Autoridades, servicios de emergencia y sindicatos mantienen el dispositivo y el luto oficial mientras se analizan las causas del siniestro en Córdoba

El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), ocurrido el pasado domingo, se ha convertido en la tragedia ferroviaria más grave de la última década en España, con al menos 41 personas fallecidas, decenas de heridos y varias denuncias por desaparición aún activas. El siniestro implicó a un tren Alvia de Renfe y a un convoy de Iryo, lo que provocó un amplio despliegue de servicios de emergencia, rescate e investigación técnica. Durante las últimas horas, los equipos han continuado con las tareas de levantamiento de vagones, una labor compleja debido al estado de la infraestructura y al difícil acceso a la zona afectada.

La investigación oficial, coordinada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), se centra principalmente en el estado de la vía y la infraestructura ferroviaria, después de que los últimos vagones fueran los que descarrilaron. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha subrayado que por el momento no se pueden establecer conclusiones definitivas y ha rechazado vincular el accidente directamente con una supuesta falta de inversión en mantenimiento o con las incidencias registradas previamente por Adif en la zona. Según Puente, determinar si la rotura del carril fue causa o consecuencia del descarrilamiento “es una cuestión técnica compleja que no puede resolverse de forma inmediata”.

En paralelo, la respuesta institucional y social ha sido amplia. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) logró recoger cerca de 3.000 bolsas de sangre en un solo día, triplicando la media habitual, tras el llamamiento a la ciudadanía para garantizar las reservas. Además, organizaciones sindicales como UGT y CCOO han convocado concentraciones silenciosas en estaciones ferroviarias como muestra de solidaridad con las víctimas y sus familias, mientras que Renfe ha establecido planes de transporte alternativo para restablecer progresivamente la conexión entre Madrid y Andalucía, con tramos cubiertos por autobús.

El impacto del suceso se ha extendido también al ámbito político y social. Varias administraciones han decretado tres días de luto oficial, con banderas a media asta y suspensión de actos públicos. Asimismo, la tragedia ha generado un clima de unidad institucional, reflejado en la coordinación entre el Gobierno central, la Junta de Andalucía y los servicios de emergencia. La CIAF dispone de un plazo máximo de un año para publicar el informe final, cuyas conclusiones y recomendaciones serán clave para determinar responsabilidades y reforzar la seguridad ferroviaria en el futuro.