumentando que esta interpreta de manera excesiva las competencias del Estado y que la capacidad de imponer límites a los alquileres podría dar lugar a un aumento en los precios.
Por su parte, el Govern de Islas Baleares optó por llevar su caso al Constitucional, identificando indicios de inconstitucionalidad en cinco artículos de la norma. Mientras tanto, el Parlamento de Cataluña decidió impugnar la ley al entender que invade competencias autonómicas en materia de vivienda y socava el principio de autonomía financiera y de gasto.
El Partido Popular expresó su oposición a la ley, argumentando que esta podría dificultar la expulsión de ocupantes e inquilinos que dejen de pagar el alquiler. El Grupo Parlamentario Popular sugiere que la ley podría vulnerar el derecho de propiedad, el derecho a la tutela judicial efectiva y la autonomía local.
La ley en cuestión impone nuevos límites a los aumentos de los precios de alquiler en toda España, permite reducir la categoría de gran tenedor de viviendas de diez a cinco inmuebles en ciertos casos, y prohíbe a estos propietarios desahuciar a inquilinos vulnerables sin un proceso de conciliación o arbitraje previo.
En términos fiscales, la ley mejora la regulación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con el objetivo de fomentar el alquiler de viviendas habituales a precios asequibles, a través de la modulación de la reducción del rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual.
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