Dos bomberos de Leganés, Charles Rodríguez Dosantos y Rubén Agudo Cañadas, se encuentran en una situación desesperada tras quedar excluidos del traspaso de la plantilla a la Comunidad de Madrid hace más de tres años. Esta situación los ha dejado en un “limbo laboral” sin solución a la vista.

Charles Rodríguez, con 26 años de experiencia como bombero, vive con 700 euros al mes en una excedencia forzosa, después de vender dos casas para subsistir.

El miércoles pasado, decidió iniciar una huelga de hambre frente al Ayuntamiento de Leganés, siendo seguido por su compañero Rubén Agudo, quienes enfrentan una situación similar.

El traspaso de los bomberos de Leganés a la Comunidad de Madrid, oficializado en octubre de 2020, dejó a ambos en una situación crítica. Charles relata que, al regresar tras atender asuntos personales, encontró que ya no había cuerpo de extinción de incendios.

Rubén Agudo, quien estaba de baja permanente revisable durante el traspaso, se encontró sin plaza al intentar regresar a trabajar, siendo instado por la Seguridad Social a hacerlo. Sin opciones laborales en el Ayuntamiento ni en la Comunidad de Madrid, se vio obligado a asumir labores administrativas para recibir algún ingreso.

El Ayuntamiento de Leganés les ofreció roles administrativos o de conductor de furgoneta, pero ambos se mantienen firmes en su demanda de poder ejercer como bomberos, profesión que han desempeñado durante más de 20 años.

“No nos detendremos hasta obtener las soluciones que merecemos. Después de más de 20 años de servicio como bomberos de Leganés, hemos sido víctimas de irregularidades administrativas ocasionadas por el @psoedeleganes que nos han dejado sin nuestras plazas. Exigimos justicia y una resolución inmediata por parte del @aytoleganes y la @comunidadmadrid”

Ambos bomberos iniciaron una huelga de hambre indefinida, cumpliendo hoy una semana de protestas. Decididos a continuar hasta que se resuelva su situación, reciben apoyo de vecinos y compañeros, mientras exigen volver a ejercer como bomberos, rechazando roles administrativos. Su caso se encuentra en manos del TSJM, mientras esperan una solución que les permita retomar su labor como servidores públicos.