El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado este martes que España podría enviar militares españoles a una misión de paz en Ucrania, una vez que se alcance el cese de hostilidades en el país europeo. La declaración se produjo tras su participación en la reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania en París, donde abordó tanto la reconstrucción del país como los aspectos de seguridad que requerirá el alto al fuego.

Sánchez explicó que el próximo lunes se reunirá con “la mayoría” de los grupos parlamentarios del Congreso para definir cuál debería ser la contribución española una vez finalice la guerra. El objetivo, según el presidente, es articular un paquete integral de apoyo que incluya ayuda humanitaria, reconstrucción de infraestructuras, incentivos económicos y medidas de seguridad, en coordinación con la Unión Europea y países aliados como Estados Unidos.

Durante la rueda de prensa, Sánchez recalcó que España ha defendido desde el principio el acceso de Ucrania a la Unión Europea y reafirmó el compromiso del Gobierno en continuar apoyando al país tanto en la esfera política como económica. Además, destacó que la futura misión de paz debería tener un doble enfoque: reconstrucción civil y presencia militar, en línea con la experiencia española en operaciones de mantenimiento de la paz en otras regiones del mundo.

Al ser consultado sobre la posible participación de las Fuerzas Armadas españolas, Sánchez señaló que España está dispuesta a colaborar con la paz en Europa tal como ha hecho en otras latitudes. “Si lo hemos hecho en otras partes del mundo, cómo no lo vamos a hacer en Europa”, afirmó, subrayando el compromiso del país con la seguridad regional y la estabilidad postconflicto. La reunión con los grupos parlamentarios marcará los próximos pasos para definir el alcance de la contribución española.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado una declaración institucional para anunciar una reorganización parcial del Ejecutivo, en la que ha confirmado el nombramiento de Elma Saiz como nueva portavoz del Gobierno y de Milagros Tolón como nueva ministra de Educación y Deportes. Estos cambios se producen tras la decisión de Pilar Alegría de abandonar el Ejecutivo para presentarse como candidata del PSOE a las próximas elecciones autonómicas en Aragón, previstas para el 8 de febrero.

Sánchez ya había adelantado la semana pasada, durante un encuentro informal con periodistas en la tradicional copa de Navidad celebrada en La Moncloa, que la nueva portavoz del Ejecutivo sería una mujer. El presidente explicó entonces que el nombramiento se haría público 24 horas antes del último Consejo de Ministros previo a las vacaciones navideñas, cumpliendo así con el calendario previsto por el Gobierno.

La ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, asumirá a partir de ahora también la función de portavoz del Gobierno, compatibilizando ambos cargos. Con este nombramiento, Saiz se convierte en la quinta portavoz del Ejecutivo de Pedro Sánchez desde 2018. Antes que ella desempeñaron esta función Isabel Celáa (2018-2020), María Jesús Montero (2020-2021), Isabel Rodríguez (2021-2023) y Pilar Alegría, quien deja el cargo para centrarse en su candidatura electoral en Aragón.

En paralelo, el presidente ha anunciado que Milagros Tolón, hasta ahora delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, será la nueva ministra de Educación y Deportes. Durante su intervención, Sánchez ha destacado la labor de Pilar Alegría al frente del ministerio, afirmando que deja “una hoja de servicios sobresaliente” y subrayando su papel en el mayor esfuerzo inversor en educación y en la garantía de la igualdad de oportunidades. Asimismo, el jefe del Ejecutivo ha reiterado que solo acometerá los cambios imprescindibles en el Gobierno, limitados a aquellos ministros que concurren como candidatos electorales, pese a las peticiones iniciales de una remodelación más amplia planteadas desde otros sectores del Ejecutivo.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su confianza en que el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con Junts para su investidura permita abrir una vía para recomponer la relación con esta formación independentista, actualmente deteriorada. Así lo trasladó en una conversación informal con periodistas durante la recepción navideña ofrecida a los representantes de los medios de comunicación, donde insistió en que, aunque el diálogo con Junts se encuentra en un momento de ruptura, el Ejecutivo mantiene su apuesta por la vía política y el entendimiento institucional.

Sánchez ya había reconocido horas antes, durante su comparecencia de balance político, que la relación con Junts atraviesa una situación complicada. No obstante, subrayó que no contempla por ahora una reunión con el expresident Carles Puigdemont, sino que su prioridad es cumplir los compromisos adquiridos. El jefe del Ejecutivo considera que el avance en estos acuerdos puede generar un clima más favorable para reconstruir la confianza y normalizar las relaciones parlamentarias, fundamentales para la estabilidad de la legislatura. En este contexto, el presidente evita alimentar la confrontación y se muestra convencido de que el cumplimiento de lo pactado es la base para cualquier acercamiento futuro.

En paralelo a esta situación política, Sánchez también ha avanzado que la sustitución de Pilar Alegría como portavoz del Gobierno recaerá en una mujer, cuyo nombre dará a conocer en los próximos días. Alegría abandonará el Ejecutivo ante la convocatoria de elecciones anticipadas en Aragón, previstas para el próximo 8 de febrero, donde concurrirá como candidata del PSOE frente al actual presidente autonómico, Jorge Azcón, del Partido Popular. El presidente no ha precisado si la nueva portavoz procederá del actual Consejo de Ministros o si será una incorporación externa al Gobierno.

Por su parte, Pilar Alegría ha manifestado su satisfacción por la etapa desarrollada como portavoz y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, reconociendo tanto aciertos como errores. Ha calificado como un honor liderar la candidatura socialista en Aragón y ha evitado detallar el calendario o la identidad de su relevo. Estos movimientos reflejan una reorganización política clave para el Ejecutivo en un momento marcado por la necesidad de mantener apoyos parlamentarios y afrontar nuevos escenarios electorales.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la puesta en marcha de un abono transporte único que entrará en vigor el próximo mes de enero, con un precio general de 60 euros mensuales. Este título permitirá viajar de forma ilimitada en servicios de cercanías, media distancia y autobuses de la red estatal, y será aprobado en el último Consejo de Ministros del año, junto a la prórroga de las ayudas vigentes al transporte público. El objetivo, según el Ejecutivo, es facilitar la movilidad diaria y reducir el coste del transporte para millones de ciudadanos.

Durante su comparecencia para presentar el informe de rendición de cuentas ‘Cumpliendo’, Sánchez detalló que el abono contará con una tarifa reducida de 30 euros mensuales para jóvenes menores de 26 años, reforzando así el apoyo a este colectivo. El presidente subrayó que la iniciativa estará disponible desde enero y se integrará en el actual paquete de medidas destinadas a aliviar el impacto del coste de la vida, especialmente en los desplazamientos cotidianos por motivos laborales o educativos.

El jefe del Ejecutivo explicó que el nuevo abono supondrá un ahorro de hasta casi un 60 % para muchos usuarios frecuentes del transporte público. Como ejemplo, citó a trabajadores que se desplazan a diario entre Vigo y Santiago o entre Jerez y Sevilla, trayectos habituales en los que el gasto mensual se verá notablemente reducido. “Estamos hablando de 2 millones de personas a las que cada mes les costará menos llegar a su empleo, a su hogar y también a su día a día”, afirmó Sánchez, destacando el alcance social de la medida.

El presidente recalcó que se trata de una “apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora”, al tiempo que hizo un llamamiento a las comunidades autónomas y a las entidades locales para que se adhieran a la iniciativa. El objetivo es facilitar un acceso asequible y homogéneo al transporte público en todo el país, reforzando el uso de alternativas al vehículo privado y contribuyendo a la reducción de emisiones y a una mayor cohesión territorial.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido cesar a Antonio Hernández, número dos de Francisco Salazar, de su cargo como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno. La medida se produce tras las denuncias de acoso sexual y abuso de poder presentadas por dos trabajadoras de la Oficina Antiacoso del PSOE, que afectaron a Salazar, cercano colaborador de Sánchez. Según fuentes del Ejecutivo, la salida de Hernández se hará efectiva en el próximo Consejo de Ministros.

Hernández, considerado la mano derecha de Salazar en el equipo de análisis y estrategia electoral de La Moncloa, también dejará la ejecutiva del PSOE de Andalucía, donde ocupaba la Secretaría de Datos, Análisis y Prospectiva bajo la dirección de María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno. Su trayectoria en el partido incluye participación en la ejecutiva de Juan Espadas y vínculos familiares con Nieves Hernández, exconcejal y asesora en la Diputación de Sevilla. Su cese responde al intento de Sánchez de tomar medidas ante la crisis interna en el PSOE generada por el caso Salazar.

El presidente rompió su silencio sobre la situación el pasado sábado, reconociendo su responsabilidad personal por la gestión del caso. Sánchez pidió disculpas por el retraso en contactar con las víctimas durante cinco meses y afirmó que el partido no actuó con intención, sino que hubo un error de procedimiento. La crisis ha generado malestar entre varios dirigentes y referentes feministas del PSOE, como Adriana Lastra y Andrea Fernández, que exigieron explicaciones y acciones concretas para acelerar el expediente contra Salazar.

El cese de Hernández y las medidas anunciadas buscan reforzar la transparencia y la rendición de cuentas dentro del partido, así como restaurar la confianza interna. Sánchez destacó que legalmente el PSOE no puede presentar denuncias ante la Fiscalía por casos anónimos y que la responsabilidad recae en las víctimas, aunque se comprometió a que la formación agilice el proceso disciplinario contra Salazar. La decisión subraya la intención del líder socialista de contener la crisis interna y mostrar un compromiso firme con la lucha contra el acoso.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó este martes que no ve “ningún motivo” para que pueda ser imputado en relación con los casos de corrupción que han salpicado a antiguos cargos del PSOE, incluidos los exsecretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán. En una entrevista en el programa Cafè d’idees de RTVE, Sánchez respondió con un “¿pero por qué voy a serlo?” al ser preguntado sobre la posibilidad de dimitir si él mismo fuese investigado judicialmente, recordando que su responsabilidad ya se ha materializado al expulsar del partido a los implicados en el caso Koldo y al “colaborar con la justicia”.

El jefe del Ejecutivo insistió en que no entra a valorar hipótesis sobre una eventual imputación, pero sostuvo que la “certeza” es que el PSOE no se ha financiado irregularmente. También abordó las recientes declaraciones de Ábalos, cuyo hijo afirmó que Sánchez habría ordenado al exministro acudir a recibir a Delcy Rodríguez en Barajas. El presidente calificó estas acusaciones de “falsas” y aseguró que Ábalos era “un gran desconocido” para él en términos de comportamientos personales, pese a haber sido un colaborador de primera línea. Aunque lo acusó de mentir, descartó emprender acciones legales o querellarse.

Durante la conversación, Sánchez evitó definirse como víctima de lawfare, pero señaló que miembros de su familia están siendo investigados “en base a recortes de prensa y acusaciones impulsadas por sectores de la ultraderecha”, lo que considera una situación injusta. Sobre este punto, lamentó que los procedimientos se activen sin pruebas sustanciales más allá de informaciones mediáticas.

En el plano político, el presidente volvió a referirse a la relación con Junts, un partido clave para la estabilidad parlamentaria. Sánchez reconoció “incumplimientos” por ambas partes y aseguró que busca restablecer la confianza mediante nuevos gestos y medidas. Reiteró que el diálogo es esencial para garantizar la gobernabilidad y que el Ejecutivo seguirá trabajando para consolidar acuerdos en un contexto político altamente fragmentado.

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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmó este domingo que los españoles están “hartos” de la “corrupción” que, a su juicio, afecta al Gobierno de Pedro Sánchez. Estas declaraciones se produjeron durante la concentración convocada por el PP en el Templo de Madrid, un acto que, según la organización, reunió a unas 80.000 personas, mientras que la Delegación del Gobierno redujo la cifra a 40.000 asistentes. En su intervención, Feijóo retó a los socios parlamentarios del PSOE a “retratarse” y dejar de “tragar” ante la situación política actual, apelando directamente a formaciones como PNV y Junts, claves para la eventual presentación de una moción de censura.

Durante su discurso, el líder popular fue interrumpido en varias ocasiones por gritos de “Pedro Sánchez, dimisión”. Feijóo insistió en contraponer lo que definió como dos modelos de país: “vergüenza o dignidad, mentira o verdad, corrupción o limpieza”, subrayando su convicción de que los partidos del arco parlamentario deben posicionarse con claridad. Asimismo, volvió a mencionar casos judiciales que afectan a excolaboradores del PSOE, señalando que “cuatro cogieron ese coche para llegar al poder y tres ya conocen la cárcel”, en referencia a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, para advertir que la ciudadanía “no puede consentir que las siglas socialistas se manchen del sanchismo”.

El dirigente popular también dirigió un mensaje a Vox, pidiéndole que abandone lo que denominó “pinzas” con el PSOE y que no repita “errores del pasado”. Reivindicó que el PP es un partido “diferente” y sostuvo que existe “una mayoría de españoles que exigen madurez y responsabilidad”. Feijóo insistió en que su adversario político es el presidente del Gobierno, no otras formaciones de la oposición, y que su objetivo es “el cambio”.

La concentración, la séptima convocada por el PP en esta legislatura contra el Ejecutivo, sirvió también para que Feijóo detallara cinco medidas que aplicaría en sus primeros cien días de gobierno: una auditoría para evaluar la gestión del Ejecutivo actual, un “barrido” institucional de lo que denominó “sanchismo”, una bajada de impuestos, el desbloqueo de iniciativas aprobadas en el Congreso y una reforma para facilitar “la opinión directa de los españoles”. El PP sostiene que estas propuestas buscan, según sus palabras, “recuperar la confianza” en las instituciones democráticas.

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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes su dimisión al Gobierno tras ser condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. La decisión, comunicada mediante una carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, se produce cuatro días después de conocerse la sentencia, que también incluye una multa de 7.200 euros. En la misiva, García Ortiz expresa su “profundo respeto a las resoluciones judiciales” y afirma que ha llegado “el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad”.

La condena está relacionada con la filtración de un correo electrónico que contenía la admisión de un fraude a Hacienda por parte de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El fallo del Supremo considera que el fiscal general difundió datos reservados, vulnerando el deber de confidencialidad inherente al cargo. La sentencia generó una intensa reacción política y abrió un debate institucional sobre la independencia del Ministerio Fiscal.

Tras conocerse la dimisión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado su discrepancia con la condena y ha señalado que el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse. Sin embargo, evitó ofrecer detalles sobre el proceso de relevo: “Cuando tengan el nombre verán cuál es el perfil”, indicó. Sánchez sí destacó que su Ejecutivo siempre ha propuesto a personas con una “dilatada trayectoria jurídica”, incluyendo al propio García Ortiz.

Mientras tanto, el Gobierno ha activado ya el procedimiento para designar al nuevo fiscal general del Estado. Según el artículo 124.2 de la Constitución, el cargo se nombra por el rey a propuesta del Gobierno, previa audiencia del Consejo General del Poder Judicial. La Ley 50/1981 establece que el elegido debe ser un jurista español de reconocido prestigio con al menos quince años de ejercicio profesional. Tras el informe —no vinculante— del CGPJ, el aspirante comparecerá en el Congreso para evaluar su idoneidad antes de tomar posesión ante el Pleno del Tribunal Supremo.

La dimisión de García Ortiz marca un nuevo episodio en el debate sobre la transparencia, la judicialización política y el papel del Ministerio Fiscal en España.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que España aportará un total de 817 millones de euros para apoyar a Ucrania, incluyendo 100 millones destinados a la adquisición de armamento estadounidense. El anuncio se realizó durante una rueda de prensa conjunta con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en su visita oficial a Madrid. El paquete global incorpora además un nuevo apoyo militar de 615 millones, que forma parte del acuerdo bilateral de seguridad firmado este año.

Del total comprometido, 300 millones se destinarán a nuevo equipamiento defensivo dentro del acuerdo que prevé alcanzar los 1.000 millones en seguridad a lo largo de 2025. Sánchez detalló que la transferencia de 100 millones para el programa PURL permitirá financiar sistemas de defensa proporcionados por Estados Unidos, un mecanismo impulsado por la OTAN tras la retirada de financiación estadounidense anunciada por el presidente Donald Trump. Este plan busca garantizar el suministro de material esencial para las fuerzas ucranianas.

Dentro del primer paquete de apoyo, España también canalizará 215 millones de euros a través del instrumento SAFE para impulsar la producción de sistemas antidrones, radares y vigilancia aérea, en gran parte desarrollados por empresas nacionales. Antes de la rueda de prensa, ambos mandatarios firmaron memorándums de cooperación industrial entre compañías españolas —como Escribano y Tecnove— y la ucraniana Practika, reforzando la colaboración en defensa.

Durante su visita, Zelenski fue recibido por el rey Felipe VI en La Zarzuela y mantuvo encuentros con autoridades en el Congreso. Junto a Sánchez, visitó el Guernica de Picasso, donde el presidente español destacó el compromiso del país con la justicia y la paz. Zelenski, en su tercera visita desde 2022, concluyó la jornada reuniéndose con representantes de la industria de defensa y autoridades españolas. Sánchez reiteró su convicción de que Ucrania alcanzará “el lugar que le corresponde” en un futuro europeo de estabilidad y prosperidad.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reafirmó este domingo su confianza en la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Órtiz, quien está siendo investigado por presunta revelación de secretos relacionada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sánchez aseguró que “el Gobierno ha respaldado con argumentos y razones a una persona inocente” y confía en que la justicia demostrará su inocencia.

En relación con las críticas sobre su opinión de que algunos jueces hacen política, Sánchez reconoció que debe ser “muy escrupuloso y respetuoso” con los procedimientos judiciales, al tiempo que denunció lo que calificó de “máquina del fango” impulsada por la derecha y la ultraderecha. Además, reiteró su confianza en la justicia en causas abiertas que afectan a su familia y defendió que la polarización política en España es “asimétrica”, señalando que el PSOE ha sufrido más ataques que ninguna otra organización política.

Sánchez también confirmó su intención de presentarse a la reelección en 2027, defendiendo que en el PSOE “no ha habido en absoluto financiación irregular” y contrastando esta afirmación con la existencia de sentencias firmes por financiación irregular en el Partido Popular. Sobre la situación parlamentaria, descartó convocar elecciones anticipadas pese al bloqueo de Junts y señaló que su Gobierno ha cumplido con los compromisos acordados con el partido catalán en las competencias correspondientes.

El jefe del Ejecutivo subrayó la necesidad de articular acuerdos con el PP, aunque criticó la alianza de este partido con la ultraderecha, especialmente en temas como la emergencia climática. Asimismo, advirtió que la derecha política y mediática tiende a blanquear el discurso de la ultraderecha para evitar que las fuerzas progresistas gobiernen. Sánchez afirmó que los logros económicos y sociales de su Gobierno en los últimos siete años evidencian que la complejidad parlamentaria no impide el buen gobierno.

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