El Tribunal Supremo ha aceptado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Leganés en 2020 contra la gestión de Isabel Díaz Ayuso en las residencias de mayores durante la pandemia de COVID-19. La denuncia inicial, liderada por el PSOE bajo el mandato de Santiago Llorente, alegó que el Gobierno regional no tomó medidas adecuadas para enfrentar la crisis en los hogares de ancianos, lo que resultó en la muerte de 270 residentes en la ciudad.

A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó inicialmente la denuncia por “inactividad”, el alcalde socialista no se dio por vencido y llevó el caso al Tribunal Supremo, argumentando que las residencias no fueron adecuadamente “medicalizadas”. La admisión del recurso por parte del Tribunal Supremo coloca al Gobierno de la Comunidad de Madrid en una posición complicada.

El PSOE de Leganés, ahora en la oposición, insta al actual Ayuntamiento, que pertenece al Partido Popular, a actuar en concordancia con la decisión judicial y compartir la información con los grupos municipales. El partido pide que se respete la memoria de los fallecidos y sus familias, y critica la gestión de Ayuso, acusándola de no cumplir con la medicalización y dotación de personal suficiente en las residencias.

En respuesta, el alcalde actual, Miguel Ángel Recuenco, defiende su postura y critica el uso político del dolor de las víctimas. Además, se hace eco de otro problema relacionado con la gestión de Ayuso, al extender el contrato con un proveedor de alimentos para residencias públicas que había suministrado comida en mal estado, a pesar de su promesa de cambiar dicho contrato.

En otro frente, la Consejería de Asuntos Sociales de Ayuso contempla aumentar las horas de trabajo del personal de las residencias para cubrir las ausencias durante las vacaciones de verano. Esto genera controversia con los sindicatos, que sostienen que el problema radica en la falta de personal y que se debe abordar desde su raíz, ampliando la oferta de plazas en instituciones públicas en lugar de favorecer al sector privado.

En resumen, el recurso admitido por el Tribunal Supremo pone en aprietos al Gobierno de la Comunidad de Madrid respecto a su gestión en las residencias de mayores durante la pandemia, mientras que otras cuestiones, como la extensión de contratos con proveedores cuestionables y la posibilidad de aumentar la carga de trabajo del personal en las residencias, también generan críticas y controversia en el panorama político y social.