La bajada de las temperaturas y el aumento de la humedad en el noroeste peninsular han aportado un respiro este jueves a los equipos de extinción, que continúan trabajando contra los 18 incendios forestales graves aún activos en España. La situación mejora especialmente en Castilla y León, Galicia y Extremadura, comunidades que en las últimas dos semanas han soportado la mayor virulencia de las llamas.

Según los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, el fuego ha arrasado 403.171 hectáreas en lo que va de ola, de las cuales más de 82.000 se concentran en Galicia. En esta comunidad, la Aemet ha pronosticado lluvias débiles en el norte, lo que refuerza las expectativas de control. Entretanto, en Extremadura, los operativos confían en consolidar el perímetro del incendio de Jarilla (Cáceres) tras diez días de lucha, mientras que en la provincia de León (Castilla y León) la evolución de varios focos ha sido favorable, pese a que un nuevo incendio en Igüeña obligó a evacuar a un centenar de vecinos.

El balance de afectados sigue siendo grave. Desde el 12 de agosto, más de 33.000 personas han sido desalojadas y, desde junio, 40 individuos han sido detenidos como presuntos responsables de provocar incendios, con otras 119 personas bajo investigación, según el Ministerio del Interior. La Fiscalía de Medio Ambiente indaga además la posible relación de esta crisis con la ausencia o aplicación deficiente de planes de prevención por parte de algunas administraciones.

En paralelo, los equipos de extinción —UME, brigadas forestales, bomberos y medios aéreos— se concentran en los focos de mayor riesgo, aunque la mejora meteorológica ha permitido reducir la presencia militar a solo ocho frentes. En Galicia preocupa el incendio de Larouco-Quironga, que supera las 30.000 hectáreas, mientras en Asturias permanecen activos cuatro fuegos, entre ellos el de Degaña, vinculado al de León. Además de los daños ambientales, hay cuatro heridos muy graves, entre ellos un brigadista de 18 años ingresado en A Coruña.

Los expertos advierten de que el impacto de los humos tóxicos es un riesgo adicional para la salud, especialmente para personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares. La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) recomienda a la población vulnerable evitar la exposición y mantenerse lo más lejos posible de las zonas afectadas.

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Cinco personas han fallecido y cuatro han resultado heridas de gravedad tras una explosión en la mina de Cerredo, ubicada en el concejo asturiano de Degaña. Según informaciones preliminares de la Guardia Civil, el siniestro habría sido causado por una bolsa de grisú, un gas altamente inflamable presente en minas de hulla. La mina llevaba cerrada desde hace siete años y los operarios realizaban trabajos bajo un permiso de investigación, aunque aún no se había autorizado una explotación completa del mineral.

El accidente ocurrió sobre las 8:45 de la mañana del lunes. Sin embargo, la primera llamada de emergencia se realizó a las 9:32 horas, informando de una explosión provocada presuntamente por problemas en una máquina. La Brigada de Salvamento Minero de Hunosa se movilizó de inmediato y, tras intensas labores de rescate, encontró a seis trabajadores atrapados bajo tierra. Cuatro fueron hallados sin vida en un primer momento, un quinto fue rescatado herido de gravedad y, horas después, se localizó el cuerpo del sexto trabajador fallecido.

Entre los heridos, dos se encuentran en estado crítico. Un hombre de 39 años con graves quemaduras fue trasladado al hospital de El Bierzo, mientras que otro, de 47 años, fue evacuado en helicóptero al Complejo Asistencial Universitario de León. Otro trabajador, con traumatismo craneoencefálico, fue derivado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para evaluaciones médicas.

La Policía Judicial ha accedido al interior de la mina para esclarecer las causas del accidente. El Gobierno asturiano ha aclarado que los trabajos se realizaban con un permiso de investigación, pero se investiga si la empresa minera incumplió normativas de seguridad. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que «el peso de la ley caerá sobre los responsables» si se detectan irregularidades. Como muestra de respeto, el Principado de Asturias ha declarado dos días de luto oficial en la región.

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Estas jóvenes, alojadas en uno de lo albergues de surf que operan en la localidad alertaron a los allí presentes con sus gritos, ante la imposibilidad de volver a la orilla. Compañeros, monitores y transeúntes rescataron a las pequeñas y avisaron a los servicios de emergencias, que llegaron una vez ya estaban a salvo en la orilla.

En el momento de este suceso (a las ocho de la tarde), no había servicio de socorrismo, ya que en esta playa deja de operar a las 19:30 horas. Del mismo modo, según han destacado fuentes del servicio de socorrismo y se ha hecho eco El Comercio, «en el punto donde ocurrieron los hechos, existe una corriente submarina a poco metros de la orilla, como si de un río bajo el Cantábrico se tratase, con un alto poder de succión».

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