La Comunidad de Madrid aligerará la burocracia urbanística para facilitar la inversión en la región con la Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración, conocida como Ley Ómnibus, normativa que se encuentra en fase de tramitación parlamentaria. Así lo ha explicado la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, en su visita a la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA).

Martín ha destacado que la aprobación de esta norma “supone la reforma más ambiciosa de la Ley de Suelo desde su promulgación hace 20 años”. También ha señalado que, tras escuchar las peticiones del sector, “el Gobierno regional ha cumplido su compromiso de garantizar un marco legal favorable al emprendimiento y el desarrollo de proyectos e inversiones, con un efecto palanca sobre toda nuestra economía”.

Los cambios legislativos se centran en aquellos aspectos que permitirán dar una respuesta pública más rápida a muchas de las necesidades que presenta la actividad promotora. Por ejemplo, introduce un nuevo régimen regulatorio de las redes públicas para poder incluir en suelos dotacionales vacantes viviendas públicas en régimen de alquiler, sin necesidad de tener que realizar antes una variación del planeamiento.

Además, el Ejecutivo autonómico impulsará la colaboración público-privada entre ayuntamientos en entidades colaboradoras urbanísticas que puedan gestionar las licencias y el control de las declaraciones responsables, actuación que atajará la dilatación de los plazos que puedan darse por acumulación de solicitudes en los servicios locales.

Los consistorios de localidades con más de 15.000 habitantes también tendrán la posibilidad de, mediante un plan especial, aprobar correcciones de su planeamiento sin necesidad del visto bueno de la Comunidad de Madrid, lo que supondrá una reducción de entre cuatro y seis meses en los plazos de tramitación.