En una histórica decisión, el Congreso de los Diputados de España ha aprobado oficialmente el uso de las lenguas cooficiales de las Comunidades Autónomas en su actividad parlamentaria. Esta medida, que entrará en vigor tan pronto como se publique en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, representa un paso significativo hacia la diversidad lingüística en la cámara legislativa.

La propuesta, respaldada por PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y BNG, fue aprobada por 180 votos a favor frente a 170 en contra en el pleno de la Cámara Baja el pasado 21 de septiembre. Lo destacable es que esta reforma se ha llevado a cabo en lectura única, evitando así la necesidad de pasar por comisiones adicionales.

A partir de ahora, los diputados tendrán la libertad de expresarse en aranés, bable, catalán, euskera, gallego y valenciano durante las sesiones parlamentarias. Este cambio llega justo a tiempo para el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo (PP), programado para los días 26 y 27 de septiembre, donde los parlamentarios podrán utilizar estas lenguas en sus intervenciones.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, expresó su compromiso con la diversidad lingüística, afirmando: “Quiero manifestar mi compromiso con el castellano, el catalán, el euskera y el gallego y la riqueza lingüística que suponen”.

La reforma del Reglamento del Congreso permitirá el uso de las lenguas cooficiales en todos los ámbitos de la actividad parlamentaria, incluyendo las intervenciones orales y la presentación de escritos. Además, se establece la posibilidad de adjuntar una copia traducida al castellano en el caso de presentar escritos en una lengua cooficial, durante un período de transición de hasta seis meses.

Esta medida también incluye un compromiso de lenguaje inclusivo de género, distinguiendo entre ‘diputado’ y ‘diputada’, así como entre ‘orador’ y ‘oradora’.

Además, se establece un sistema de traducción y de interpretación para todas las lenguas cooficiales, que será gestionado por la Mesa del Congreso.

En el contexto de esta reforma, el PNV logró incluir una enmienda que otorga validez jurídica a las traducciones, asegurando que las iniciativas legislativas sean publicadas en las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas una vez aprobadas definitivamente por la Cámara.