Las promociones públicas en Solagua y Puerta de Fuenlabrada siguen sin entregarse pese a estar prácticamente terminadas

Las promociones de vivienda pública gestionadas por la empresa municipal EMSULE continúan sin entregarse en Leganés, a pesar de que en varios casos los edificios ya están finalizados. La situación afecta especialmente a la promoción de 134 viviendas de protección pública en venta en la parcela P18 del PP6-Solagua y a las 108 viviendas de protección pública en alquiler en la parcela VP3 del PP4-Puerta de Fuenlabrada. Tres años después del sorteo celebrado en 2023, varias promociones siguen sin fecha definitiva de entrega, lo que mantiene en incertidumbre a los adjudicatarios.

¿A qué se debe este retraso?

El principal motivo del retraso es la falta de trámites administrativos obligatorios. Aunque las obras estén concluidas (o practicamente), aún deben obtenerse documentos esenciales como la calificación definitiva de vivienda protegida, competencia de la Comunidad de Madrid, y la licencia o declaración responsable de primera ocupación, que depende del Ayuntamiento. Sin estos requisitos legales no es posible firmar escrituras ni entregar llaves, lo que bloquea formalmente el acceso a las viviendas.

A esta situación se suman bloqueos en el Consejo de Administración de EMSULE, según fuentes del gobierno municipal, debido a la ausencia de representantes de la oposición en varias convocatorias. Esta falta de quórum habría impedido aprobar contratos necesarios para la puesta en marcha de los edificios, como servicios de mantenimiento, conserjería y seguros, retrasando aún más la entrega, especialmente en la promoción de alquiler de Puerta de Fuenlabrada. La oposición, por su parte, ha cuestionado la gestión del ejecutivo local, señalando falta de planificación y transparencia.

El proceso arrastra además retrasos previos de obra y gestión, incluyendo incidencias con constructoras, modificaciones administrativas y cambios de gobierno municipal en los últimos años. Las demoras están teniendo impacto económico en los adjudicatarios, algunos de los cuales continúan pagando alquiler mientras esperan su vivienda o afrontan complicaciones con sus hipotecas. En caso de acreditarse un funcionamiento anormal de la administración, podría abrirse la vía de responsabilidad patrimonial, conforme a la legislación vigente, lo que permitiría reclamar indemnizaciones por daños económicos derivados del retraso.