En la tranquila Calle de El Yesero en Villa de Vallecas, una urbanización se ha convertido en escenario de una auténtica pesadilla para sus residentes. Desde hace varios años, los vecinos luchan contra una red de okupas que han transformado su hogar en un foco de conflictos, robos y amenazas.

La situación es desgarradora, como relata Emilio, uno de los afectados: “A las tres o cuatro de la mañana ha habido robos. Hemos tenido que montar cámaras de seguridad en el garaje, en la entrada, en los pasillos y a ver quién son. Y esto nos supone un sobrecoste a los propietarios que ellos no pagan, claro”. El testimonio de Emilio ilustra la desesperación de una comunidad que se ve atrapada en una espiral de inseguridad y temor.

Nieves, otra vecina afectada, comparte su angustia: “Estoy pasándolo muy mal porque me ha subido la tensión”. Los okupas no solo han perturbado la paz de la urbanización con sus actividades ilícitas, sino que también han desafiado abiertamente los intentos de los residentes por proteger su hogar. Los carteles colocados para alertar a otros residentes son arrancados y tirados en sus puertas, mientras que mensajes amenazantes y vulgares inundan los ascensores.

La urbanización, compuesta por 126 viviendas, enfrenta una situación compleja derivada del colapso de la constructora y la ocupación ilegal de varios pisos. La presunta participación de una empresa en el alquiler de estos inmuebles ha sido desenmascarada, revelando una trama sofisticada de captación de inquilinos por parte de los okupas.

La indignación de los vecinos ha llegado a su punto de ebullición, manifestándose en protestas para exigir soluciones urgentes. Pilar, una residente afectada, revela: “Este señor alega que paga a esta empresa. Esta empresa lleva sin actividad desde el año 2019”. Además, el supuesto cabecilla de la red okupa cuenta con antecedentes por robo y allanamiento de morada, agravando aún más la situación.

El clamor de los residentes de Villa de Vallecas es claro: se necesita acción inmediata para restaurar la seguridad y la tranquilidad en su comunidad. La lucha contra la ocupación ilegal y el crimen organizado requiere una respuesta coordinada de las autoridades y la solidaridad de la sociedad para proteger el derecho fundamental de todos a vivir en paz en sus hogares.