La situación ambiental del río Guadarrama y de su entorno ha llegado a los tribunales después de la denuncia presentada en 2023 por quien entonces era alcalde de Batres. La denuncia dio lugar a la denominada Operación CALANDINO, una investigación desarrollada por la Unidad especializada de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado.

Entre los citados figuran la exalcaldesa de Arroyomolinos Ana Millán, el actual alcalde del municipio, Luis Quiroga, y el alcalde de Navalcarnero, José Luis Adell, junto a otros responsables municipales. La causa contempla provisionalmente posibles delitos de prevaricación medioambiental y urbanística por omisión, delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y contra la ordenación del territorio.

Según recoge la Fiscalía, las actuaciones permitieron detectar distintos incumplimientos en el entorno del río, entre ellos la ocupación del dominio público hidráulico por diferentes actividades, principalmente urbanísticas, en zonas inundables. La investigación contabilizó además más de 500 construcciones irregulares.

El informe también señala la presencia de residuos de construcción y demolición en zonas de servidumbre y dominio público, así como vertidos de aguas residuales. La Fiscalía apunta igualmente a vertidos directos procedentes de asentamientos irregulares y a incumplimientos relacionados con determinadas estaciones depuradoras autorizadas.

La investigación judicial se centra ahora en determinar las posibles responsabilidades de las distintas administraciones que tenían competencias sobre estas zonas. La jueza de Navalcarnero ha citado para el próximo 17 de diciembre a varios responsables públicos que ejercieron funciones municipales entre 2021 y 2023 en Móstoles, Arroyomolinos y Navalcarnero, además de responsables de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

El exalcalde de Batres, Víctor López ha asegurado a LGN Medios que fue a la Fiscalía General de Medio Ambiente y presentó una denuncia con un informe de la Catedral de la Universidad de Castilla-La Mancha del Tajo, que contrató al Ayuntamiento de Batres. Aportó documentación técnica y jurídica, además de material fotográfico y antecedentes relacionados con el estado del río.

La investigación se encuentra todavía en fase de diligencias previas y será el juzgado el que determine, tras analizar la documentación y escuchar a los investigados, si existen responsabilidades y cuál sería su alcance.

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Martín ha destacado que esta iniciativa demuestra que “el Gobierno regional trabaja no solo por garantizar un hogar a las familias más vulnerables, sino también su apuesta por la sostenibilidad del parque residencial público y, con ello, el cuidado del medio ambiente”. “Es un proyecto piloto del que esperamos grandes resultados”, ha subrayado.

Los trabajos se han efectuado en las cuatro techumbres de estos bloques de la Agencia de Vivienda Social (AVS), ubicadas en la urbanización Ciudad Jardín del municipio al suroeste de la región, que suman en torno a 1.000 metros cuadrados, en los que posteriormente se ha colocado una cubierta vegetal con plantas autóctonas, adaptadas al clima mediterráneo, que crecerán conforme a un diseño establecido por un sistema modular de bandejas.

Estos nuevos revestimientos permiten la mejora de la huella de carbono y la calidad del aire, al tiempo que contribuyen a amortiguar las variaciones de temperatura, ya que favorecen la estabilidad térmica. La inversión del Gobierno regional para llevar a cabo estas obras ha sido superior a 250.000 euros.

La AVS, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, dispone de 50.869 inmuebles en toda la región. De ellos, más de 25.000 son viviendas (21.215 alquiladas con contrato), y desde junio de 2019 ha entregado más de 1.300 a familias vulnerables. Además, tiene 1.600 nuevos hogares en diferentes fases de edificación (125 en construcción y entrega, 1.110 en proceso de redacción de proyecto y 365 en licitación de la obra).

Otra línea de actuación del Ejecutivo autonómico para aumentar el parque residencial en alquiler social es la conversión de locales públicos en bajos adaptados a personas con movilidad reducida. El objetivo es acondicionar y adaptar un total de 100 a lo largo de este año y 2024, con una inversión de 8,4 millones de euros.

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El kiosko está situado en la Plaza de España, junto a la sede de Protección Civil (antiguo Ayuntamiento) y cuenta con dos pantallas situadas en sus laterales en la que consultar información tanto turística, como cualquier otra información de interés relativa a Arroyomolinos. Los contenidos se irán actualizando y ampliando con el fin de que se convierta en una completa guía de nuestra ciudad.

Y es que, si algo caracteriza a Arroyomolinos, son sus posibilidades infinitas para practicar deportes, así como su oferta cultural e histórica, todo ello en un entorno natural privilegiado -como es el Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama-, con el 50% de su superficie compuesta por espacios naturales protegidos, y ubicado a solo 23 kilómetros de Madrid.

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A lo largo del fin de semana casi 10.000 aficionados abarrotaron las gradas en un evento multitudinario que han seguido, además, millones de personas desde sus casas. Este Gran Premio ha permitido a Arroyomolinos mostrar al mundo todas sus cualidades y potencial turístico.

La alcaldesa del municipio, Ana Millán, ha destacado “el éxito tanto de asistencia como de organización” de este gran evento. “Una vez más hemos demostrado que cuando las administraciones públicas y las entidades privadas trabajamos de la mano somos capaces de alcanzar los mejores logros, como este Gran Premio de España”, ha señalado Millán quien ha recordado de la pasada edición de 2021 recibió el premio al Mejor Organizador por parte de la Federación Internacional de Motocross, además del reconocimiento a la labor de concienciación medio ambiental.

Por otro lado, la alcaldesa ha querido reconocer “el gran trabajo de nuestra Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil que han garantizado la seguridad del evento con un despliegue ejemplar”, al tiempo que ha agradecido “el esfuerzo y dedicación de todo el personal del Ayuntamiento de Arroyomolinos”.

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La alcaldesa Ana Millán acudió a la zona para poner todos los medios del Consistorio a disposición de los Cuerpos de Seguridad. Del mismo modo, desde el Ayuntamiento señalan que «todo hace indicar que este incbendio, con varios focos activos a lo largo de la Senda, ha sido provocado».

Según este comunicado, «distintos testigos han visto a una persona sospechosa merodeando por la zona, por lo que solicitamos la colaboración ciudadana para localizar al posible infractor». Del mismo modo, han señalado que «provocar incendios acarrea fuertes multas y/o penas de prisión para sus autores».

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