La jueza de Instrucción número 20 de Madrid ha propuesto llevar a juicio a dos altos cargos del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid por su implicación en un presunto delito de prevaricación relacionado con el derribo ilegal de una vivienda en la Cañada Real en julio de 2022. Los investigados son el jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento, Julio César S. G., y el excomisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real, Markel G. P.

La jueza ve indicios de prevaricación en la demolición de una vivienda en julio de 2022 y destaca contradicciones en las declaraciones de los investigados

Según consta en un auto, la jueza considera que hay suficientes indicios para continuar las diligencias y determinar si los hechos imputados son constitutivos de un delito de prevaricación. La magistrada ha trasladado a ambos altos cargos para que formulen en la fase intermedia del procedimiento su escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

Este caso se originó en octubre cuando el jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid reconoció ante el juez que había proporcionado información errónea, lo que llevó a la demolición de la vivienda sin consultas adicionales. Según el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), este derribo forma parte de una “campaña orquestada por las Administraciones públicas de acoso y derribo a los vecinos y residentes históricos de la Cañada Real,” incluyendo el corte de luz en los sectores V y VI, con el objetivo de expulsar a los residentes en beneficio de desarrollos urbanísticos del sureste.

En el auto, la jueza destacó que “las incongruencias y contradicciones entre lo declarado y lo contrastado en la documentación obrante son más que evidentes y hacen patentes unos indicios de criminalidad que justifican plenamente esta resolución.”