Privacidad no se negocia. La hija del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado este lunes como testigo-perjudicada en el marco de la investigación judicial contra Luis Alvise Pérez, líder del partido Se Acabó la Fiesta. El motivo es la difusión de una imagen suya en el canal de Telegram de Pérez, que la Fiscalía considera un posible delito de revelación de secretos.

La comparecencia se realizó por videoconferencia ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla, encargado del caso. Esta causa se inició tras la publicación de una imagen extraída, según la denuncia, de una cuenta privada de Instagram, acompañada de información personal y comentarios críticos hacia el presidente y su familia. La imagen fue modificada posteriormente, pero inicialmente mostraba el rostro de la joven.

La Fiscalía argumenta que los hechos podrían vulnerar el artículo 197 del Código Penal, al revelar datos personales de una persona no pública, vinculados además a su filiación y entorno educativo. Aunque en primera instancia se archivó el caso, la Audiencia de Sevilla ordenó reabrir la instrucción en septiembre de 2024.

Este caso plantea un debate crucial: hasta dónde puede llegar el escrutinio público sobre las familias de los dirigentes políticos. Para muchos, como indica la frase clave, privacidad no se negocia, ni siquiera en entornos digitales donde la viralidad puede convertir en públicas imágenes obtenidas sin permiso.