Un juez acepta las medidas cautelares solicitadas por la sala tras la orden municipal de precinto por exceso de aforo

El Teatro Barceló continuará abierto después de que la Justicia haya aceptado las medidas cautelares solicitadas por los promotores del local, dejando en suspenso el precinto decretado por el Ayuntamiento de Madrid. Así lo ha confirmado este miércoles el delegado de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad, Borja Carabante, quien recordó que el cierre administrativo se había fijado para el 20 de noviembre como consecuencia de dos infracciones calificadas como graves por comprometer la seguridad de los usuarios. Según explicó, la sala superó en dos ocasiones el aforo máximo permitido, establecido en 990 personas, motivo por el cual la Agencia de Actividades (ADA) había ordenado el cese de actividad durante un año.

Carabante detalló que la decisión municipal respondía a informes de la Policía Municipal, que constató el exceso de capacidad, un incumplimiento que el Ayuntamiento considera un riesgo directo en materia de evacuación y seguridad interior. No obstante, los responsables del Teatro Barceló recurrieron la resolución ante los tribunales y solicitaron medidas cautelarísimas para evitar el cierre mientras se analiza el fondo del caso. Estas medidas han sido finalmente estimadas, lo que deja sin efecto, por ahora, la orden de precinto. “El precinto queda suspendido como consecuencia de que, insisto, han sido estimadas las medidas cautelarísimas que ha presentado el promotor”, afirmó el delegado.

La situación ha generado un intenso debate entre el Consistorio y el sector del ocio nocturno. La Plataforma por el Ocio celebró la suspensión temporal del cierre y acusó a la Agencia de Actividades de actuar con “desgobierno” y “criterios erráticos”. La entidad considera que el marco actual presenta un “vacío legal” en la definición y actualización de los criterios de seguridad y aforo, especialmente en locales ubicados en edificios históricos o con estructuras complejas. Por ello, ha instado a Carabante a mantener una reunión urgente para revisar la normativa y homogeneizar los controles de afluencia.

Esta decisión judicial no supone el archivo del procedimiento, sino una paralización temporal hasta que el tribunal evalúe la legalidad del cierre acordado por el Ayuntamiento. Mientras tanto, el Teatro Barceló podrá continuar su actividad habitual. El caso reabre la discusión sobre los mecanismos de supervisión, la proporcionalidad de las sanciones y la necesidad de modernizar la regulación de aforos en los espacios de ocio de la capital.