En una operación conjunta en diversas ciudades españolas, la Policía ha detenido a 52 personas, entre ellas, cuatro en Madrid, por su presunta participación en un esquema de cobro ilegal de prestaciones públicas. El núcleo de la red operaba bajo la coordinación de un abogado que, junto con varias personas, establecía empresas ficticias sin actividad real para facilitar el cobro fraudulento de prestaciones por desempleo a trabajadores.

La investigación, iniciada en mayo tras una denuncia de la Tesorería General de la Seguridad Social, reveló las acciones irregulares de una sociedad en Albacete. La empresa, supuestamente dedicada al comercio de maquinaria agrícola, no tenía actividad comercial real y estaba registrada como una vivienda residencial según datos catastrales. Los trabajadores de esta sociedad, que nunca trabajaron para ella, admitieron haber pagado a una persona para cotizar a la Seguridad Social sin realizar ninguna labor.

Las pesquisas identificaron a una pareja como administradores de 30 sociedades, muchas de ellas con la misma actividad ficticia, en ciudades como Albacete, Alicante, Cuenca y Valencia. Estas empresas compartían un abogado de Albacete como tramitador autorizado ante la Seguridad Social. Tanto el abogado como el supuesto administrador tenían antecedentes policiales por fraude y falsificación documental.

La cantidad defraudada asciende a más de 300,000 euros. La operación destapa un entramado organizado para eludir obligaciones de pago con la Seguridad Social, y los detenidos enfrentarán cargos por fraude a prestaciones y falsificación documental.