El anuncio de una vivienda en nuda propiedad mencionaba enfermedades de los usufructuarios como argumento para atraer inversores

La publicación de un anuncio inmobiliario sobre una vivienda en Leganés ha provocado una fuerte reacción en redes sociales y en el ámbito político después de que se utilizara el estado de salud de los propietarios como elemento de promoción. El inmueble se ofertaba bajo la fórmula de nuda propiedad, una operación legal mediante la cual el comprador adquiere la vivienda, aunque los actuales residentes mantienen el derecho de uso y disfrute hasta su fallecimiento. El piso estaba anunciado por 95.000 euros, una cifra muy inferior al valor estimado de mercado para inmuebles similares en la zona.

Captura de pantalla del anuncio retirado.

La controversia surgió por el contenido del anuncio, en el que se detallaban enfermedades como escoliosis, diabetes y la necesidad de someterse a diálisis por parte de los usufructuarios, un hombre de 56 años y una mujer de 59. El texto señalaba que estas circunstancias podrían “acelerar la disponibilidad futura del inmueble”, presentando esa posibilidad como un factor favorable para potenciales inversores. Además, la descripción indicaba que los propietarios no tenían descendencia, reforzando el enfoque comercial de la operación. Tras la difusión del anuncio y las críticas recibidas, la plataforma inmobiliaria retiró la publicación.

El caso ha abierto un debate sobre los límites éticos en el sector inmobiliario y el tratamiento de los datos personales sensibles en este tipo de operaciones. Desde la plataforma se recordó que la responsabilidad del contenido recae en el autor del anuncio, aunque la retirada fue inmediata debido a la repercusión generada. Expertos del sector consideran que, aunque la venta de nuda propiedad es una práctica legal y habitual entre personas mayores que buscan obtener liquidez sin abandonar su vivienda, la utilización de problemas de salud como argumento comercial no es una práctica aceptada ni frecuente.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, expresó públicamente su rechazo a la publicación y aseguró que el Gobierno ha solicitado explicaciones sobre los criterios aplicados para autorizar este tipo de anuncios. La ministra también insistió en la necesidad de reforzar la responsabilidad corporativa de las plataformas digitales y avanzar en regulaciones que permitan una mayor supervisión de contenidos relacionados con el mercado inmobiliario. Mientras tanto, el caso continúa generando debate sobre la ética comercial, la privacidad y la vulnerabilidad de las personas mayores en determinadas operaciones de inversión.