El partido de Santiago Abascal acusa al presidente del Gobierno de «prostituir las instituciones» en respuesta a una querella de la Abogacía General del Estado contra el juez Peinado

La coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro, ha declarado que su partido toma la iniciativa para proteger las instituciones del Estado de lo que considera una utilización indebida por parte del Gobierno. Según Castro, la querella presentada por Sánchez es «absolutamente instrumental» y tiene como objetivo «obstaculizar la investigación» en lugar de buscar justicia.

Castro también criticó a Sánchez por optar por no declarar como testigo en el caso de su esposa, amparándose en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que le permite no declarar contra su cónyuge. En la misma línea, acusó al presidente de utilizar la Abogacía del Estado para sus propios intereses y de emplear la querella como una estrategia procesal para poner obstáculos en la investigación. Sobre el ambiente en la declaración de Sánchez, Castro observó que el presidente estaba «nervioso» y trató de ocultar sus sentimientos, añadiendo que se impusieron restricciones como la requisación de móviles y ordenadores. En cuanto al juez Peinado, Castro destacó su «contundencia» y «tranquilidad», señalando que su actuación ha sido «muy pensada» y ajustada a las garantías procesales.

El partido Vox busca, con esta querella, confrontar lo que considera un abuso de poder y una manipulación de las instituciones por parte del Ejecutivo, en medio de una investigación que sigue en curso.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado una querella contra el juez Juan Carlos Peinado por prevaricación judicial. Esta acción se ha llevado a cabo el mismo día en que el juez Peinado ha tomado declaración a Sánchez en el Palacio de la Moncloa, en el marco de la investigación sobre presunto tráfico de influencias y prevaricación en los negocios que involucra a su mujer, Begoña Gómez.

La Abogacía del Estado, en representación del presidente, ha firmado y presentado el escrito de querella. En la comparecencia ante el juez Peinado, Sánchez se acogió a su derecho a no declarar y negó tener relación alguna con el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Gayache, o con el empresario Juan Carlos Barrabés.

El escrito de la querella critica duramente las resoluciones del juez Peinado, argumentando que la toma de declaración del presidente contraviene la normativa de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, despojando a Sánchez de las garantías legales que dicha ley establece desde 1882. La Abogacía del Estado también cuestiona la pertinencia de las preguntas realizadas durante el interrogatorio, señalando que cualquier pregunta relevante para la investigación estaría necesariamente relacionada con el cargo de Sánchez, lo que justificaría su naturaleza como testigo. La declaración de Sánchez ante Peinado, según fuentes presentes, se desarrolló con normalidad en una sala del Ministerio de la Presidencia en el Palacio de la Moncloa. Esta es la primera vez que un presidente del Gobierno presta declaración ante un juez en el marco de una causa contra su esposa.

A LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
La Abogada del Estado, en la representación que legalmente ostenta del Presidente
del Gobierno del Reino de España, comparece y, como mejor proceda en Derecho
DICE Que, por medio del presente escrito, debidamente autorizado de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 649/2023, de 18 de julio, por el que se
desarrolla la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e
Instituciones Públicas, en el ámbito de la Abogacía General del Estado, formula
QUERELLA, al amparo de los artículos 270 y siguientes de la LE Crim y artículos 405
de la LOPJ por la presunta comisión de UN DELITO DE PREVARICACION
JUDICIAL, tipificado en el artículo 446 del Código Penal aprobado por Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre (CP) contra D. JUAN CARLOS PEINADO GARCÍA,
Magistrado-Instructor del Juzgado número 41 de los de Madrid.

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha expresado la tranquilidad con la que Sánchez afrontó el interrogatorio, calificándolo como «innecesario» en relación con la investigación sobre su defendida.

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En una carta enviada al juez Juan Carlos Peinado, Sánchez ha expresado su «voluntad de colaborar con la Administración de Justicia» y ha solicitado la opción de responder por escrito, invocando el artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que le permite esta opción.

El juez Peinado había citado a Sánchez para el próximo martes en el Palacio de la Moncloa como testigo en la investigación que se sigue contra Gómez, quien enfrenta acusaciones de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Sin embargo, el presidente ha argumentado que su comparecencia personal es incompatible con sus funciones oficiales y ha solicitado declarar por escrito, una opción que, según su misiva, se ajusta a la legalidad y protege la dignidad institucional de su cargo.

Este lunes tuve conocimiento, a través de los medios de comunicación, de la providencia dictada por V.I. el pasado viernes 19 de julio, en virtud de la cual acordó practicar mi declaración testifical en el seno de unas diligencias previas que se tramitan en su Juzgado.
Es mi voluntad, como no puede ser de otro modo, colaborar con la Administración de Justicia, siempre en el marco del estricto cumplimiento de la Constitución Española y la Ley que a todos nos vinculan y que son la máxima garantía de nuestro Estado de Derecho.
Por ello, con el fin de garantizar el estricto cumplimiento del Ordenamiento Jurídico y dadas las cuestiones que son objeto del citado procedimiento, esa declaración debe producirse conforme a lo establecido en el art. 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevé que, por razón de mi cometido como Presidente del Gobierno, mi declaración se deberá prestar por escrito. Es notorio que mi comparecencia resulta inescindible de la condición de Presidente del Gobierno.
Por este motivo, he de trasladar que, como Presidente del Gobierno de España, tengo el deber y la responsabilidad de cumplir la Ley y de preservar el sentido propio de la institución a la que represento por elección del Congreso de los Diputados.

La citación de Sánchez se produjo de manera urgente, coincidiendo con la decisión de Gómez de no declarar como investigada el pasado 19 de julio. Peinado había previsto inicialmente una declaración de otro testigo para el 26 de agosto, pero consideró necesario adelantar la de Sánchez al 30 de julio, justo antes del inicio de las vacaciones judiciales de agosto.

Además, la citación del presidente fue realizada mediante una providencia sin motivación, lo que complica la posibilidad de presentar recursos contra la misma en tiempo y forma. Las fuentes jurídicas indican que, en estos casos, los testigos tienen el derecho de notificar su decisión de no comparecer ante el juez de guardia, lo que Sánchez ha hecho a través de la carta enviada desde los servicios jurídicos de Moncloa.

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El informe indica que, debido a la falta de colaboración de ciertos intervinientes y a la carencia de potestades obligatorias de la universidad, no ha sido posible determinar si hubo un daño patrimonial. Este documento ha sido elaborado a raíz de diversas informaciones aparecidas en prensa sobre la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva.

La asesoría jurídica de la UCM ha detallado varios contratos y gastos en el marco de la cátedra, incluyendo una factura de 24.200 euros de la empresa Making Science Group S.A. para el desarrollo de la Plataforma Transforma TSC, un contrato menor de 18.148 euros para consultoría y asistencia, y un procedimiento abierto de 60.500 euros para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto en PYMEs.

La UCM también intentó verificar si hubo una utilización privativa o apropiación del producto, contactando a Begoña Gómez el pasado 11 de junio para solicitarle documentación. A pesar de su respuesta inicial indicando que estaba reuniendo la información solicitada, la universidad no recibió la documentación requerida.

La falta de colaboración de ciertos intervinientes impide a la universidad determinar daños económicos

Asimismo, se menciona que la UCM planeó celebrar una comisión mixta de seguimiento de la cátedra el 4 de julio, un día antes de la comparecencia de Gómez en los juzgados, la cual fue pospuesta por motivos personales alegados por Gómez.

En sus pesquisas, la UCM solicitó información al Registro de la Propiedad Intelectual y a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Descubrieron que existían dos marcas registradas a nombre de Begoña Gómez: «TSC – TRANSFORMACION SOCIAL COMPETITIVA» y «TSC. TRANSFORMA PLATAFORMA DE MEDICIËN DE IMPACTO SICAL Y MEDIOAMBIENTAL www.TransformaTSC.org«. La universidad asegura que no tenía conocimiento de estas marcas hasta que fueron publicadas en medios de comunicación.

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Alcaldes del PSOE madrileño como Sara Hernández (Getafe), Candelaria Testa (Alcorcón), Javier Ayala (Fuenlabrada), Ramón Jurado (Parla) han expresado a través de su red social X su apoyo a Pedro Sánchez, así como los portavoces y líderes de la oposición socialistas en distintos municipios de Madrid. También ha recibido el apoyo de Juan Lobato, actual líder del PSOE madrileño y ex alcalde de Soto del Real.

Carta a la ciudadanía. pic.twitter.com/c2nFxTXQTK

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 24, 2024

Eres un buen Presidente del Gobierno de España 🇪🇸

No merece ni tu familia, ni tú este ataque personal, cobarde y mezquino.

No vale todo ni todo vale.

Nos tienes a tu lado a todos/as los socialistas madrileños.

Un abrazo muy fuerte, querido Presidente y Secretario General https://t.co/vDWU6Qn7TQ

— Juan Lobato (@juanlobato_es) April 24, 2024

En los últimos años, la crispación política se ha convertido en el arma de la derecha española para tratar de deslegitimar los resultados electorales. Todo mi apoyo a @sanchezcastejon frente a los ataques personales a su familia y a él mismo https://t.co/vmnhwWQ4oj

— Sara Hernández (@sara_heba) April 24, 2024

Apoyo incondicional a nuestro Presidente del Gobierno. La dignidad de las personas está por encima del fango con el que algunos pretenden tapar una gestión impecable. En lo personal, todo el cariño y un abrazo a Pedro y a su familia. https://t.co/GYV25l8vci

— Candelaria Testa (@CandeTesta) April 24, 2024

No vale todo. Ni en la vida ni en política. Los demócratas debemos reflexionar y decir basta al barro, al acoso y a la política rastrera de quienes no aceptan los resultados de las urnas

— Javier Ayala / ❤️ (@JavierAyalaO) April 24, 2024

Defender al Presidente @sanchezcastejon es defender la democracia.#YoConPedroSanchez #YoConBegoñaGomez https://t.co/C2YcF4MEY6

— Ramón Jurado (@Ramonjurado) April 24, 2024

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha revelado que actualmente el Gobierno está enfocado en la determinación de seguir adelante. Sin embargo, la carta de Pedro Sánchez después de la apertura de diligencias contra su esposa, Begoña Gómez, ha dejado en el aire tanto su futuro político como el del Gobierno.

Por otra parte, la vicesecretaria de Sanidad y Educación del Partido Popular, Ester Muñoz, ha acusado al presidente del Gobierno de deslegitimar el «derecho constitucional» del PP a ejercer la oposición y fiscalizar al Ejecutivo. Muñoz ha cuestionado que Sánchez impida a la oposición «pedir explicaciones» mientras hay investigaciones judiciales en curso contra su esposa, Begoña Gómez. Muñoz ha reiterado la posibilidad de citar a Sánchez y a su esposa a la comisión de investigación en el Senado por el ‘caso Koldo’. También ha reprochado a Sánchez que lleve «un mes y medio sin dar explicaciones» y que, en lugar de eso, «ponga el foco en su mujer» mientras él «se esconde». Además, Muñoz ha recordado que la denuncia que ha llevado a la apertura de diligencias contra la esposa de Sánchez no fue presentada por el PP, sino por Manos Limpias.

Además, un día después del anuncio del presidente, la organización Manos Limpias ha emitido un comunicado esta mañana del jueves 25 de abril, en el que reconoce que la denuncia que presentaron contra Begoña Gómez se basa únicamente en informaciones periodísticas, sin otros elementos periféricos que las respalden, como exige la jurisprudencia del Supremo. El comunicado, firmado por su secretario general, Miguel Bernad Remón, destaca que no ha habido ninguna falsificación en su actuación.

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