El exministro socialista José Luis Ábalos ha solicitado a la Mesa del Congreso de los Diputados que le devuelva sus derechos y deberes como diputado, mientras el Tribunal Supremo decide si mantiene su prisión preventiva. La petición se produce de cara a la vista judicial del próximo 15 de enero, en la que se resolverá el recurso de apelación que Ábalos presentó ante la Sala Segunda del Supremo.

En su recurso, el exdirigente argumenta que la medida de prisión provisional es injustificada por la ausencia de indicios delictivos, la falta de riesgo de fuga y la vulneración del derecho de representación política. Además, critica el uso de la prisión preventiva para fines ajenos a la función judicial, señalando que la suspensión le ha impedido ejercer su voto en la XV Legislatura y representa una pérdida de representación democrática para los ciudadanos de Valencia que le eligieron el 23 de julio de 2023.

Ábalos también advierte sobre las consecuencias económicas y administrativas de su suspensión. Según el escrito compartido en su cuenta de X, la decisión de la Mesa le ha supuesto la pérdida del derecho a la asignación económica, así como la imposibilidad de percibir ayudas e indemnizaciones derivadas de sus funciones, afectando sus cotizaciones a la Seguridad Social y mutualidades. Asimismo, recuerda que la suspensión altera el número total de diputados, reduciendo de 350 a 349.

El exministro reclama a la Mesa que reconsidere su decisión y restituya sus derechos al menos hasta la vista judicial, argumentando que su situación es “tan excepcional como injustificada”. La resolución del Supremo marcará si Ábalos recupera plenamente su capacidad de voto y funciones parlamentarias, manteniendo así la representación de sus electores y la integridad del trabajo legislativo en el Congreso.

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José Luis Ábalos ha presentado su primera solicitud de vis a vis íntimo desde su ingreso en la cárcel de Soto del Real, un trámite que deberá ser analizado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, encargada de autorizar o denegar la petición en el plazo de una semana. Según fuentes penitenciarias, el exministro ha incluido en su solicitud los datos necesarios para acreditar su relación con la persona con la que desea mantener el encuentro, tal y como exige la normativa. Aunque oficialmente no se ha confirmado la identidad, diversos indicios apuntan a Andrea, su expareja, con quien habría retomado el contacto en los últimos días.

El entorno de Ábalos y Koldo permanece bajo medidas de seguridad reforzada. En el módulo 13 se realizan cacheos diarios y revisiones con perros entrenados con el fin de evitar filtraciones de imágenes de los internos, especialmente tras episodios ocurridos en el pasado con otros reclusos mediáticos. En medio de esta rutina estricta, una de las novedades en la celda que comparten Ábalos y Koldo es la instalación de una televisión adquirida por el exministro en el economato, por un precio cercano a los 200 euros. La operación incluso generó anécdotas entre los funcionarios, después de que Ábalos tuviera dificultades con la instalación del aparato.

Fuentes penitenciarias señalan que el trato de Ábalos y Koldo con funcionarios y compañeros se mantiene correcto y sin incidentes, y que ambos han adaptado sus rutinas: mientras Koldo dedica buena parte del tiempo al deporte, Ábalos centra sus energías en comunicaciones con el exterior, además de mantener reuniones constantes con sus abogados para preparar su estrategia de defensa en el caso de las mascarillas.

El horizonte judicial se ha tensado tras conocerse que el magistrado Leopoldo Puente apuesta por mantenerles en prisión hasta la celebración del juicio. Esto implica que Ábalos, Koldo y Aldama deberán sentarse ante el Tribunal Supremo, mientras el exministro afronta además la pérdida de su sueldo como diputado, su principal fuente de ingresos. Esta decisión judicial prolonga la incertidumbre sobre su situación personal y procesal, mientras continúa su adaptación a la vida en prisión.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó este martes que no ve “ningún motivo” para que pueda ser imputado en relación con los casos de corrupción que han salpicado a antiguos cargos del PSOE, incluidos los exsecretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán. En una entrevista en el programa Cafè d’idees de RTVE, Sánchez respondió con un “¿pero por qué voy a serlo?” al ser preguntado sobre la posibilidad de dimitir si él mismo fuese investigado judicialmente, recordando que su responsabilidad ya se ha materializado al expulsar del partido a los implicados en el caso Koldo y al “colaborar con la justicia”.

El jefe del Ejecutivo insistió en que no entra a valorar hipótesis sobre una eventual imputación, pero sostuvo que la “certeza” es que el PSOE no se ha financiado irregularmente. También abordó las recientes declaraciones de Ábalos, cuyo hijo afirmó que Sánchez habría ordenado al exministro acudir a recibir a Delcy Rodríguez en Barajas. El presidente calificó estas acusaciones de “falsas” y aseguró que Ábalos era “un gran desconocido” para él en términos de comportamientos personales, pese a haber sido un colaborador de primera línea. Aunque lo acusó de mentir, descartó emprender acciones legales o querellarse.

Durante la conversación, Sánchez evitó definirse como víctima de lawfare, pero señaló que miembros de su familia están siendo investigados “en base a recortes de prensa y acusaciones impulsadas por sectores de la ultraderecha”, lo que considera una situación injusta. Sobre este punto, lamentó que los procedimientos se activen sin pruebas sustanciales más allá de informaciones mediáticas.

En el plano político, el presidente volvió a referirse a la relación con Junts, un partido clave para la estabilidad parlamentaria. Sánchez reconoció “incumplimientos” por ambas partes y aseguró que busca restablecer la confianza mediante nuevos gestos y medidas. Reiteró que el diálogo es esencial para garantizar la gobernabilidad y que el Ejecutivo seguirá trabajando para consolidar acuerdos en un contexto político altamente fragmentado.

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El exasesor ministerial Koldo García ha llegado a la Audiencia Nacional este viernes sobre las 8.45 horas a bordo de un furgón de la Guardia Civil, para comparecer ante el juez Ismael Moreno en relación con los contratos adjudicados por Canarias durante la pandemia. Su comparecencia se produce tras haber pasado su primera noche en prisión provisional, una medida acordada por el Tribunal Supremo al apreciar un riesgo “extremo” de fuga de cara al juicio por la presunta trama de mascarillas vinculada al Ministerio de Transportes. Koldo se encuentra ingresado en la cárcel madrileña de Soto del Real.

El ingreso en prisión se decidió después de que el magistrado del Supremo Leopoldo Puente, que también instruye el conocido ‘caso Koldo’, considerara que existían “consistentes indicios” y una elevada petición de penas por parte de las acusaciones. Tanto Koldo como el exministro José Luis Ábalos se enfrentan a posibles condenas de hasta 30 años de cárcel por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, malversación, cohecho y uso de información privilegiada. Puente recordó, además, que ambos están también investigados en una pieza separada sobre presuntos amaños de obra pública, de la que también podrían derivarse “graves responsabilidades penales”.

El juez de la Audiencia Nacional había citado a Koldo a declarar desde el pasado 7 de noviembre, después de recibir el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos adjudicados por el Gobierno de Canarias a la empresa Soluciones de Gestión, considerada epicentro de la presunta trama. Según ese informe, el actual ministro Ángel Víctor Torres, entonces presidente canario, habría reclamado pagos vinculados a la trama, amparándose en la “influencia” de Koldo, afirmando haber dado “el golpe preciso en la mesa” para desbloquear operaciones. La UCO también subrayó que Koldo ejercía un papel de control en la gestión de las mascarillas, llegando a preguntar por las cantidades que podían ser suministradas incluso antes de formalizarse las adjudicaciones.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el empresario Víctor de Aldama pagaba a Koldo una “nómina” mensual en efectivo de 10.000 euros desde 2019, destinada a asegurar su capacidad de influencia y el acceso al entonces ministro Ábalos. El fiscal Luis Pastor recordó que Aldama llegó a admitir que parte del dinero que entregaba a Koldo era repartido con el exministro. Según el Ministerio Público, estos pagos no respondían solo a favores concretos, sino a mantener una posición privilegiada para obtener beneficios económicos en contratos de emergencia durante la pandemia. La UCO destaca que Koldo incluso habría implicado a altos cargos, incluidos ministros, en la validación del material sanitario, pese a que desde la propia Administración canaria se dudaba de la calidad y del precio de algunos lotes.

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José Luis Ábalos y Koldo García pasaron su primera noche en la prisión de Soto del Real tras la decisión del juez del Tribunal Supremo de decretar prisión preventiva para ambos, al considerar que existe un riesgo extremo de fuga. Los dos llegaron al centro penitenciario alrededor de las seis de la tarde del jueves, trasladados en el mismo furgón de la Guardia Civil, en un operativo desarrollado con total normalidad y sin incidentes. Esta medida cautelar supone un giro significativo en la causa que ambos enfrentan, vinculada a presuntas irregularidades en contratos públicos.

Durante la tarde del jueves también se produjo la salida de Andrea de la Torre, expareja de Ábalos, quien abandonó la prisión pocos minutos después del ingreso del exsecretario de Organización del PSOE. De la Torre no realizó declaraciones a los medios que se encontraban a las puertas del recinto penitenciario, manteniendo absoluto silencio en un momento de máxima expectación mediática. Su salida coincidió con un fuerte despliegue informativo debido al impacto político y judicial del caso.

Según fuentes penitenciarias, ambos internos comenzaron su primer día en la cárcel con el procedimiento habitual: se despertaron a las 7:30 horas, participaron en el primer recuento matinal y desayunaron a las 8:00. A lo largo de hoy está prevista una primera entrevista con los educadores y trabajadores sociales, parte del protocolo para evaluar su situación personal, jurídica y penitenciaria. Estas entrevistas permitirán determinar rutinas, apoyo psicológico y necesidades específicas mientras permanezcan en prisión provisional.

En principio, Ábalos y García serán destinados al módulo 13, donde se encuentran los presos preventivos, el mismo en el que estuvo anteriormente Santos Cerdán. Está previsto que Ábalos reciba este viernes la visita de su abogado, mientras que García será trasladado a la Audiencia Nacional para prestar declaración por el caso mascarillas en Canarias, una pieza clave dentro de la investigación que continúa avanzando. La evolución judicial de ambos podría marcar un nuevo capítulo en una de las causas más mediáticas del momento.

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El Tribunal Supremo celebra este jueves una vista clave para determinar si el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García ingresan en prisión provisional, como solicitan las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular (PP). La sesión, dirigida por el magistrado Leopoldo Puente, busca valorar si existe riesgo de fuga de cara al juicio por las presuntas irregularidades en contratos públicos de compra de mascarillas durante la pandemia. La decisión final se conocerá una vez el tribunal analice los argumentos de las partes y revise las medidas cautelares actualmente vigentes.

El juez citó a Ábalos a las 10:00 horas, manteniendo esta hora sin modificaciones, mientras que la comparecencia de García, inicialmente prevista a las 11:00, fue pospuesta a las 12:30 para permitir que su defensa asista también a la declaración del empresario Víctor de Aldama, señalado como presunto intermediario en la trama, ante la Audiencia Nacional. Puente justificó que no era necesario que el abogado de García estuviera presente en la vista de Ábalos, por lo que solo ajustó la convocatoria del exasesor. Ambos siguen sometidos a las medidas cautelares decretadas previamente: retirada del pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial.

Las acusaciones populares sostienen que existen «indicios racionales de criminalidad» y que la gravedad de los delitos imputados justificaría el ingreso inmediato en prisión. Argumentan además que la elevada petición de pena podría favorecer el riesgo de fuga y dificultar el correcto desarrollo del proceso judicial. Estas peticiones se elevaron formalmente tras la presentación de los escritos de acusación por parte de la Fiscalía y las acusaciones civiles.

La Fiscalía Anticorrupción solicita para Ábalos una pena de 24 años de prisión y para García 19 años y medio, ambos acusados de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. Además, el Ministerio Público reclama multas económicas que rondan los 3,9 millones de euros. Las acusaciones populares, por su parte, elevan su petición hasta los 30 años de cárcel para cada uno, añadiendo los delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial. La resolución del Supremo marcará un punto decisivo en el avance del caso y en las condiciones en que los acusados afrontarán el juicio.

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José Luis Ábalos, exministro y exsecretario de Organización del PSOE, ha designado al exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista como su nuevo abogado, después de haber renunciado a su letrado habitual y haber solicitado inicialmente un abogado de oficio. La decisión se concretó esta semana, pese a que la elección de Bautista genera controversia debido a episodios de su trayectoria en la Fiscalía.

Carlos Bautista ejerció como fiscal entre 2006 y 2024, interviniendo en casos de gran repercusión como el ‘Faisán’ o los atentados del 11-M. Durante su etapa en la carrera fiscal, se descubrió que había utilizado un perfil falso en redes sociales, @cespiralidoso, para criticar y denigrar a varios superiores del Ministerio Público, jueces, miembros de la Guardia Civil y políticos, incluido el entonces presidente Mariano Rajoy. Este comportamiento fue objeto de expediente interno y los mensajes fueron posteriormente borrados.

Además, Bautista ha sido vinculado en informes policiales con investigaciones en Bélgica relacionadas con el espionaje al prófugo Carles Puigdemont, aunque los jueces españoles no dieron crédito a estas informaciones y la Asociación de Fiscales defendió su actuación. Bautista es descrito como de perfil conservador, cercano al PP y con experiencia en derecho penal económico e internacional, extradiciones y órdenes europeas de detención.

Los honorarios del abogado son considerados elevados, lo que ha generado preguntas sobre la capacidad financiera de Ábalos, quien ha declarado públicamente sus dificultades económicas. No obstante, varios despachos han mostrado interés en su caso, lo que podría otorgarle beneficios estratégicos en términos de promoción profesional y visibilidad mediática en su defensa legal.

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El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha comunicado la renuncia de su abogado José Aníbal Álvarez apenas dos días antes de su declaración como investigado ante el Tribunal Supremo, en el marco de la causa por presuntas comisiones ilegales en adjudicaciones públicas. La decisión podría tener como efecto un aplazamiento de su comparecencia, prevista para este miércoles, a fin de que su nuevo letrado pueda estudiar la causa.

En un escrito remitido al alto tribunal, el abogado saliente alude a “diferencias irreconducibles” que han deteriorado la relación profesional con su cliente, haciendo inviable su continuidad. Esta es la primera vez que Ábalos cambia de defensa legal, a diferencia de su exasesor Koldo García, implicado en el mismo caso, quien ya ha pasado por tres abogados distintos. La defensa de Ábalos había mantenido hasta ahora una estrategia de colaboración, respondiendo tanto al juez como a su propia representación.

El cambio se produce una semana después de que la UCO de la Guardia Civil entregara al instructor del caso un informe sobre el patrimonio de Ábalos y otros investigados, señalando posibles ingresos irregulares y opacos. Este informe ha elevado la presión judicial y abre la posibilidad de que la Fiscalía solicite prisión preventiva, aunque fuentes jurídicas indican que el Ministerio Público esperará a las declaraciones para tomar una decisión.

De momento, el exministro continúa con medidas cautelares como la prohibición de salir del país, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente ante el juez. Desde el ámbito político, la vicesecretaria del PP, Alma Ezcurra, calificó la maniobra de Ábalos como “lamentable”, aunque reconoció que «está en su derecho» de solicitar un aplazamiento. La próxima decisión del Supremo marcará un nuevo capítulo en una causa que podría derivar en consecuencias penales graves para varios de los investigados.

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha comunicado al Tribunal Supremo que durante el registro efectuado en la vivienda de José Luis Ábalos en Valencia, una mujer identificada como Anaís, amiga del exministro, intentó ocultar y retirar un disco duro externo con supuesta información sensible. El dispositivo, escondido en su pantalón, fue interceptado por los agentes cuando la mujer alegó que iba a sacar al perro.

Según ha adelantado el diario La Razón, el contenido del disco incluiría conversaciones entre Ábalos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como con otros dirigentes socialistas. Esta información ha sido incorporada a la investigación en curso, que gira en torno a presuntas comisiones ilegales por adjudicaciones de obras públicas, una causa en la que también está implicado el exasesor Koldo García.

Los hechos se detallan en el acta de entrada y registro, entregada al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, quien instruye la causa. Durante la operación, los agentes se incautaron de 34 evidencias digitales en la vivienda principal y otras 4 en un local anexo, todos pertenecientes al entorno del exministro. El hallazgo del disco duro se considera relevante para la línea de investigación por corrupción y tráfico de influencias.

Hasta el momento, Anaís no ha querido hacer declaraciones a los medios y el exministro Ábalos no ha respondido públicamente sobre el contenido del dispositivo. La revelación de mensajes directos con miembros del Ejecutivo podría tensar aún más el clima político, en un contexto ya marcado por la investigación sobre la trama de comisiones que afecta a altos cargos del anterior gobierno socialista.

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