La situación se repite ahora. Durante el último Pleno, el portavoz de ULEG y concejal de Obras, Carlos Delgado, reveló que una nueva sentencia condenatoria obliga al Ayuntamiento a pagar más de 2 millones de euros tras una denuncia de una empresa.

Delgado recordó que este «expediente de responsabilidad patrimonial», que atribuyó a la gestión del PSOE en los últimos ocho años, resultará en un desembolso de «dos millones de euros». Criticó que, al final, sean los ciudadanos quienes paguen las decisiones políticas tomadas en el Pleno. El alcalde, Miguel Ángel Recuenco, confirmó la información y lamentó la sorpresa de la millonaria sentencia.

Instalación de estación de servicio sin licencia

La sentencia está relacionada con la instalación de una estación de servicio para la cual se solicitó licencia, pero que fue denegada por el Ayuntamiento. La empresa llevó el caso a los tribunales argumentando «lucro cesante», ya que la negativa les impedía ejercer su actividad económica. Aunque la licencia fue denegada debido a la normativa local, que prohíbe instalar estaciones de servicio cerca de centros educativos o viviendas, la Justicia falló a favor de la empresa.

El Ayuntamiento se ve ahora obligado a ajustar su presupuesto debido a esta cuantiosa multa. Recuenco admitió que estas sentencias complican la elaboración presupuestaria y han ralentizado las negociaciones con la oposición.

El gobierno local, en minoría, necesita el apoyo de alguno de los grupos (Podemos, Más Madrid, Vox o PSOE) para poder aprobar las cuentas municipales. La portavoz de Vox, Beatriz Tejero, negó que PP o ULEG se hayan sentado a negociar con su grupo, y tampoco se han entablado conversaciones con el PSOE hasta el momento.