El Partido Popular de Leganés ha interpuesto recursos ante el Ayuntamiento de Leganés y ante el Tribunal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid por un presunto fraude de Ley por la publicación de un pliego cuyo fin es la adjudicación de un contrato a 20 años, más 5 de prórroga, por valor de 13 millones de euros para la explotación de los ‘mupis’ de la ciudad (MUPI es el acrónimo de mobiliario urbano de información pública).

El PP local asegura que el Gobierno local, mediante este contrato, estaría vulnerando la Ley de Contratos del Sector Publico, tal y como ha señalado Miguel Ángel Recuenco, portavoz popular. Justifican el fraude de Ley alegando que el Ayuntamiento de Leganés, si sigue adelante con este pliego, simula una una cesión de dominio público, cuando en realidad “estamos ante un contrato de concesión de servicios que, como máximo, puede extenderse a cinco años incluidas las prórrogas, tal y como recogen  las directivas europeas y los tribunales de contratación de diferentes comunidades autónomas. Esta maniobra es una transgresión de la Ley de Contratos del Sector Público. 9/2017, así como las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo 2014/23/UE y 2014/24/UE respectivamente”, detallan en su escrito, en el que ejemplifican: “la treta está en que una cesión de dominio público puede extenderse en el tiempo prácticamente sin límite, porque se entiende que el que recibe esa cesión tiene que tener un tiempo razonable para amortizar el pago que le hace al Ayuntamiento, ya que su explotación y beneficios son exclusivamente privados: La Cubierta, la Instalación Deportiva Butarque, Mercacentro o lo que era El Cebadero”.

Sin embargo, argumentan, un contrato de servicios tiene un límite de 5 años y el adjudicatario del mismo  tiene la obligación de prestar un servicio público. Los soportes publicitarios de tipo mupi exhiben publicidad de empresas, pero también campañas de información pública, con lo que en ningún caso pueden ser adjudicados como cesión de dominio público, puesto que prevalece el interés público frente a los exclusivamente privados de explotación de un negocio (cesión de dominio público).

Por todo ello, el Partido Popular de Leganés pide mediante los citados recursos la paralización del proceso de contratación, la nueva redacción de un pliego para que se ajuste a la Ley, que se respeten los plazos de adjudicación a un máximo de 5 años y que se respeten los principios de eficiencia, igualdad, transparencia y pública concurrencia.

Por su parte, el Ayuntamiento de Leganés no ha tardado en dar respuesta que aclare esta decisión gubernamental, en la que acusan a los populares de mentir y aseguran que lo que dicen es “una aberración jurídicamente hablando”, ya que esta concesión ha pasado el visto bueno de la Asesoría Jurídica: “La Ley de Contratos establece que los contratos de concesión de servicios pueden durar hasta 40 años si incluyen ejecución de obras y explotación, y de 25 años si solo incluyen la explotación”, y apuntan que otros ayuntamientos e, incluso, la propia Comunidad de Madrid, utilizan este formato.

El Consistorio asevera que se trata de una concesión demanial (la concesión o autorización demanial o de dominio público es el título que otorga a una persona, física o jurídica, el derecho al uso y disfrute o aprovechamiento privativo y temporal de un bien o derecho de dominio público manteniendo su titularidad), y, que además “supondrá un importante beneficio para las arcas municipales ya que los ingresos que recibirá el Ayuntamiento de Leganés por la explotación publicitaria de estos soportes se verán incrementados en más del doble”.

Además de todo ello, fuentes municipales acusan al PP alegando que cuando este partido gobernó, empleó una fórmula igual para la concesión de las vallas publicitarias.