El Tribunal Supremo se encuentra ante una decisión trascendental en relación con la gestión de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid durante la pandemia. En un auto fechado el 20 de julio el máximo tribunal ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por el anterior Ayuntamiento de Leganés, encabezado por el alcalde socialista Santiago Llorente. Este recurso fue interpuesto en octubre del año pasado después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazara la denuncia del Gobierno municipal que acusaba a la administración regional de Isabel Díaz Ayuso de “inactividad” en la medicalización de los centros de mayores durante los momentos más críticos de la pandemia de covid-19. En este período, se implementó el cuestionado “Protocolo de la Vergüenza”, que limitó la derivación de los residentes a hospitales.
La modificación en la percepción sobre la medicalización de las residencias durante la pandemia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a favor de la Comunidad de Madrid, ha generado un debate relevante. El recurso de casación presentado ante el Tribunal Supremo por el Ayuntamiento de Leganés se enfoca en cuestionar la respuesta de la administración regional ante la crisis en las residencias, particularmente en relación con la aplicación del mencionado protocolo.
La admisión a trámite de este recurso por parte del Tribunal Supremo implica que el órgano judicial revisará detalladamente la gestión de la Comunidad de Madrid en las residencias de mayores durante los momentos más críticos de la pandemia. La resolución de este caso podría tener implicaciones importantes en la rendición de cuentas y en la determinación de las responsabilidades en la gestión de las residencias y la atención a los residentes durante la crisis sanitaria. Esta decisión judicial podría sentar un precedente relevante en términos de responsabilidad y transparencia en la gestión de crisis de salud pública en el futuro.
Periodista
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