El gobierno de Móstoles, liderado por PP y Vox, ha decidido privatizar la casa de emergencia para mujeres víctimas de violencia machista, una medida que ha generado indignación entre colectivos feministas y políticos de la oposición. Este recurso, considerado clave para la protección de mujeres en situación de vulnerabilidad, quedará ahora en manos de empresas privadas, lo que genera dudas sobre la calidad y accesibilidad del servicio.

Desde Podemos Móstoles han señalado que esta medida forma parte de una política que prioriza los intereses económicos por encima de la seguridad y derechos de las mujeres. Según declaraciones de su portavoz: “Convertir un recurso vital en un negocio es pisotear los derechos de las mujeres y abandonar su protección a la lógica del mercado”.

Además, esta decisión se suma a otras acciones controvertidas, como trasladar el minuto de silencio por las víctimas a un espacio oculto, lo que ha sido calificado como un intento de invisibilizar el problema de la violencia de género. La portavoz de Podemos Móstoles ha enfatizado que estos actos demuestran una hipocresía peligrosa, donde el feminismo se utiliza como propaganda pero no se refleja en compromisos reales.

La privatización de servicios públicos como este, según los críticos, puede derivar en una degradación de la atención, afectando directamente a quienes más necesitan apoyo. Organizaciones y partidos de la oposición han pedido al gobierno local que revierta esta medida y refuerce los recursos públicos para la protección de las víctimas.