Vecinos de Leganés se han puesto en contacto con LGN Medios para transmitir su preocupación por la oleada de robos a taxistas en la ciudad.
Un vecino de Leganés Norte denunció ante las autoridades el intento de robo en su propio garaje. Los delincuentes usaron un extintor como arma para intentar conseguir los artículos que se encontraban en el interior del coche. Al parecer, el dispositivo ante incendios se abrió, dejando los coches de alrededor llenos de polvo, algo que también provocó que abandonaran el lugar con la acción a medias.

Por otro lado, otro caso más impactante se ha dado lugar en un garaje de Zarzaquemada. Alrededor de la Rotonda de La Noria, todos los coches de taxistas han sido atracados, dejando ventanas rotas y vehículos destrozados.
Según la Policía Nacional, se trata de individuos que intentaban buscar dinero dentro de los automóviles, aunque en este caso, sin éxito.

Además, esto provoca alerta ante los vecinos, ya que no solo coches de taxistas están siendo intervenidos, la oleada de robos a coches particulares también está siendo llamativa en el municipio, igualmente en garajes particulares o parkings al aire libre. La Policía Nacional sigue investigando las zonas y vehículos afectados para intentar encontrar causas o posibles culpables.

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Directivos de Deloitte declararon este lunes ante el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid que Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, estuvo presente en algunas reuniones relacionadas con la cátedra universitaria que la esposa del presidente del Gobierno codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Según las declaraciones prestadas ante el juez Juan Carlos Peinado, la asesora acompañó a Gómez en determinados encuentros con la consultora, aunque los testigos subrayaron que no tuvo un papel activo ni intervino en las decisiones tratadas.

Entre los comparecientes se encontraban el presidente de Deloitte España, Héctor Flórez, así como otros dos cargos de la compañía, Juan Pedro Gravel y Carmen Sánchez, quienes acudieron en calidad de testigos. De acuerdo con fuentes jurídicas, Gravel confirmó que Álvarez asistió a alguna reunión y que la percibía como una colaboradora cercana de Gómez. Por su parte, Flórez afirmó que no mantenía relación personal con la esposa del presidente del Gobierno, aunque reconoció haberla saludado en una ocasión puntual, siempre según las mismas fuentes.

El magistrado Peinado citó a los representantes de Deloitte para esclarecer la relación de la consultora con la cátedra codirigida por Gómez, así como el desarrollo de una plataforma digital vinculada a dicha actividad académica. Además de las declaraciones, el juez solicitó a Deloitte y a otras empresas que aporten agendas, actas y documentación de las reuniones mantenidas en el marco del proyecto tecnológico alojado en el dominio transformatsc.org, asociado al ‘software’ universitario que centra parte de la investigación judicial.

Begoña Gómez figura como investigada por un total de cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo profesional y malversación. La causa se articula en torno a cuatro líneas de investigación principales, entre ellas la gestión de la cátedra y de dos másteres en la UCM, la supuesta apropiación del ‘software’ desarrollado, la relación con el empresario Juan Carlos Barrabés, también investigado, y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora en Moncloa, quien igualmente está imputada. El avance de estas diligencias busca determinar si existieron irregularidades administrativas o penales en el entorno académico y profesional analizado.

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La jueza Carmen Rodríguez Medel, sustituta del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, ha decretado la apertura de juicio oral contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, por un presunto fraude fiscal de 350.000 euros correspondiente a los ejercicios de 2020 y 2021. El auto, dictado este lunes, afecta también a otros cuatro investigados y establece como competente al Juzgado de lo Penal de Madrid.

El escrito de acusación del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado solicita para González Amador tres años y nueve meses de prisión por dos delitos fiscales en concurso con falsedad documental. La acusación particular, ejercida por PSOE y Más Madrid, eleva la petición a cinco años de cárcel al incluir delitos contables y de pertenencia a grupo criminal. La investigación se centra en facturas presuntamente falsas que habrían sido utilizadas para reducir el pago del Impuesto de Sociedades.

La defensa de González Amador intentó retrasar la apertura de juicio hasta la resolución de recursos pendientes, pero la jueza rechazó la petición al no apreciar motivos suficientes. El propio acusado se acogió a su derecho a no declarar en febrero, a la espera de la decisión judicial sobre las piezas separadas de la causa. La Audiencia Provincial de Madrid avaló posteriormente que se investiguen también otros posibles ilícitos penales.

El auto ha provocado reacciones políticas inmediatas. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, afirmó que González Amador está “unos pasitos más cerca de Soto del Real” y calificó el fraude fiscal de “robo a todos los españoles”. Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, exigió explicaciones a Ayuso sobre la financiación de su vivienda y negó que hubiera existido una “operación de Estado”, insistiendo en que lo que se juzga es un supuesto fraude fiscal.

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Alberto S. G., conocido como el ‘caníbal de Ventas’, ha sido trasladado al hospital psiquiátrico penitenciario de Fontcalent (Alicante) tras solicitar su ingreso para cumplir su condena en un centro especializado. El joven fue condenado en 2021 a 15 años de prisión por el homicidio y la profanación del cadáver de su madre, hechos ocurridos en su vivienda del barrio madrileño de la Guindalera en 2019.

Durante el juicio, el tribunal determinó que no sufría una alteración mental grave que anulara sus facultades cognitivas y volitivas en el momento del crimen. Sin embargo, en una carta enviada a su abogado en enero de 2025, el condenado aseguró que actuó bajo los efectos de una psicosis inducida por el consumo de cannabis y que «oía voces» que le ordenaban cometer el crimen. Además, expresó su malestar con la defensa recibida durante el proceso judicial.

El juicio, celebrado en abril de 2021, recogió testimonios de los agentes que acudieron al domicilio tras la denuncia de un amigo del acusado. Al entrar en la vivienda, los agentes encontraron restos humanos dispersos, así como utensilios utilizados para el desmembramiento. Alberto S. G. admitió haber ingerido parte del cadáver y haber convivido con los restos durante al menos quince días.

A pesar de su ingreso en el hospital penitenciario, la sentencia sigue en vigor y deberá cumplir su condena. La decisión del traslado responde a la necesidad de un seguimiento psiquiátrico especializado, pero no implica una revisión de la pena impuesta.

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La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 22 años de cárcel a Marta C.H. por el asesinato de Pilar, la presidenta de su comunidad de vecinos en Carabanchel, cuyo cadáver fue quemado y arrojado a una escombrera en Toledo. La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, establece penas de 20 años por asesinato, 1 año y 9 meses por falsedad documental, y 4 meses por profanación de cadáver.

Los hechos ocurrieron el 27 de febrero de 2023, cuando Marta acudió a su vivienda para finalizar una mudanza y mantuvo una discusión con la víctima por impagos. En su declaración, afirmó que Pilar se cayó y se golpeó en la cabeza accidentalmente. Sin embargo, el tribunal ha considerado probado que Marta la golpeó intencionadamente, posteriormente ocultó el cuerpo en una maleta, lo trasladó a Toledo y lo quemó.

Durante el juicio, la defensa argumentó que se trató de un homicidio imprudente, mientras que la acusación particular sostuvo que hubo premeditación. La Fiscalía solicitaba 13 años de prisión, pero la familia de la víctima pedía 28 años, al considerar el crimen un asesinato. Finalmente, la Audiencia Provincial dictaminó que existió intención de matar, lo que agravó la condena.

El informe forense descartó que la condenada padezca algún trastorno mental o de personalidad, describiéndola como una persona «fría, hostil y egocéntrica». Esta sentencia aún puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

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El propietario de una autoescuela de Rute y dos alumnos de nacionalidad rumana serán juzgados por un delito de falsedad documental, tras ser sorprendidos por la Guardia Civil presentándose con DNIs falsificados al examen práctico para obtener el carné de conducir tipo B. Los hechos ocurrieron el 7 de febrero de 2022 en la localidad de Puente Genil (Córdoba), cuando los acusados intentaron llevar a cabo un plan premeditado para aprobar las pruebas de manejo con documentación fraudulenta.

Según la acusación de la Fiscalía de Córdoba, los imputados actuaron bajo un plan coordinado. En primer lugar, el acusado V.M. realizó el examen con un DNI falso, logrando la calificación de «apto». Posteriormente, E.A. esperaba en el coche con otra identificación fraudulenta, pero fue sorprendido antes de realizar la prueba. En el momento de su detención, arrojó el documento falsificado al salpicadero del vehículo.

Durante la intervención, la Guardia Civil descubrió que el profesor de la autoescuela, M.S., ocultaba en su maletín fotografías del individuo cuyo DNI había sido falsificado, además de 4.795 euros en efectivo. La investigación determinó que los documentos fraudulentos fueron elaborados por los acusados o por terceros bajo su encargo.

El fiscal solicita penas de prisión y multas para los acusados. En el caso del profesor, enfrenta dos años de cárcel y una multa de nueve meses. V.M. recibe una pena similar, mientras que E.A., con antecedentes de falsificación, se enfrenta a una pena más severa: cuatro años de prisión y 15 meses de multa. El juicio definirá las responsabilidades y consecuencias legales del caso.

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El exdiputado Íñigo Errejón y la actriz Elisa Mouliaá comparecieron este jueves en los juzgados de Plaza de Castilla para declarar en el marco de una denuncia por presunta agresión sexual ocurrida en 2021. Errejón, investigado por el caso, defendió su inocencia al afirmar que la relación fue consentida, mientras que Mouliaá ratificó su denuncia asegurando que expresó claramente su negativa y sugirió que el político pudo haber alterado su bebida.

En su declaración, la actriz relató tres episodios de agresión sexual supuestamente cometidos por Errejón durante la misma noche: en un ascensor, en una habitación durante una fiesta y en el domicilio del político. Además, indicó que decidió denunciar en octubre de 2024 tras sentirse apoyada por otras mujeres que compartieron denuncias similares de manera anónima. Según Mouliaá, un psicólogo le recomendó esperar hasta sentirse preparada emocionalmente.

Por su parte, Errejón negó rotundamente las acusaciones y afirmó que hubo consentimiento. Alegó que varios testigos pueden respaldar su versión y aseguró que las declaraciones de la actriz no coinciden con lo ocurrido. «Salgo contento y con mucha tranquilidad en la actuación de la justicia», expresó tras su declaración.

El juez aplicó medidas para evitar el contacto entre ambas partes durante el proceso y llevó a cabo un interrogatorio detallado con ambas versiones. La investigación continúa mientras el caso genera un intenso debate público.

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