El exministro socialista José Luis Ábalos ha solicitado a la Mesa del Congreso de los Diputados que le devuelva sus derechos y deberes como diputado, mientras el Tribunal Supremo decide si mantiene su prisión preventiva. La petición se produce de cara a la vista judicial del próximo 15 de enero, en la que se resolverá el recurso de apelación que Ábalos presentó ante la Sala Segunda del Supremo.

En su recurso, el exdirigente argumenta que la medida de prisión provisional es injustificada por la ausencia de indicios delictivos, la falta de riesgo de fuga y la vulneración del derecho de representación política. Además, critica el uso de la prisión preventiva para fines ajenos a la función judicial, señalando que la suspensión le ha impedido ejercer su voto en la XV Legislatura y representa una pérdida de representación democrática para los ciudadanos de Valencia que le eligieron el 23 de julio de 2023.

Ábalos también advierte sobre las consecuencias económicas y administrativas de su suspensión. Según el escrito compartido en su cuenta de X, la decisión de la Mesa le ha supuesto la pérdida del derecho a la asignación económica, así como la imposibilidad de percibir ayudas e indemnizaciones derivadas de sus funciones, afectando sus cotizaciones a la Seguridad Social y mutualidades. Asimismo, recuerda que la suspensión altera el número total de diputados, reduciendo de 350 a 349.

El exministro reclama a la Mesa que reconsidere su decisión y restituya sus derechos al menos hasta la vista judicial, argumentando que su situación es “tan excepcional como injustificada”. La resolución del Supremo marcará si Ábalos recupera plenamente su capacidad de voto y funciones parlamentarias, manteniendo así la representación de sus electores y la integridad del trabajo legislativo en el Congreso.

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El Tribunal Supremo ha condenado a Eduardo Inda y a la empresa editora Dos Mil Palabras S.L., responsable de Okdiario, por vulnerar el derecho al honor del exlíder de Podemos Pablo Iglesias al difundir informaciones falsas sobre un supuesto cobro de 272.325 euros procedentes del Gobierno de Venezuela a través de un banco en el paraíso fiscal de Islas Granadinas. La Sala Civil impone una indemnización de 18.000 euros, la publicación de una nota de rectificación con los argumentos esenciales del fallo y la retirada de los artículos, además de impedir su indexación en motores de búsqueda.

Los hechos se remontan a los días 6, 7 y 8 de mayo de 2016, cuando Okdiario publicó varias piezas asegurando que Iglesias había recibido pagos encubiertos como asesorías, ilustradas con una supuesta orden de pago. Dichas informaciones fueron amplificadas por Inda en televisión y en redes sociales. Según el medio, los hechos habrían ocurrido en 2014, poco después de la inscripción de Podemos como partido político. La sentencia subraya que estas publicaciones se enmarcaron en un contexto de guerra sucia contra adversarios políticos durante el periodo 2012-2017.

En su análisis, el Supremo reconoce que el asunto tenía interés general, pero centra la controversia en el requisito de la veracidad. Los magistrados destacan que el texto original del periodista incluía cautelas —como “supuesto” o “presunto”— y se refería a la existencia de una investigación, no a un pago acreditado. Sin embargo, por orden de la dirección, se modificó el titular y el contenido, eliminando dichas cautelas y presentando el pago como un hecho cierto.

Además, el tribunal considera relevante la declaración del exdirector adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, quien negó que existiera una verificación de los documentos, al tratarse de fotocopias y de una investigación embrionaria. En consecuencia, la Sala concluye que la información no se basó en fuentes objetivas y fiables, por lo que la lesión del honor de Iglesias no queda amparada por la libertad de información. La decisión revoca resoluciones previas y fija un criterio sobre la responsabilidad editorial y el rigor exigible en informaciones de alto impacto público.

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José Luis Ábalos ha presentado su primera solicitud de vis a vis íntimo desde su ingreso en la cárcel de Soto del Real, un trámite que deberá ser analizado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, encargada de autorizar o denegar la petición en el plazo de una semana. Según fuentes penitenciarias, el exministro ha incluido en su solicitud los datos necesarios para acreditar su relación con la persona con la que desea mantener el encuentro, tal y como exige la normativa. Aunque oficialmente no se ha confirmado la identidad, diversos indicios apuntan a Andrea, su expareja, con quien habría retomado el contacto en los últimos días.

El entorno de Ábalos y Koldo permanece bajo medidas de seguridad reforzada. En el módulo 13 se realizan cacheos diarios y revisiones con perros entrenados con el fin de evitar filtraciones de imágenes de los internos, especialmente tras episodios ocurridos en el pasado con otros reclusos mediáticos. En medio de esta rutina estricta, una de las novedades en la celda que comparten Ábalos y Koldo es la instalación de una televisión adquirida por el exministro en el economato, por un precio cercano a los 200 euros. La operación incluso generó anécdotas entre los funcionarios, después de que Ábalos tuviera dificultades con la instalación del aparato.

Fuentes penitenciarias señalan que el trato de Ábalos y Koldo con funcionarios y compañeros se mantiene correcto y sin incidentes, y que ambos han adaptado sus rutinas: mientras Koldo dedica buena parte del tiempo al deporte, Ábalos centra sus energías en comunicaciones con el exterior, además de mantener reuniones constantes con sus abogados para preparar su estrategia de defensa en el caso de las mascarillas.

El horizonte judicial se ha tensado tras conocerse que el magistrado Leopoldo Puente apuesta por mantenerles en prisión hasta la celebración del juicio. Esto implica que Ábalos, Koldo y Aldama deberán sentarse ante el Tribunal Supremo, mientras el exministro afronta además la pérdida de su sueldo como diputado, su principal fuente de ingresos. Esta decisión judicial prolonga la incertidumbre sobre su situación personal y procesal, mientras continúa su adaptación a la vida en prisión.

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La Mesa del Congreso aprobó este miércoles la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios del exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, después de que el Tribunal Supremo confirmara su procesamiento dentro del denominado caso Koldo. La resolución, adoptada tras la comunicación oficial del alto tribunal, se sustenta en el artículo 21.2 del Reglamento del Congreso, que regula la pérdida temporal de prerrogativas cuando un diputado se encuentra procesado por determinados delitos.

La medida implica que Ábalos pierde de forma inmediata todos sus derechos funcionales y económicos como diputado electo. Según fuentes de la Cámara Baja, dejará de percibir las retribuciones asociadas a su escaño, será dado de baja en la cobertura de protección social sufragada por el Congreso y quedará excluido de la póliza de accidentes contratada para los miembros de las Cortes Generales. Además, se aplicará la detracción correspondiente a la subvención del Grupo Parlamentario Mixto, del que formaba parte, en proporción a su participación en el mismo.

El acuerdo se produce después de que el Tribunal Supremo desestimara íntegramente el recurso de apelación presentado por Ábalos contra el auto del instructor del caso, el magistrado Leopoldo Puente, quien ordenó la apertura de juicio por presuntos delitos de organización criminal, cohecho, malversación y otros vinculados a contrataciones públicas durante la pandemia. La confirmación del auto otorga firmeza al procesamiento y abrió la vía para que el Congreso ejecutara esta suspensión.

La Mesa del Congreso, reunida inmediatamente tras finalizar el pleno, comunicó la decisión al propio Ábalos —en prisión preventiva desde el 27 de noviembre—, al Tribunal Supremo, al Grupo Parlamentario Mixto y a la Secretaría General del Congreso. El exministro había solicitado participar mediante voto telemático en esta sesión, una petición que quedó sin efecto tras la adopción de la medida. La suspensión, de carácter automático según el reglamento, permanecerá vigente mientras continúe el procedimiento judicial, en un contexto en el que las causas por corrupción y abusos han marcado el cierre del último pleno del año.

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La sentencia del Tribunal Supremo sobre el ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, establece tres elementos esenciales que, según el magistrado ponente, resultan determinantes para valorar su actuación. El fallo, distribuido en más de 150 páginas, analiza con detalle el proceso que culminó en la divulgación de un correo electrónico relacionado con la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y que generó un conflicto institucional de gran alcance. El tribunal considera acreditado que la información difundida tenía carácter reservado y que su publicación supuso una vulneración directa de obligaciones legales.

En la página 23 del documento, el Supremo afirma que queda probada “la filtración del correo”, un hecho que tipifica como un delito de divulgación de datos que “jamás debieron ser divulgados”. Para el tribunal, la existencia de esta filtración constituye la piedra angular del caso, al tratarse de una información protegida cuyo manejo requiere un nivel de confidencialidad superior debido a su impacto potencial sobre la intimidad y derechos fundamentales de terceros.

Asimismo, en la página 140, la sentencia señala que fue García Ortiz, “o una persona de su entorno y con su conocimiento”, quien llevó a cabo la filtración del mensaje. Esta formulación, según razona el tribunal, implica la existencia de una responsabilidad directa o, al menos, consentida por parte del exfiscal general, lo que agrava la infracción considerando su posición jerárquica y su obligación de garantizar la integridad de la información que gestiona la Fiscalía General del Estado.

El Supremo recalca además que el deber de confidencialidad del exfiscal general no desaparece aunque la información estuviera ya circulando públicamente. Para el tribunal, un cargo de máxima responsabilidad debe mantener el estándar más alto de protección de datos sensibles, independientemente del grado de difusión previo. Este criterio, sostienen, es fundamental para preservar la confianza institucional y evitar que la administración de justicia quede sometida a filtraciones o presiones externas. La sentencia abre un nuevo escenario interno en la Fiscalía y plantea interrogantes sobre la gestión futura de la información sensible en organismos del Estado.

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El exasesor ministerial Koldo García ha llegado a la Audiencia Nacional este viernes sobre las 8.45 horas a bordo de un furgón de la Guardia Civil, para comparecer ante el juez Ismael Moreno en relación con los contratos adjudicados por Canarias durante la pandemia. Su comparecencia se produce tras haber pasado su primera noche en prisión provisional, una medida acordada por el Tribunal Supremo al apreciar un riesgo “extremo” de fuga de cara al juicio por la presunta trama de mascarillas vinculada al Ministerio de Transportes. Koldo se encuentra ingresado en la cárcel madrileña de Soto del Real.

El ingreso en prisión se decidió después de que el magistrado del Supremo Leopoldo Puente, que también instruye el conocido ‘caso Koldo’, considerara que existían “consistentes indicios” y una elevada petición de penas por parte de las acusaciones. Tanto Koldo como el exministro José Luis Ábalos se enfrentan a posibles condenas de hasta 30 años de cárcel por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, malversación, cohecho y uso de información privilegiada. Puente recordó, además, que ambos están también investigados en una pieza separada sobre presuntos amaños de obra pública, de la que también podrían derivarse “graves responsabilidades penales”.

El juez de la Audiencia Nacional había citado a Koldo a declarar desde el pasado 7 de noviembre, después de recibir el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos adjudicados por el Gobierno de Canarias a la empresa Soluciones de Gestión, considerada epicentro de la presunta trama. Según ese informe, el actual ministro Ángel Víctor Torres, entonces presidente canario, habría reclamado pagos vinculados a la trama, amparándose en la “influencia” de Koldo, afirmando haber dado “el golpe preciso en la mesa” para desbloquear operaciones. La UCO también subrayó que Koldo ejercía un papel de control en la gestión de las mascarillas, llegando a preguntar por las cantidades que podían ser suministradas incluso antes de formalizarse las adjudicaciones.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el empresario Víctor de Aldama pagaba a Koldo una “nómina” mensual en efectivo de 10.000 euros desde 2019, destinada a asegurar su capacidad de influencia y el acceso al entonces ministro Ábalos. El fiscal Luis Pastor recordó que Aldama llegó a admitir que parte del dinero que entregaba a Koldo era repartido con el exministro. Según el Ministerio Público, estos pagos no respondían solo a favores concretos, sino a mantener una posición privilegiada para obtener beneficios económicos en contratos de emergencia durante la pandemia. La UCO destaca que Koldo incluso habría implicado a altos cargos, incluidos ministros, en la validación del material sanitario, pese a que desde la propia Administración canaria se dudaba de la calidad y del precio de algunos lotes.

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José Luis Ábalos y Koldo García pasaron su primera noche en la prisión de Soto del Real tras la decisión del juez del Tribunal Supremo de decretar prisión preventiva para ambos, al considerar que existe un riesgo extremo de fuga. Los dos llegaron al centro penitenciario alrededor de las seis de la tarde del jueves, trasladados en el mismo furgón de la Guardia Civil, en un operativo desarrollado con total normalidad y sin incidentes. Esta medida cautelar supone un giro significativo en la causa que ambos enfrentan, vinculada a presuntas irregularidades en contratos públicos.

Durante la tarde del jueves también se produjo la salida de Andrea de la Torre, expareja de Ábalos, quien abandonó la prisión pocos minutos después del ingreso del exsecretario de Organización del PSOE. De la Torre no realizó declaraciones a los medios que se encontraban a las puertas del recinto penitenciario, manteniendo absoluto silencio en un momento de máxima expectación mediática. Su salida coincidió con un fuerte despliegue informativo debido al impacto político y judicial del caso.

Según fuentes penitenciarias, ambos internos comenzaron su primer día en la cárcel con el procedimiento habitual: se despertaron a las 7:30 horas, participaron en el primer recuento matinal y desayunaron a las 8:00. A lo largo de hoy está prevista una primera entrevista con los educadores y trabajadores sociales, parte del protocolo para evaluar su situación personal, jurídica y penitenciaria. Estas entrevistas permitirán determinar rutinas, apoyo psicológico y necesidades específicas mientras permanezcan en prisión provisional.

En principio, Ábalos y García serán destinados al módulo 13, donde se encuentran los presos preventivos, el mismo en el que estuvo anteriormente Santos Cerdán. Está previsto que Ábalos reciba este viernes la visita de su abogado, mientras que García será trasladado a la Audiencia Nacional para prestar declaración por el caso mascarillas en Canarias, una pieza clave dentro de la investigación que continúa avanzando. La evolución judicial de ambos podría marcar un nuevo capítulo en una de las causas más mediáticas del momento.

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El Tribunal Supremo celebra este jueves una vista clave para determinar si el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García ingresan en prisión provisional, como solicitan las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular (PP). La sesión, dirigida por el magistrado Leopoldo Puente, busca valorar si existe riesgo de fuga de cara al juicio por las presuntas irregularidades en contratos públicos de compra de mascarillas durante la pandemia. La decisión final se conocerá una vez el tribunal analice los argumentos de las partes y revise las medidas cautelares actualmente vigentes.

El juez citó a Ábalos a las 10:00 horas, manteniendo esta hora sin modificaciones, mientras que la comparecencia de García, inicialmente prevista a las 11:00, fue pospuesta a las 12:30 para permitir que su defensa asista también a la declaración del empresario Víctor de Aldama, señalado como presunto intermediario en la trama, ante la Audiencia Nacional. Puente justificó que no era necesario que el abogado de García estuviera presente en la vista de Ábalos, por lo que solo ajustó la convocatoria del exasesor. Ambos siguen sometidos a las medidas cautelares decretadas previamente: retirada del pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial.

Las acusaciones populares sostienen que existen «indicios racionales de criminalidad» y que la gravedad de los delitos imputados justificaría el ingreso inmediato en prisión. Argumentan además que la elevada petición de pena podría favorecer el riesgo de fuga y dificultar el correcto desarrollo del proceso judicial. Estas peticiones se elevaron formalmente tras la presentación de los escritos de acusación por parte de la Fiscalía y las acusaciones civiles.

La Fiscalía Anticorrupción solicita para Ábalos una pena de 24 años de prisión y para García 19 años y medio, ambos acusados de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. Además, el Ministerio Público reclama multas económicas que rondan los 3,9 millones de euros. Las acusaciones populares, por su parte, elevan su petición hasta los 30 años de cárcel para cada uno, añadiendo los delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial. La resolución del Supremo marcará un punto decisivo en el avance del caso y en las condiciones en que los acusados afrontarán el juicio.

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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes su dimisión al Gobierno tras ser condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. La decisión, comunicada mediante una carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, se produce cuatro días después de conocerse la sentencia, que también incluye una multa de 7.200 euros. En la misiva, García Ortiz expresa su “profundo respeto a las resoluciones judiciales” y afirma que ha llegado “el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad”.

La condena está relacionada con la filtración de un correo electrónico que contenía la admisión de un fraude a Hacienda por parte de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El fallo del Supremo considera que el fiscal general difundió datos reservados, vulnerando el deber de confidencialidad inherente al cargo. La sentencia generó una intensa reacción política y abrió un debate institucional sobre la independencia del Ministerio Fiscal.

Tras conocerse la dimisión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado su discrepancia con la condena y ha señalado que el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse. Sin embargo, evitó ofrecer detalles sobre el proceso de relevo: “Cuando tengan el nombre verán cuál es el perfil”, indicó. Sánchez sí destacó que su Ejecutivo siempre ha propuesto a personas con una “dilatada trayectoria jurídica”, incluyendo al propio García Ortiz.

Mientras tanto, el Gobierno ha activado ya el procedimiento para designar al nuevo fiscal general del Estado. Según el artículo 124.2 de la Constitución, el cargo se nombra por el rey a propuesta del Gobierno, previa audiencia del Consejo General del Poder Judicial. La Ley 50/1981 establece que el elegido debe ser un jurista español de reconocido prestigio con al menos quince años de ejercicio profesional. Tras el informe —no vinculante— del CGPJ, el aspirante comparecerá en el Congreso para evaluar su idoneidad antes de tomar posesión ante el Pleno del Tribunal Supremo.

La dimisión de García Ortiz marca un nuevo episodio en el debate sobre la transparencia, la judicialización política y el papel del Ministerio Fiscal en España.

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El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y al pago de una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos, relacionado con la presunta filtración de un correo electrónico vinculado a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La decisión llega tan solo una semana después de la finalización del juicio, el primero en la historia en el que un fiscal general del Estado se sentaba en el banquillo. El fallo, ya adelantado a las partes, se considera firme, aunque no surtirá efectos hasta la notificación formal de la sentencia completa.

El tribunal, compuesto por siete magistrados, ha adelantado que la resolución contará con dos votos particulares discrepantes, emitidos por las juezas Ana María Ferrer y Susana Polo, ambas de perfil progresista. Esta división interna ha llevado a que el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, asumiera la ponencia de la sentencia. Además de la condena principal, el Supremo ha impuesto a García Ortiz el pago de una indemnización de 10.000 euros por daños morales al afectado, Alberto González Amador, así como el abono de las costas procesales.

Según fuentes consultadas por Telemadrid, el elemento determinante para la condena habría sido la nota informativa elaborada por la Fiscalía, considerada el factor que motivó la acusación y posterior fallo. La mayoría del tribunal —cinco de los siete magistrados— entiende que el fiscal general incurrió en el delito previsto en el artículo 417.1 del Código Penal, que castiga a las autoridades o funcionarios que revelen información reservada obtenida por razón de su cargo y que no deba ser divulgada.

La sentencia, una vez formalizada, implicará la salida inmediata de Álvaro García Ortiz de la jefatura de la Fiscalía General del Estado, cargo que ocupaba desde julio de 2022. La decisión ha provocado una amplia cascada de reacciones en el ámbito político y jurídico, entre ellas la del decano del Colegio de Abogados de Madrid, quien ha calificado la resolución como “una buena noticia para la sociedad”. Todo queda ahora pendiente de conocer la redacción final que explicará en detalle los argumentos jurídicos que han sustentado esta decisión.

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