La causa se centra en la presunta denegación de asistencia sanitaria durante la primera ola de la pandemia en Madrid

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Leganés ha abierto una segunda causa judicial contra antiguos altos cargos del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, por su presunta implicación en la gestión de residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia. El procedimiento nace de una querella presentada por dos familiares de fallecidos, canalizada a través de la asociación ‘7.291: Verdad y Justicia’, y no por iniciativa de la Fiscalía.

En concreto, se investiga un posible delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria (artículo 511 del Código Penal), al haberse aplicado los denominados “protocolos de la vergüenza”, que habrían impedido la derivación de residentes enfermos a hospitales. Entre los investigados figuran Carlos Mur, exdirector de Coordinación Sociosanitaria; Francisco Javier Martínez Peromingo, su sucesor; y Pablo Busca Ostalaza, entonces director del SUMMA 112. También está señalada la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa.

El juzgado ha citado para el próximo martes, 4 de junio, a cinco testigos, entre ellos Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales, quien ya había mostrado desacuerdo con la gestión de las residencias en 2020. También declararán Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, y Antonio Burgueño, asesor principal de Ayuso durante los primeros meses de la pandemia. Este último diseñó un plan de medicalización de residencias que, según los colectivos denunciantes, “no se puso en marcha”.

Desde las asociaciones Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia consideran que estas declaraciones pueden ser “clave” para determinar si se produjo una selección discriminatoria en el acceso a la atención hospitalaria. Especial atención prestan al testimonio de Abarca Cidón, quien podría acreditar una supuesta derivación prioritaria hacia hospitales privados solo para residentes con seguro médico. Las diligencias continúan y podrían tener repercusiones políticas y judiciales en la Comunidad de Madrid.