La Comunidad de Madrid ha adoptado 205 propuestas de particulares y empresas para reducir las trabas regulatorias y burocráticas que entorpecen la puesta en marcha y desarrollo de negocios y favorecer así la actividad económica. De todas ellas, el 75% ya están ejecutadas y el resto en proceso de tramitación. Además, más de un tercio (el 35%) ha requerido modificar una norma con rango de ley.

Así lo ha destacado el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, durante la presentación del Informe anual de Lucha contra la Hiperregulación, coincidiendo con el segundo aniversario del inicio de la Línea Abierta, a la que se puede acceder a través de la web de la Comunidad de Madrid.

En esa ventana, los interesados pueden describir las barreras que encuentran en aquella normativa sobre la que se rige su actividad y cómo afecta a la hora de poner en marcha sus proyectos. Además, pueden aportar opciones de mejora para estudiar su viabilidad y analizar, en coordinación con las distintas consejerías de la Comunidad de Madrid, de qué manera modificar o suprimir toda aquella regulación que haya podido quedar obsoleta.

Del total de las medidas del informe, el 21% están vinculadas a la Consejería de Medio Ambiente; 17% a Sanidad; 15% a Economía, Hacienda y Empleo, y el 11% a Políticas Sociales. Además, el 78% ha supuesto una mejora regulatoria y el resto se ha traducido en una simplificación burocrática.

Fernández-Lasquetty ha destacado la importancia de la aprobación de la Ley Ómnibus en diciembre del año pasado, con la que se quiere dotar de mayor dinamismo a la actividad económica, adaptar la legislación y modernizar la Administración. A ello se une la Aceleradora de Inversiones, para agilizar los proyectos de especial interés para la región.

En el área medioambiental de la normativa, destacan iniciativas como la sustitución por declaración responsable de la autorización para ocupar terrenos de vías pecuarias de forma temporal para la práctica de actividades recreativas o deportivas; declaraciones responsables en las labores de poda en terreno privado; adaptación de la normativa en materia de residuos y suelos contaminados a la legislación estatal básica, y sustitución de la normativa obsoleta relativa a la gestión de pilas y acumuladores.

Otras medidas han sido la supresión de la necesidad de informe o supervisión de proyectos por la Administración autonómica, para los contratos de obras municipales incluidos en el programa regional de inversiones y servicios; o que agentes de otras regiones puedan desarrollar su actividad en la Comunidad sin requisitos adicionales (Ley de Mercado Abierto).

También ha visto luz verde la flexibilización del régimen de las cooperativas de trabajo; la reducción de cargas administrativas para la obtención de las hojas de reclamaciones; la supresión de los trámites administrativos innecesarios en la realización de actividades artesanas; la libertad de elección de Oficina de Empleo; la nueva oficina virtual para el contribuyente; la ampliación de horario de terrazas, o la reducción de los plazos de tramitación y resolución del procedimiento de Renta Mínima de Inserción, entre otras.