El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido no paralizar las obras que la Comunidad de Madrid está llevando a cabo en el centro de menores de La Cantueña, desestimando así la solicitud del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Se centra en rechazar la medida cautelar solicitada sin entrar en detalles sobre los costos procesales de este proceso.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada había solicitado la suspensión de las obras, que se llevan a cabo por la empresa Construcciones Ruesma S.A. para acondicionar el edificio La Cantueña como centro de primera acogida. Los magistrados del TSJM argumentan que, dada la creciente llegada de menores no acompañados a España, es necesario adaptar las instalaciones existentes para brindarles la atención adecuada.
La sala del TSJM resalta que las administraciones autonómicas tienen la responsabilidad de actuar ante esta situación. Además, sostiene que convertir un edificio vacío en un centro de acogida debería ser prioritario frente a las preocupaciones urbanísticas que plantea el Ayuntamiento.
El TSJM afirma que, si se llegara a aceptar el recurso del Ayuntamiento, la reversión del edificio no implicaría demoler lo que ya se ha construido, ni alteraría de forma irreversible la propiedad. Esto deja de lado las preocupaciones que el Consistorio había expresado sobre posibles daños irreparables.
Por su parte, el Ayuntamiento argumenta que continuar con el contrato generaría complicaciones, tanto para el municipio como en relación a los acuerdos establecidos en el convenio de cesión. La paralización de las obras, según ellos, podría prevenir graves problemas en el futuro.
La controversia no es nueva. A principios de junio, el Ayuntamiento había ordenado la paralización de las obras en La Cantueña, pero una decisión judicial del 21 de junio permitió que las obras siguieran, citando la “presión migratoria” como razón. Ya en septiembre, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, confirmó la llegada de los primeros menores migrantes al centro, asegurando que estaba funcionando “con total normalidad”.
El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, ha manifestado su preocupación por la ubicación del centro, que se encuentra alejado de zonas residenciales, institutos y parques, lo que ha generado críticas sobre su idoneidad. De hecho, ha llevado su inquietud a la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia.
Además, el Ayuntamiento ha recordado que el contrato para las obras en La Cantueña, adjudicado de manera urgente, sigue bajo investigación por el TSJM. En un comunicado, han señalado que la decisión del tribunal de rechazar las medidas cautelares no es sorpresa, dado que las obras ya habían finalizado semanas atrás. Aseguran que el gobierno regional ha actuado unilateralmente, sin consultar adecuadamente al Ayuntamiento de Fuenlabrada.
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