La Asociación Manos Solidarias en Zarzaquemada ha dirigido un escrito a los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Leganés para solicitar su participación en una reunión centrada en la problemática del acceso a la vivienda en el municipio.

El secretario de la entidad, Benito Carrascosa Aguado, expone en la comunicación que las dificultades para acceder a una vivienda digna a un precio asequible, tanto en régimen de compra como de alquiler, se han intensificado en los últimos años en España, especialmente en grandes capitales como Madrid y en ciudades de su entorno, entre ellas Leganés.

Según la asociación, esta situación afecta con especial dureza a las personas en situación de exclusión social atendidas por distintas ONG locales. La entidad señala que la combinación de precariedad económica y escasez de vivienda asequible está generando desigualdades y situaciones de vulnerabilidad que contrastan con el nivel de desarrollo del municipio.

Manos Solidarias en Zarzaquemada subraya además la existencia de recursos públicos municipales, como viviendas y locales, cuya gestión y actualización, a su juicio, debería revisarse para dar respuesta a necesidades habitacionales urgentes. La organización considera que la responsabilidad de una gestión eficaz recae en el conjunto de los grupos políticos municipales, con independencia de que ostenten o no responsabilidades de gobierno.

Ante este escenario, la asociación ha convocado a los portavoces municipales a una reunión que se celebrará el miércoles 29 de octubre a las 17:30 horas en su sede, con el objetivo de presentar una propuesta concreta para atender de forma rápida y efectiva a familias con necesidades de vivienda inminentes en Leganés.

La entidad confía en contar con la participación de los distintos grupos políticos para avanzar en un acuerdo que permita poner en marcha medidas sin dilación.

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El PSOE de Leganés ha anunciado que la concentración inicialmente convocada por el partido para exigir la reactivación de las 108 viviendas públicas en alquiler se transformará en una gran movilización ciudadana el próximo 30 de noviembre. Tras varios días de diálogo con asociaciones vecinales, sindicatos y plataformas sociales, los socialistas han decidido ceder el testigo a la sociedad civil, ampliando así el alcance de la convocatoria.

El objetivo de esta movilización es reclamar al Gobierno municipal de PP y ULEG que retome la construcción de las viviendas, un proyecto que, según el PSOE, estaba “totalmente preparado para iniciar su ejecución” cuando fue paralizado en agosto de 2025. Los socialistas acusan al Ejecutivo local de renunciar a la vivienda pública en favor de intereses privados, lo que, a su juicio, pone en riesgo el derecho de las familias trabajadoras a acceder a una vivienda digna.

El secretario general del PSOE de Leganés, Miguel Recuenco, explicó que “la vivienda pública no pertenece a un partido, pertenece a Leganés”, defendiendo la necesidad de que la ciudadanía lidere esta reivindicación. Añadió que “lo inmoral no es participar de lo público, lo inmoral es destruirlo”, y calificó la decisión del Gobierno local como una “renuncia a las necesidades reales de la gente”.

La movilización del 30 de noviembre pretende reunir a vecinos, colectivos y entidades de toda la ciudad bajo un mensaje común: Leganés necesita vivienda pública. Según el PSOE, las 108 viviendas representan el primer paso hacia la creación de un parque público de alquiler estable y asequible, orientado a responder a las necesidades sociales y no a la especulación inmobiliaria. Con esta acción, el partido busca impulsar una respuesta social sostenida que defienda los derechos básicos de la ciudadanía y el compromiso con lo público.

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El secretario general del PSOE de Leganés, Miguel Recuenco, ha ofrecido una rueda de prensa en la Casa del Pueblo para aclarar la polémica generada tras conocerse que fue adjudicatario de una vivienda pública de EMSULE. El dirigente socialista ha calificado las acusaciones de “difamación y manipulación política”, asegurando que todo el proceso se realizó con transparencia y conforme a la normativa vigente.

Recuenco ha explicado que el proceso de adjudicación de las 134 viviendas públicas en el barrio de Solagua se abrió en marzo de 2023, con bases aprobadas en julio de 2022, mucho antes de que él asumiera el liderazgo local del partido. “No hay ilegalidad, no hay trato de favor, no hay corrupción. Todo está documentado, firmado y avalado”, ha afirmado. Además, ha anunciado que sus abogados estudian posibles acciones legales contra quienes han difundido falsedades sobre su persona.

Durante su intervención, el líder socialista ha asegurado que la polémica responde a un “ataque político” por haber denunciado recientemente que el actual gobierno local, formado por Partido Popular y Unión por Leganés (ULEG), renunció a la construcción de 108 viviendas públicas en alquiler. “Desde ese momento comenzó la persecución”, ha dicho Recuenco, señalando que algunos tratan de “fabricar insinuaciones falsas” para desviar la atención del problema real: “el abandono de la vivienda pública en Leganés”.

Recuenco ha insistido en que él mismo hizo público su caso “con total normalidad y transparencia” en un vídeo de las Juventudes Socialistas, rechazando que haya habido ocultamiento o privilegios. “Quien acusa sin pruebas no hace política, difama”, ha subrayado. El dirigente concluyó pidiendo respeto por la verdad y afirmando que “el tiempo dirá qué modelo de gobierno tiene el alcalde: uno que respeta la verdad o uno que fabrica titulares”.

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La ‘okupación ilegal’ en Alcorcón ha vuelto al centro del debate público tras una agresión con arma blanca ocurrida el pasado martes en las inmediaciones de un local okupado en la calle Soria. Un hombre de mediana edad resultó herido durante una reyerta que, según fuentes policiales, se originó frente a una antigua sucursal bancaria actualmente ocupada por varios jóvenes. La víctima fue estabilizada por Protección Civil y trasladada al Hospital Universitario de Alcorcón, mientras la Policía Nacional detuvo a tres personas relacionadas con el altercado.

Este suceso ha impulsado al Partido Popular de Alcorcón a presentar en el próximo Pleno una propuesta de Pacto Local contra la okupación, con el objetivo de proteger la propiedad privada y reforzar la seguridad ciudadana. Entre las medidas destacan la prohibición de empadronamiento en inmuebles ocupados, la presencia policial permanente en zonas críticas como la calle Praga y el apoyo a vecinos afectados. Su portavoz, Roberto Marín Vergara, ha denunciado que “la okupación se ha convertido en una amenaza real para la convivencia”.

Desde el Ayuntamiento de Alcorcón, el equipo de gobierno ha rechazado la iniciativa, calificándola de “alarmista”. Fuentes municipales aseguran que no existe un problema estructural de okupación y que los datos de Delegación del Gobierno no reflejan un aumento preocupante. El concejal de Seguridad, David López, ha afirmado que “la inseguridad real de los vecinos está en el acceso a una vivienda digna, no en la okupación”, e insta al PP a centrarse en aplicar políticas de vivienda eficaces.

El debate político en torno a la okupación refleja una profunda división entre gobierno y oposición. Mientras el PP insiste en que la ocupación ilegal es una red organizada que genera miedo e inseguridad, el gobierno local sostiene que los conflictos son casos puntuales y que se actúa con eficacia.

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Este 5 de abril, el movimiento por la vivienda ha vuelto a tomar las calles en una treintena de ciudades españolas, siendo Madrid uno de los principales focos de la protesta. La manifestación, convocada por sindicatos de vivienda y organizaciones sociales, tiene como lema central la exigencia de que «la vivienda deje de ser un negocio», en referencia a la creciente especulación y encarecimiento del acceso a un hogar digno.

La marcha en Madrid comenzó a las 12 del mediodía desde Atocha y avanza hacia la Plaza de España. Asociaciones vecinales, colectivos sociales y sindicatos respaldan la movilización, que llega cinco meses después de las multitudinarias marchas de octubre de 2024. Según los portavoces, el objetivo es denunciar un modelo económico que, en sus palabras, “asfixia a las familias y enriquece a una minoría rentista” mediante precios inalcanzables de alquiler y compra.

Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, subrayó que el problema de la vivienda “no es un fallo del sistema, sino una consecuencia estructural del mismo”. En su intervención, defendió la necesidad de desobediencia colectiva ante leyes que, según afirma, protegen a los grandes propietarios. Racu llamó a la organización de huelgas de alquileres e hipotecas y afirmó que los afectados “no se irán de sus casas” pese a intentos de desalojo.

Las reivindicaciones del movimiento incluyen la reducción inmediata del 50% en los precios del alquiler, la instauración de contratos indefinidos, la recuperación de viviendas vacías y turísticas para uso social, la ampliación del parque público y la disolución de la Sareb. La protesta estatal marca un punto de inflexión en la lucha por el derecho a la vivienda y plantea posibles nuevas acciones como huelgas coordinadas en todo el país.

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La Federación de Asociaciones de Vecinos de Leganés (FLAV) ha solicitado formalmente al alcalde del municipio, Miguel Ángel Recuenco (PP), que su presidente, Fidel Gozalo, sea incorporado como miembro con voz, pero sin voto, en el Consejo de Administración de EMSULE, la Empresa Municipal del Suelo de Leganés. La petición surge en un contexto de preocupación por la situación de la vivienda y las controversias en torno a adjudicaciones ligadas al ‘caso Koldo’.

La FLAV argumenta que los estatutos de EMSULE avalan la incorporación de un representante vecinal, según recoge su artículo 14. Dicho precepto establece que la Junta General de Accionistas puede designar un miembro adicional, a propuesta de la federación vecinal, con derecho a voz en las deliberaciones. La federación recuerda que ya hubo un representante vecinal en la entidad durante la legislatura 2007-2011, por lo que la propuesta no es nueva, sino la recuperación de un precedente.

Según Fidel Gozalo, la finalidad de esta iniciativa es fiscalizar desde dentro la labor de EMSULE. Aunque el representante vecinal no tendría capacidad de voto, sí podría influir en el debate sobre políticas de vivienda, promoviendo medidas como la construcción de vivienda social, el aumento del parque de alquiler municipal y la rehabilitación de edificios residenciales. La FLAV considera que, dada la situación actual, es el momento idóneo para recuperar esta figura y garantizar la transparencia en la gestión pública.

La petición llega tras el anuncio del alcalde de que el Ayuntamiento podría personarse en el ‘caso Koldo’, debido a la adjudicación de 108 viviendas a la empresa Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), supuestamente vinculada a la trama. La federación vecinal insiste en que su participación en EMSULE permitiría supervisar este tipo de procesos y asegurar que se gestionen con criterios de interés público y justicia social.

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Según los residentes, los trasteros presentan humedades, plagas y deficiencias estructurales, lo que supone un riesgo para la salud y la seguridad. Además, denuncian la falta de transparencia en las acciones acometidas en el edificio y critican que, mientras ellos cumplen con sus obligaciones fiscales, la EMV no paga el IBI al Ayuntamiento.

Desde el partido Vecinos por Rivas Vaciamadrid, han exigido a la administración local una solución inmediata y mayor acceso a la información sobre la gestión de la EMV. «Es inadmisible que los vecinos tengan que vivir en estas condiciones mientras se presume de buena gestión», expresaron en un comunicado.

El problema ha generado un creciente malestar en la comunidad, que pide apoyo ciudadano para visibilizar la situación y presionar a las autoridades. Mientras tanto, esperan una respuesta oficial que garantice la seguridad y el bienestar de los afectados.

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En su comunicado, Hábitat24 critica la «tibia respuesta» de las administraciones ante esta crisis, destacando el agravamiento de las condiciones de acceso a la vivienda. La organización ya convocó una marcha similar el pasado 13 de octubre, donde más de 22.000 personas reclamaron medidas bajo lemas como “La vivienda es un derecho, no un negocio”.

Además de la manifestación, Hábitat24 ha programado una jornada de debate para el sábado 25 de enero sobre los retos de la vivienda. Según informaron, durante una rueda de prensa prevista para el miércoles 22 de enero en el Ateneo La Maliciosa, se darán más detalles sobre las próximas acciones de la plataforma.

Entre las entidades que conforman Hábitat24 se encuentran colectivos como PAH Usera, FRAVM, y Amnistía Internacional Madrid, así como sindicatos y asociaciones que trabajan por derechos sociales. La plataforma reafirma su compromiso en la lucha por una vivienda digna, señalando que continuará promoviendo iniciativas en defensa de este derecho fundamental.

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El Pleno del Ayuntamiento de Parla ha rechazado la propuesta impulsada por 11 municipios socialistas de la región para modificar la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Esta iniciativa tenía como objetivo permitir que las ciudades puedan declararse como zonas de mercado residencial tensionado, medida que facilitaría la regulación de los precios de alquiler y el acceso a la vivienda. La votación quedó bloqueada por la abstención de la concejal de Podemos-IU, Carla E. Valero, mientras que PP y Vox votaron en contra.

Esta misma proposición fue aprobada en Fuenlabrada y respaldada por municipios como Alcorcón, Getafe y San Fernando de Henares, entre otros. La intención de la propuesta era actuar sobre el mercado inmobiliario en favor de los ciudadanos, pero en Parla no alcanzó la mayoría absoluta requerida.

El PSOE de Parla criticó duramente la postura de Podemos-IU, calificándola como una «alianza con la derecha». Según el portavoz socialista, esta decisión «antepone intereses especulativos a las necesidades de la ciudadanía». Por su parte, Podemos-IU defendió su abstención, argumentando que la solución pasa por movilizar la vivienda vacía, ampliar el parque público y frenar la especulación inmobiliaria.

El portavoz del PP, Héctor Carracedo, calificó la iniciativa como un intento mediático para atacar al Gobierno regional. Según él, «la medida es inefectiva para el mercado de la vivienda y perjudicial para todas las partes».

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Este domingo, miles de personas salieron a las calles de Madrid para exigir una rebaja urgente en los precios del alquiler, en una manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas. La concentración comenzó a las 12:00 horas en la Glorieta de Carlos V y se extendió por varias calles de la capital. Según la Delegación del Gobierno, participaron unas 22.000 personas, mientras que los organizadores cifraron la asistencia en alrededor de 150.000.

El objetivo de la protesta fue presionar a los caseros, la patronal inmobiliaria y al Gobierno para que adopten medidas inmediatas ante el aumento de los alquileres. Valeria Rapu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, advirtió que “el tiempo se ha acabado” para quienes especulan con la vivienda, y que si no se actúa, muchos inquilinos dejarán de pagar, ya que “no hay suficientes policías ni jueces para desahuciar a todos”.

La manifestación contó con el apoyo de diversas organizaciones sociales, entre ellas CCOO, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Amnistía Internacional y Ecologistas en Acción. Además, una protesta paralela tuvo lugar en Barcelona, organizada por el Sindicat de Llogateres.

Figuras políticas también se hicieron presentes. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pidió una regulación del mercado inmobiliario para detener la especulación. Por su parte, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, instó a prohibir la compra de viviendas por parte de fondos de inversión. Desde el ámbito socialista, Javier Camino, secretario general de las Juventudes Socialistas, criticó duramente las políticas de vivienda del Partido Popular.

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