El Tribunal Supremo ha condenado a Eduardo Inda y a la empresa editora Dos Mil Palabras S.L., responsable de Okdiario, por vulnerar el derecho al honor del exlíder de Podemos Pablo Iglesias al difundir informaciones falsas sobre un supuesto cobro de 272.325 euros procedentes del Gobierno de Venezuela a través de un banco en el paraíso fiscal de Islas Granadinas. La Sala Civil impone una indemnización de 18.000 euros, la publicación de una nota de rectificación con los argumentos esenciales del fallo y la retirada de los artículos, además de impedir su indexación en motores de búsqueda.

Los hechos se remontan a los días 6, 7 y 8 de mayo de 2016, cuando Okdiario publicó varias piezas asegurando que Iglesias había recibido pagos encubiertos como asesorías, ilustradas con una supuesta orden de pago. Dichas informaciones fueron amplificadas por Inda en televisión y en redes sociales. Según el medio, los hechos habrían ocurrido en 2014, poco después de la inscripción de Podemos como partido político. La sentencia subraya que estas publicaciones se enmarcaron en un contexto de guerra sucia contra adversarios políticos durante el periodo 2012-2017.

En su análisis, el Supremo reconoce que el asunto tenía interés general, pero centra la controversia en el requisito de la veracidad. Los magistrados destacan que el texto original del periodista incluía cautelas —como “supuesto” o “presunto”— y se refería a la existencia de una investigación, no a un pago acreditado. Sin embargo, por orden de la dirección, se modificó el titular y el contenido, eliminando dichas cautelas y presentando el pago como un hecho cierto.

Además, el tribunal considera relevante la declaración del exdirector adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, quien negó que existiera una verificación de los documentos, al tratarse de fotocopias y de una investigación embrionaria. En consecuencia, la Sala concluye que la información no se basó en fuentes objetivas y fiables, por lo que la lesión del honor de Iglesias no queda amparada por la libertad de información. La decisión revoca resoluciones previas y fija un criterio sobre la responsabilidad editorial y el rigor exigible en informaciones de alto impacto público.

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La sentencia del Tribunal Supremo sobre el ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, establece tres elementos esenciales que, según el magistrado ponente, resultan determinantes para valorar su actuación. El fallo, distribuido en más de 150 páginas, analiza con detalle el proceso que culminó en la divulgación de un correo electrónico relacionado con la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y que generó un conflicto institucional de gran alcance. El tribunal considera acreditado que la información difundida tenía carácter reservado y que su publicación supuso una vulneración directa de obligaciones legales.

En la página 23 del documento, el Supremo afirma que queda probada “la filtración del correo”, un hecho que tipifica como un delito de divulgación de datos que “jamás debieron ser divulgados”. Para el tribunal, la existencia de esta filtración constituye la piedra angular del caso, al tratarse de una información protegida cuyo manejo requiere un nivel de confidencialidad superior debido a su impacto potencial sobre la intimidad y derechos fundamentales de terceros.

Asimismo, en la página 140, la sentencia señala que fue García Ortiz, “o una persona de su entorno y con su conocimiento”, quien llevó a cabo la filtración del mensaje. Esta formulación, según razona el tribunal, implica la existencia de una responsabilidad directa o, al menos, consentida por parte del exfiscal general, lo que agrava la infracción considerando su posición jerárquica y su obligación de garantizar la integridad de la información que gestiona la Fiscalía General del Estado.

El Supremo recalca además que el deber de confidencialidad del exfiscal general no desaparece aunque la información estuviera ya circulando públicamente. Para el tribunal, un cargo de máxima responsabilidad debe mantener el estándar más alto de protección de datos sensibles, independientemente del grado de difusión previo. Este criterio, sostienen, es fundamental para preservar la confianza institucional y evitar que la administración de justicia quede sometida a filtraciones o presiones externas. La sentencia abre un nuevo escenario interno en la Fiscalía y plantea interrogantes sobre la gestión futura de la información sensible en organismos del Estado.

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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes su dimisión al Gobierno tras ser condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. La decisión, comunicada mediante una carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, se produce cuatro días después de conocerse la sentencia, que también incluye una multa de 7.200 euros. En la misiva, García Ortiz expresa su “profundo respeto a las resoluciones judiciales” y afirma que ha llegado “el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad”.

La condena está relacionada con la filtración de un correo electrónico que contenía la admisión de un fraude a Hacienda por parte de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El fallo del Supremo considera que el fiscal general difundió datos reservados, vulnerando el deber de confidencialidad inherente al cargo. La sentencia generó una intensa reacción política y abrió un debate institucional sobre la independencia del Ministerio Fiscal.

Tras conocerse la dimisión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado su discrepancia con la condena y ha señalado que el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse. Sin embargo, evitó ofrecer detalles sobre el proceso de relevo: “Cuando tengan el nombre verán cuál es el perfil”, indicó. Sánchez sí destacó que su Ejecutivo siempre ha propuesto a personas con una “dilatada trayectoria jurídica”, incluyendo al propio García Ortiz.

Mientras tanto, el Gobierno ha activado ya el procedimiento para designar al nuevo fiscal general del Estado. Según el artículo 124.2 de la Constitución, el cargo se nombra por el rey a propuesta del Gobierno, previa audiencia del Consejo General del Poder Judicial. La Ley 50/1981 establece que el elegido debe ser un jurista español de reconocido prestigio con al menos quince años de ejercicio profesional. Tras el informe —no vinculante— del CGPJ, el aspirante comparecerá en el Congreso para evaluar su idoneidad antes de tomar posesión ante el Pleno del Tribunal Supremo.

La dimisión de García Ortiz marca un nuevo episodio en el debate sobre la transparencia, la judicialización política y el papel del Ministerio Fiscal en España.

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El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y al pago de una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos, relacionado con la presunta filtración de un correo electrónico vinculado a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La decisión llega tan solo una semana después de la finalización del juicio, el primero en la historia en el que un fiscal general del Estado se sentaba en el banquillo. El fallo, ya adelantado a las partes, se considera firme, aunque no surtirá efectos hasta la notificación formal de la sentencia completa.

El tribunal, compuesto por siete magistrados, ha adelantado que la resolución contará con dos votos particulares discrepantes, emitidos por las juezas Ana María Ferrer y Susana Polo, ambas de perfil progresista. Esta división interna ha llevado a que el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, asumiera la ponencia de la sentencia. Además de la condena principal, el Supremo ha impuesto a García Ortiz el pago de una indemnización de 10.000 euros por daños morales al afectado, Alberto González Amador, así como el abono de las costas procesales.

Según fuentes consultadas por Telemadrid, el elemento determinante para la condena habría sido la nota informativa elaborada por la Fiscalía, considerada el factor que motivó la acusación y posterior fallo. La mayoría del tribunal —cinco de los siete magistrados— entiende que el fiscal general incurrió en el delito previsto en el artículo 417.1 del Código Penal, que castiga a las autoridades o funcionarios que revelen información reservada obtenida por razón de su cargo y que no deba ser divulgada.

La sentencia, una vez formalizada, implicará la salida inmediata de Álvaro García Ortiz de la jefatura de la Fiscalía General del Estado, cargo que ocupaba desde julio de 2022. La decisión ha provocado una amplia cascada de reacciones en el ámbito político y jurídico, entre ellas la del decano del Colegio de Abogados de Madrid, quien ha calificado la resolución como “una buena noticia para la sociedad”. Todo queda ahora pendiente de conocer la redacción final que explicará en detalle los argumentos jurídicos que han sustentado esta decisión.

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El Ayuntamiento de Málaga deberá pagar una indemnización de 16.338 euros a un hombre por los daños psíquicos y morales causados tras la captura y difusión de imágenes íntimas realizadas por agentes de la Policía Local. Así lo determina un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, que considera acreditada la vulneración de los derechos fundamentales del afectado.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 1 de diciembre de 2022, cuando el hombre fue detenido por saltarse un semáforo en rojo y sometido a un control de alcoholemia. Durante el proceso, fue fotografiado semidesnudo mientras defecaba, y las imágenes fueron difundidas posteriormente por WhatsApp, llegando incluso a compañeros de trabajo del afectado, generándole humillación pública.

El afectado presentó una denuncia el 30 de diciembre de 2022, y un informe clínico posterior reflejó que la situación le generó sentimientos de «rabia y humillación», afectando seriamente a su entorno laboral. El Consejo Consultivo considera que los agentes actuaron sin justificación y por burla, lo que vulneró el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales.

Como consecuencia, se abrió un expediente disciplinario a los tres agentes implicados, quienes fueron suspendidos durante 15 días. El Consejo concluye que el Ayuntamiento es responsable patrimonial de los daños causados por la actuación indebida de sus funcionarios, al haberse producido en el ejercicio de sus funciones.

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El tribunal sostiene que el funcionario actuó de forma arbitraria, basándose únicamente en un informe no verificado del excomisionado para la Cañada Real. El documento señalaba, sin pruebas, que la casa estaba abandonada. Sin embargo, el propietario, identificado como A.C., vivía allí desde 2006 y se encontraba temporalmente en Marruecos al momento del derribo. La vivienda, de más de 80 metros cuadrados, tenía suministros activos, pozo de agua y enseres personales en su interior.

La sentencia destaca que se vulneraron derechos fundamentales del ciudadano, ya que la demolición se produjo sin permitirle defenderse, a pesar de haber presentado alegaciones administrativas. Por ello, el fallo también declara al Ayuntamiento de Madrid como responsable civil subsidiario, abriendo la puerta a una posible indemnización.

Organizaciones como CAES denuncian que este caso refleja una estrategia de acoso urbanístico para facilitar desarrollos inmobiliarios en el sureste madrileño. La Cañada Real, considerada el mayor asentamiento irregular de Europa, sufre desde hace años problemas estructurales y cortes de electricidad.

Este fallo judicial marca un precedente clave y refuerza el reclamo de justicia ante abuso urbanístico en Madrid. Aún cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, pero desde el Ayuntamiento no se ha emitido declaración oficial.

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El exentrenador del Real Madrid y actual seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, ha sido condenado a un año de prisión por un delito contra la Hacienda Pública relacionado con el ejercicio fiscal de 2014, según ha dictado la Audiencia Provincial de Madrid. Aunque ha sido absuelto del cargo similar por el año 2015, la sentencia establece una multa de 386.361,93 euros y la inhabilitación durante tres años para obtener ayudas o beneficios fiscales.

La Fiscalía acusaba al técnico italiano de haber defraudado 1.062.079 euros en total, entre los ejercicios de 2014 y 2015, durante su primera etapa en el Real Madrid. Según la acusación, Ancelotti omitió declarar sus ingresos por derechos de imagen, utilizando estructuras societarias no declaradas correctamente en su IRPF.

Durante el juicio, celebrado los días 2 y 3 de abril de 2025, Ancelotti aseguró que nunca tuvo intención de defraudar y que simplemente siguió “las indicaciones del club y de sus asesores fiscales”. Alegó que el Real Madrid le sugirió una fórmula para gestionar los derechos de imagen. Además, su defensa solicitó circunstancias atenuantes por haber reparado el daño en 2021 y por dilaciones indebidas en el proceso judicial.

El tribunal aceptó parte de los argumentos de la defensa en cuanto al ejercicio de 2015, por lo que fue absuelto de ese cargo, pero mantuvo la responsabilidad civil del año 2014 a favor de la Hacienda Pública. La sentencia se produce justo cuando Ancelotti ha asumido recientemente el cargo de seleccionador nacional de Brasil, lo que podría tener implicaciones mediáticas e institucionales de mayor alcance.

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Las agresiones verbales, como «estás atontado» o «te voy a amargar la vida», fueron dirigidas a menores con síndrome de Down de entre 7 y 12 años. El comportamiento de las docentes, grabado por los padres de una víctima mediante una grabadora oculta en un peluche, reveló un trato vejatorio sistemático y tono amenazante hacia los menores, vulnerando su dignidad.

La jueza ha determinado que las acusadas actuaron con conocimiento de las limitaciones cognitivas de los alumnos y con intención degradante, causando daños emocionales y retrocesos en su desarrollo. Además de la pena de prisión, se les ha impuesto inhabilitación profesional, la prohibición de acercarse a las víctimas y el pago de indemnizaciones de 5.000 euros a tres de los menores.

El fallo establece también la responsabilidad civil subsidiaria de la Fundación Gil Gayarre, al no acreditar medidas efectivas de control o actuación preventiva. La sentencia considera que no basta con manuales internos, y que hubo falta de vigilancia institucional.

Este caso ha reactivado el debate sobre la protección de menores vulnerables y ha puesto en el centro la necesidad de una respuesta firme ante el abuso en entornos educativos. La resolución supone un precedente claro de justicia por vulnerabilidad infantil, frente a actos que atentan contra los derechos de niños con discapacidad.

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Unas cincuenta personas de dos clanes participaron en la fiesta que comenzó pacíficamente a las 15:00 horas en el restaurante del Centro Recreativo de Artes. Sin embargo, por causas aún desconocidas, surgió una pelea que escaló rápidamente dentro del local. Los participantes usaron bates, barras metálicas, palos e incluso armas de fuego, causando caos y destrozos dentro y fuera del recinto. Esta violencia intensificó la tragedia en Ribeira.

Durante la reyerta, un vehículo atropelló accidentalmente a un hombre de 36 años, natural de Santiago y residente en Vilaxoán. El hombre murió en el acto. El conductor huyó, pero la Guardia Civil lo detuvo tras una persecución en la autopista AP-9. Además, arrestaron a seis personas implicadas, algunas de ellas refugiadas en una vivienda de Lavacolla.

Tres personas siguen en estado grave por heridas de arma blanca y traumatismos. Los demás heridos recibieron atención médica y ya fueron dados de alta. Las autoridades anunciaron que reforzarán la seguridad en Ribeira para evitar nuevos episodios violentos. La investigación continúa y no se descartan más detenciones.

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha comunicado al Tribunal Supremo que durante el registro efectuado en la vivienda de José Luis Ábalos en Valencia, una mujer identificada como Anaís, amiga del exministro, intentó ocultar y retirar un disco duro externo con supuesta información sensible. El dispositivo, escondido en su pantalón, fue interceptado por los agentes cuando la mujer alegó que iba a sacar al perro.

Según ha adelantado el diario La Razón, el contenido del disco incluiría conversaciones entre Ábalos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como con otros dirigentes socialistas. Esta información ha sido incorporada a la investigación en curso, que gira en torno a presuntas comisiones ilegales por adjudicaciones de obras públicas, una causa en la que también está implicado el exasesor Koldo García.

Los hechos se detallan en el acta de entrada y registro, entregada al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, quien instruye la causa. Durante la operación, los agentes se incautaron de 34 evidencias digitales en la vivienda principal y otras 4 en un local anexo, todos pertenecientes al entorno del exministro. El hallazgo del disco duro se considera relevante para la línea de investigación por corrupción y tráfico de influencias.

Hasta el momento, Anaís no ha querido hacer declaraciones a los medios y el exministro Ábalos no ha respondido públicamente sobre el contenido del dispositivo. La revelación de mensajes directos con miembros del Ejecutivo podría tensar aún más el clima político, en un contexto ya marcado por la investigación sobre la trama de comisiones que afecta a altos cargos del anterior gobierno socialista.

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