El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid revisó ayer el informe de la nueva Ley de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida, que permitirá la conversión de espacios de oficinas en pisos de alquiler asequible. Esta iniciativa tiene como meta primordial ampliar el parque de viviendas en la región para mejorar el acceso a la vivienda para los residentes madrileños.

Según estimaciones del Gobierno regional, la aplicación de esta Ley posibilitará la liberación de aproximadamente 1,8 millones de metros cuadrados de oficinas, los cuales podrán ser transformados en unos 20.000 nuevos pisos distribuidos en diversos municipios de la Comunidad.

El informe ha sido elaborado por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, y se prevé que la Ley sea aprobada en las próximas semanas para su entrada en vigor inmediata después de su tramitación en la Asamblea de Madrid.

La normativa de la Comunidad de Madrid establecerá una medida especial y temporal que autoriza el cambio de uso de suelo de oficinas a residencial, sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico. Este proceso podrá realizarse mediante licencia, con un plazo de dos años para su solicitud desde la entrada en vigor de la Ley y un máximo de tres años para la ejecución de las obras. La medida podrá aplicarse tanto en terrenos vacantes como en edificios existentes, siempre que cuenten con la infraestructura adecuada.

Esta iniciativa tiene como objetivo agilizar el acceso a la vivienda mediante la simplificación de trámites, la reducción de cargas administrativas y la implementación de mejoras organizativas para impulsar esta actividad económica

Además, contempla la exención de planes especiales para la implantación de vivienda protegida en áreas supramunicipales calificadas como equipamientos. Como parte de estas medidas, se establece un nuevo estándar sobre reservas de aparcamiento para la vivienda protegida, fijando una plaza por vivienda, aunque se deja la autonomía a los ayuntamientos para decidir no aplicar el régimen previsto en sus municipios o establecer condiciones adicionales según sus necesidades y preferencias.