Estos hechos se remontan a la etapa de Cascallana como alcalde, durante la cual De Andrés, en su rol de edil de Urbanismo, formaba parte del consejo de administración de Emgiasa, la empresa pública de vivienda ahora en concurso de acreedores. La Fiscalía argumentó que la quiebra de la empresa fue resultado de una gestión «culposa» durante la construcción del Centro de Creación de las Artes de Alcorcón (CREAA) y las relaciones comerciales con Gesmansur.

La sentencia inicial del Juzgado de lo Mercantil condenó en enero de 2022 a De Andrés, Cascallana y otros a años de inhabilitación. Aunque la condena no impedía a De Andrés ocupar cargos públicos, renunció a presentarse a la Alcaldía de Alcorcón poco después. La Audiencia Provincial ha revocado parcialmente la resolución, reduciendo la inhabilitación de Cascallana de 10 a 5 años y eliminando la condena concursal.

En declaraciones a los medios, De Andrés expresó su «tranquilidad» por la revocación de la condena concursal, destacando que también se anularon las condenas contra el Ayuntamiento de Alcorcón. Aunque la sentencia no es firme y puede apelarse, los acusados podrían evitar hacer frente al déficit concursal contable, suavizando así las implicaciones de la decisión judicial.

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Este proyecto, cuyo el plazo de ejecución es de 18 meses, cuenta con un importe de 1.462.779,89 euros y se va a desarrollar en dos anualidades: en el año 2023, dispondrá de 252.779 euros y, en el año 2024, de 1.200.000 euros.

El objeto de este contrato, gestionado por la Concejalía de Seguridad, Organización Interna y Atención Ciudadana, es el suministro, instalación e implantación de un sistema centralizado para la gestión del tráfico y para priorizar el transporte público para reducir la emisión de gases. Entre los principales beneficios de este sistema sobre el tráfico urbano destacan la creación de planes de tráfico adaptados a los flujos de tráfico con discriminación horaria y diaria, la posibilidad de actuar en tiempo real sobre las prioridades de tráfico en caso de emergencias o de una congestión de tráfico.

En este sentido, desde el Consistorio han explicado que “la vigilancia del estado del tráfico en tiempo real a través de las cámaras instaladas permitirá poder tomar las medidas oportunas mediante la implantación de un sistema que dé prioridad, por ejemplo, a los autobuses” y añaden que va a haber unos lectores de matrículas de autobuses que podrán ir abriendo los semáforos a su paso, lo que permitirá regular el tráfico en horarios especiales”.

A través de este proyecto se sustituirán los reguladores semafóricos, actualizándolos por modelos con mayores y mejores prestaciones. El control de la plataforma de gestión del tráfico se llevará a cabo desde el Centro Unificado de Seguridad, en las dependencias de la Policía Municipal.

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