La crisis migratoria en aumento ha puesto a prueba la capacidad de respuesta del Estado español en los primeros seis meses de 2025. Más de 11.000 personas han llegado de forma irregular a través de la ruta atlántica hacia Canarias, considerada una de las más peligrosas del mundo. En total, más de 500 embarcaciones han alcanzado las costas del archipiélago, con embarques precarios y saturados.

El sistema de acogida e identificación se encuentra al borde del colapso. Uno de los mayores desafíos es la determinación de la edad de los migrantes. Ser menor o mayor de edad determina su tratamiento jurídico. Diversas fuentes indican que algunos jóvenes ocultan su documentación o declaran ser menores para acceder a protección y evitar ser deportados.

El reparto de menores no acompañados entre comunidades autónomas revela grandes desigualdades. Aunque existe un marco normativo que exige distribución equitativa, Madrid acoge a más de 800 menores, mientras que Cataluña solo aceptó 27 en marzo. Este desequilibrio ha desatado críticas y tensiones políticas, con el trasfondo de diferencias partidistas.

Expertos en migración, ONG y autoridades locales reclaman una reforma urgente. Proponen reforzar los recursos, establecer acuerdos de reparto vinculantes y mejorar la coordinación entre regiones. Sin medidas concretas, la crisis migratoria en aumento seguirá dejando a miles de menores en condiciones vulnerables y a las administraciones, desbordadas.