Entre marzo y abril, casi 10.000 ancianos residentes en Madrid perdieron la vida, siendo la región europea con más exceso de muertes durante la pandemia según el Comité de las Regiones. De estos fallecimientos, 7.291 ocurrieron en residencias y no fueron trasladados a hospitales debido a estrictos protocolos, generando críticas y denuncias.
La Asamblea de Madrid abrió y cerró una comisión de investigación sobre el caso, mientras la Fiscalía ha archivado la mayoría de las denuncias de familiares. Sin embargo, la administración regional liderada por Isabel Díaz Ayuso está reclamando el pago de las mensualidades de los meses en que fallecieron estos ancianos, a pesar de las condiciones de falta de asistencia y personal reducido denunciadas por familiares y trabajadores.
Desde 2021, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales ha requerido el pago a 390 familias, sumando cerca de 400.000 euros en deudas reclamadas. La situación ha llevado a enfrentamientos legales y emocionales entre familiares: algunos han pagado por temor a represalias legales, mientras otros se resisten, considerando injusta la exigencia de pago.
María, cuyo padre falleció en marzo de 2020 en una residencia, se niega a pagar, comparando la situación con que “el asesino de su padre le reclame el dinero de la bala”. En contraste, Elena, pese a la indignación por no haber podido despedirse de su madre, optó por pagar.
La gestión de las residencias y los contratos públicos están bajo escrutinio, especialmente las condiciones de pago impuestas a quienes dejaron las residencias por miedo durante la pandemia. Esther relata cómo debió seguir pagando mensualidades a pesar de haber sacado a sus padres de la residencia. El Defensor del Pueblo ha recibido quejas por estas prácticas, solicitando información a la Consejería de Asuntos Sociales. Expertos legales señalan que la Ley de Contratos del Sector Público permitiría establecer moratorias en casos excepcionales como este, cuestionando la falta de medidas de alivio para las familias afectadas.
La controversia sigue creciendo mientras los afectados y defensores de derechos humanos reclaman una revisión de estas prácticas administrativas que afectan a familias ya golpeadas por la tragedia de la pandemia.
Periodista
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