El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, defiende la medida frente a la negativa de los fiscales encargados de la causa

La Junta de Fiscales de Sala ha respaldado, aunque con una notable división interna, la aplicación de la Ley de Amnistía al delito de malversación en el marco del “procés”. Esta medida ha sido defendida por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien se ha enfrentado a los fiscales a cargo de la causa, que se habían negado a informar a favor de que la amnistía cubra el desvío de fondos por el que fue condenado Oriol Junqueras y ha sido procesado Carles Puigdemont.

La Junta de Fiscales, compuesta por 38 miembros, cuenta con una mayoría de fiscales pertenecientes a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), incluyendo al propio García Ortiz, con 17 miembros frente a los nueve de la Asociación de Fiscales y once no asociados. En la reunión de hoy, participaron presencialmente 34 fiscales, dos lo hicieron de forma telemática y otros dos excusaron su asistencia por razones médicas.

Choque con los cuatro fiscales del “procés”

La intervención de los fiscales de Sala se produjo después de que los cuatro fiscales del “procés” se negaran a acatar la orden de García Ortiz de apoyar la aplicación de la amnistía a los condenados y procesados por malversación. Esta negativa mantendría a Junqueras inhabilitado hasta 2031 y dejaría en vigor la orden nacional de detención de Puigdemont y de los también fugados Toni Comín y Lluís Puig.

Fuentes de la Junta expresaron su sorpresa por la influencia decisiva del voto de la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado, cuya presencia en la reunión ha sido calificada de “anomalía” debido a que el Tribunal Supremo ha anulado dos veces su nombramiento en distintos cargos, aunque sigue ostentando el cargo de fiscal de Sala, lo que le da derecho a participar en la Junta.

Discrepancias sobre la interpretación de la Ley de Amnistía

Los fiscales encargados de la causa argumentan que la apropiación de fondos para financiar el proceso soberanista es equiparable a un enriquecimiento ilícito, ya que los fondos se destinaron a fines ajenos a los legalmente establecidos, un supuesto que la Ley de Amnistía excluye explícitamente. Además, sostienen que no pueden beneficiarse de la medida de gracia porque el desvío de dinero público atentó contra los intereses financieros de la Unión Europea.

El fiscal general, sin embargo, discrepa de este posicionamiento y ha reprochado a los fiscales del Supremo sus valoraciones “extrajurídicas” sobre la Ley de Amnistía, que en sus informes califican de “arbitraria”. García Ortiz defiende que el perjuicio patrimonial implicado en la malversación no se equipara con “el enriquecimiento personal de carácter patrimonial” que la normativa impide amnistiar y argumenta que el desvío de fondos no afectó directamente a los intereses financieros de la Unión.

Precedentes de discrepancias en la Junta de Fiscales de Sala

No es la primera vez que la Junta de Fiscales de Sala se reúne para resolver una discrepancia entre el fiscal general y otros representantes del Ministerio Público. En abril pasado, la cúpula fiscal se reunió para abordar la postura de la Fiscalía respecto a la querella del empresario Alberto González Amador contra dos fiscales de Madrid por revelación de secretos. En esa ocasión, la Junta también avaló la postura de García Ortiz pese a la división interna. La Fiscalía finalmente se opuso a la admisión a trámite de la denuncia, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desoyó ese criterio y acordó tramitar la querella, manteniendo al fiscal general a un paso de ser investigado en el Tribunal Supremo.