La cooperativa Achernar SCM denuncia que su proyecto residencial lleva meses pendiente de autorización municipal pese al discurso institucional sobre colaboración público-privada

El alcalde de Leganés ha difundido recientemente un vídeo institucional en el que aborda la situación de la vivienda en el municipio, señalando la necesidad de contar con la iniciativa privada para impulsar la construcción de nuevos hogares y dar respuesta a la demanda existente. En su intervención, el regidor subraya que el acceso a la vivienda es uno de los principales retos de la ciudad y apela a la colaboración entre administraciones y agentes privados como vía para acelerar soluciones.

Sin embargo, este mensaje ha generado controversia tras hacerse pública la situación de la cooperativa Achernar SCM, promotora de un proyecto de ocho viviendas en el barrio de La Fortuna, que asegura haber solicitado la correspondiente licencia de obra el 11 de noviembre de 2024 sin que, a día de hoy, haya recibido resolución por parte del Ayuntamiento. Desde la cooperativa señalan que el expediente continúa pendiente, lo que impide iniciar las obras y genera incertidumbre entre los socios implicados.

Esta circunstancia ha sido interpretada por los afectados como una contradicción entre el discurso político y la práctica administrativa. Mientras desde el Gobierno municipal se reclama la implicación del sector privado para aumentar el parque de vivienda, proyectos concretos promovidos desde fórmulas cooperativas —habitualmente vinculadas a vivienda a precio más asequible— permanecen bloqueados por la falta de concesión de licencias, un trámite esencial para el desarrollo urbanístico.

El retraso en la tramitación de licencias no es un asunto menor, ya que tiene implicaciones directas tanto económicas como sociales. Además del encarecimiento de los proyectos por el paso del tiempo, estas demoras afectan a la confianza del sector privado y de los futuros residentes, en un contexto marcado por la escasez de vivienda y el aumento de precios. A la espera de una respuesta municipal, el caso reabre el debate sobre la agilidad administrativa, la coherencia de las políticas de vivienda y la capacidad real del Ayuntamiento para facilitar, más allá del discurso, la colaboración público-privada que dice necesitar.