El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), aprobado en 2023 mediante el Real Decreto-ley 2/2023, implicará una nueva reducción en las nóminas de millones de trabajadores a partir del 1 de enero de 2026, según ha confirmado el Boletín Oficial del Estado (BOE). Este mecanismo, destinado a reforzar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, incrementará el tipo de cotización adicional que empresas y empleados aportan mensualmente.

Actualmente, el MEI supone una cotización del 0,8% sobre la base de cotización, distribuida en un 0,67% a cargo de la empresa y un 0,13% del trabajador. Con la entrada en vigor del nuevo porcentaje, la carga se elevará al 0,9%, de los cuales el 0,75% corresponderá a la empresa y el 0,15% al trabajador. Esta subida, aunque aparentemente leve, afectará directamente a los salarios netos y al coste laboral de las compañías.

En la práctica, el incremento será proporcional a la base de cotización. Por ejemplo, un empleado con 24.000 euros anuales de base aportará 216 euros al año al MEI, de los cuales 180 euros los asumirá el empresario y 36 euros el trabajador. No obstante, la norma establece una excepción para quienes tengan salarios iguales o superiores a la base máxima de cotización, estimada en 63.180 euros anuales para 2026, cuya reducción se limitará a 95 euros al año.

Este aumento llega en un contexto en el que el gasto en pensiones continúa en ascenso, con un crecimiento del 6,1% en septiembre, alcanzando la cifra récord de 13.638 millones de euros mensuales. El Gobierno mantiene que el MEI es una medida esencial para garantizar la sostenibilidad futura del sistema, aunque algunos expertos advierten que incrementa la presión sobre los salarios y la competitividad empresarial.

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Actualmente sólo hay una persona, José Enrique Serrano, como único apoderado en funciones en EMSULE. En una situación habitual debe de haber tres figuras que den el consentimiento de gastos, pero Javier Márquez dimitió y Enrique Morago ya no pertenece a la entidad. De este modo solo queda Serrano y tampoco tiene autoridad actualmente para dar salida a las necesidades de los vecinos beneficiarios de viviendas de EMSULE y sus empleados.

Es totalmente imprescindible que el consejo de gobierno llegue a consenso para nombrar a los nuevos apoderados para que puedan ofrecer el servicio de asistencia y necesidad de EMSULE. 

El punto más problemático de esta circunstancia es que los sueldos de las personas que trabajan en la empresa Municipal también deben de estar autorizados por los nuevos apoderados para que puedan percibirse pero actualmente no hay nadie que acometa esta labor.

En el último Consejo de la Administración PSOE, Vox y Unidas Podemos se opusieron a que se realice la auditoría de todos los contratos ejecutados por la Empresa Municipal del Suelo de Leganés (EMSULE) desde que entró en vigor la Ley 9/2017 y al traspaso de poderes para que los concejales del nuevo equipo de Gobierno tengan sus delegaciones. PP Y ULEG necesitaban el posible apoyo de Más Madrid para poder aprobarlo pero su consejero no acudió al encuentro y se produjo un empate a cinco.

Hasta que no se llegue a un consenso y se resuelva esta circunstancia EMSULE esta bloqueada y los pagos de las nominas no podrán efectuarse. Actualmente también preocupa al nuevo gobierno el estado de la situación económica, administrativa y financiera de las promociones de vivienda de EMSULE.

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La sección sindical de UGT, CC.OO. y los correspondientes a la Policía Local, CPPM y UPM, firman un escrito en el que denuncian que, con fecha 2 de febrero, el conjunto de la plantilla municipal todavía no ha percibido su salario; lo que consideran una «gravísima situación» que, según tal y como han comunicado en otras ocasiones, se ha convertido en habitual «ocasionando  los empleados públicos el consiguiente perjucio».

Con la reunión solicitada a la responsable de RR.HH. del Ejecutivo local, pretenden que se les pueda «explicar y aportar soluciones» a este problema con las nóminas.

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