Directivos de la consultora declararon como testigos ante el juez y precisaron que la asesora acudió a encuentros sin intervenir activamente.

Directivos de Deloitte declararon este lunes ante el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid que Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, estuvo presente en algunas reuniones relacionadas con la cátedra universitaria que la esposa del presidente del Gobierno codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Según las declaraciones prestadas ante el juez Juan Carlos Peinado, la asesora acompañó a Gómez en determinados encuentros con la consultora, aunque los testigos subrayaron que no tuvo un papel activo ni intervino en las decisiones tratadas.

Entre los comparecientes se encontraban el presidente de Deloitte España, Héctor Flórez, así como otros dos cargos de la compañía, Juan Pedro Gravel y Carmen Sánchez, quienes acudieron en calidad de testigos. De acuerdo con fuentes jurídicas, Gravel confirmó que Álvarez asistió a alguna reunión y que la percibía como una colaboradora cercana de Gómez. Por su parte, Flórez afirmó que no mantenía relación personal con la esposa del presidente del Gobierno, aunque reconoció haberla saludado en una ocasión puntual, siempre según las mismas fuentes.

El magistrado Peinado citó a los representantes de Deloitte para esclarecer la relación de la consultora con la cátedra codirigida por Gómez, así como el desarrollo de una plataforma digital vinculada a dicha actividad académica. Además de las declaraciones, el juez solicitó a Deloitte y a otras empresas que aporten agendas, actas y documentación de las reuniones mantenidas en el marco del proyecto tecnológico alojado en el dominio transformatsc.org, asociado al ‘software’ universitario que centra parte de la investigación judicial.

Begoña Gómez figura como investigada por un total de cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo profesional y malversación. La causa se articula en torno a cuatro líneas de investigación principales, entre ellas la gestión de la cátedra y de dos másteres en la UCM, la supuesta apropiación del ‘software’ desarrollado, la relación con el empresario Juan Carlos Barrabés, también investigado, y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora en Moncloa, quien igualmente está imputada. El avance de estas diligencias busca determinar si existieron irregularidades administrativas o penales en el entorno académico y profesional analizado.