El Partido Popular de Leganés ha presentado un recurso contra el ayuntamiento de la localidad por “haber cometido un fraude de ley al ceder parcelas municipales en Poza del Agua a la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSULE) con el objeto de que esta las revenda en el mercado libre para financiar la construcción de viviendas en alquiler, lo que incumple la obligación de reinvertir estos ingresos en la conservación y ampliación del Patrimonio Municipal del Suelo (PMS)”.

Según ha destacado el PP en una nota, “el recurso de reposición se basa en dos líneas argumentales básicas. En primer lugar, el incumplimiento de la Ley estatal, el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLARU), y de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, que establecen que los bienes y recursos que integran los patrimonios públicos de suelo deberán ser destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. Y en el supuesto que hablamos, a las parcelas no se les va a dar ese uso, se dedicarán a vivienda libre, por tanto, no se cumpliría el requisito”.

En segundo lugar, destacan, “según recalca la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el principio que rige la gestión del patrimonio municipal del suelo es el principio de subrogación real, que establece que los ingresos obtenidos mediante la enajenación de terrenos o sustitución del aprovechamiento correspondiente a la Administración por su equivalente metálico se destinará a la conservación y ampliación del PMS. Se trata, en definitiva, de garantizar la integridad patrimonial, y que no sufra merma”.

“El objetivo de una empresa pública es utilizar los suelos públicos para promocionar vivienda para la venta y alquiler con un precio más accesible para los vecinos; si se convierte en un instrumento para vender el patrimonio municipal de suelo al mejor postor, carece de sentido tener la empresa pública. Y todavía es más sospechoso que la venta no la haga directamente el ayuntamiento, con los correspondientes controles jurídicos por parte de los funcionarios, sino que se hace desde la empresa pública careciendo de control”, ha apostillado Miguel Ángel Recuenco, portavoz del PP de Leganés.