La Guardia Civil ha logrado la detención de los cuatro integrantes de una banda de ladrones que supuestamente cometieron ocho robos en centros escolares de varias localidades de Madrid. La banda, compuesta por cuatro ciudadanos chilenos, dos de ellos con antecedentes por delitos contra el patrimonio tanto en España como en su país, habría sustraído al menos 350 ordenadores y tabletas con un valor estimado en más de 125,000 euros.

Los arrestados enfrentan cargos por ocho robos con fuerza en colegios y tres tentativas en centros de la ITV, según ha informado la Comandancia de Madrid del Instituto Armado. La investigación, denominada operación Cerbero Docto, comenzó a principios de octubre y fue dirigida por el Juzgado de Instrucción número 8 de Navalcarnero.

Aunque los agentes continúan investigando otros 30 robos en los que los arrestados podrían estar involucrados, los tres autores materiales de los robos ya han ingresado en prisión provisional a la espera de juicio. El cuarto miembro, encargado de vender los objetos robados, permanece en libertad.

La banda operaba principalmente durante los fines de semana cuando los centros escolares estaban cerrados. Realizaban vigilancias los viernes y desactivaban el suministro eléctrico; si el sábado o el domingo continuaban sin electricidad y la alarma estaba desactivada, forzaban ventanas o puertas para acceder.

Los ladrones se desplazaban en coches alquilados, cambiándolos cada semana para dificultar su localización. A pesar de su cuidado por no ser descubiertos, la Guardia Civil logró identificar a uno de los miembros a través de un vehículo empleado en uno de los robos en Navalcarnero.

El cabecilla, de unos 40 años, llevaba cerca de dos años asentado en España y utilizaba una identidad falsa de un ciudadano peruano. Los otros tres, de entre 30 y 40 años, vivían en Madrid desde principios de año y tenían planes de operar en el país antes de regresar a Chile.

La investigación contó con la colaboración de la Fiscalía de Móstoles, la Consejería de Educación y los directores de los centros escolares afectados. Además, la Oficina de Análisis de la OCN Interpol Santiago de la Policía de Investigación de Chile contribuyó a identificar al líder y proporcionó antecedentes penales de los involucrados. La jueza calificó el caso como violencia doméstica y de género, incluyendo cargos de lesiones y malos tratos.