La medida forma parte del paquete aprobado por el Gobierno para frenar la guerra en Gaza y ha provocado una escalada de tensiones con Israel

El Gobierno español ha aprobado la prohibición de entrada a España de los ministros israelíes Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, ambos representantes de la ultraderecha. La decisión se enmarca en el conjunto de medidas adoptadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para presionar a Israel y frenar lo que califica como un “genocidio en Gaza”. El anuncio fue realizado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tras el Consejo de Ministros celebrado este martes.

La respuesta de España llega después de que el Gobierno de Benjamin Netanyahu decidiera vetar la entrada en Israel a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y a la ministra de Juventud, Sira Rego, como reacción a las medidas anunciadas previamente por Sánchez, entre ellas un embargo de armas y restricciones en el espacio aéreo y marítimo para cualquier envío de material militar. Esta escalada diplomática se suma a la decisión de Madrid de llamar a consultas a la embajadora española en Tel Aviv, Ana María Salomon.

Durante su comparecencia, Albares defendió que las medidas buscan reflejar tanto el “compromiso con la paz” como el sentir mayoritario de la sociedad española, contraria a la guerra y a la violencia contra la población civil. Al mismo tiempo, destacó que las acciones responden a una postura humanitaria frente a la situación en Gaza, donde se denuncia que miles de mujeres, niñas y niños sufren las consecuencias del conflicto armado.

Por su parte, la embajadora en funciones de Israel en España, Dana Erlich, expresó su preocupación por lo que considera ataques políticos continuados hacia su país y criticó que el foco recaiga únicamente en la responsabilidad de Israel y no en la de Hamás. En el ámbito parlamentario español, los grupos de izquierda han pedido endurecer las medidas y romper relaciones con Israel, mientras que Vox acusó al Gobierno de usar la crisis como una cortina de humo y el PP lamentó que España se aleje del consenso europeo en esta materia.