El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que mantuvo una reunión con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en la que se abordó la petición de una posible remodelación del Ejecutivo. Según explicó Sánchez, no considera que dicha solicitud suponga una deslealtad, pese a haberla rechazado. La información fue facilitada durante una rueda de prensa en Bruselas, celebrada de madrugada tras la última reunión del año del Consejo Europeo. Fuentes del Ejecutivo precisaron que el encuentro entre ambos dirigentes tuvo lugar a principios de esta semana, aunque no detallaron si fue antes o después del último Consejo de Ministros.

El contexto de esta petición se sitúa en medio de los casos de acoso sexual y corrupción que han afectado al PSOE, y que han generado debate político y mediático. Yolanda Díaz, líder de Sumar, trasladó públicamente la necesidad de introducir cambios en el Gobierno como respuesta a esta situación. Sánchez, sin embargo, defendió que las discrepancias entre las fuerzas que integran la coalición son lógicas y propias de un Ejecutivo conformado por partidos distintos, subrayando que existen muchos más puntos de unión que de conflicto.

En sus declaraciones, el jefe del Ejecutivo insistió en que la estabilidad del Gobierno no está en riesgo y que el diálogo entre los socios se mantiene abierto. Al ser preguntado directamente sobre si interpretaba la petición de Díaz como un gesto de deslealtad, respondió de forma tajante que no lo ve de esa manera, destacando la normalidad institucional de mantener reuniones privadas para intercambiar opiniones y posiciones políticas.

Por otro lado, Sánchez rechazó la interpretación de Sumar que vincula la falta de actuación del Gobierno con el crecimiento de Vox. En su opinión, el auge de la ultraderecha se debe principalmente al “blanqueamiento” que, según afirmó, realizan el PP y la derecha mediática. Con estas declaraciones, el presidente buscó cerrar filas en defensa de la acción del Ejecutivo y marcar distancia frente a las críticasloverstica ideológicas dentro y fuera del Gobierno, dejando claro que las diferencias internas no implican una ruptura ni una crisis de coalición.

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El partido de Santiago Abascal acusa al presidente del Gobierno de «prostituir las instituciones» en respuesta a una querella de la Abogacía General del Estado contra el juez Peinado

La coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro, ha declarado que su partido toma la iniciativa para proteger las instituciones del Estado de lo que considera una utilización indebida por parte del Gobierno. Según Castro, la querella presentada por Sánchez es «absolutamente instrumental» y tiene como objetivo «obstaculizar la investigación» en lugar de buscar justicia.

Castro también criticó a Sánchez por optar por no declarar como testigo en el caso de su esposa, amparándose en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que le permite no declarar contra su cónyuge. En la misma línea, acusó al presidente de utilizar la Abogacía del Estado para sus propios intereses y de emplear la querella como una estrategia procesal para poner obstáculos en la investigación. Sobre el ambiente en la declaración de Sánchez, Castro observó que el presidente estaba «nervioso» y trató de ocultar sus sentimientos, añadiendo que se impusieron restricciones como la requisación de móviles y ordenadores. En cuanto al juez Peinado, Castro destacó su «contundencia» y «tranquilidad», señalando que su actuación ha sido «muy pensada» y ajustada a las garantías procesales.

El partido Vox busca, con esta querella, confrontar lo que considera un abuso de poder y una manipulación de las instituciones por parte del Ejecutivo, en medio de una investigación que sigue en curso.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado una querella contra el juez Juan Carlos Peinado por prevaricación judicial. Esta acción se ha llevado a cabo el mismo día en que el juez Peinado ha tomado declaración a Sánchez en el Palacio de la Moncloa, en el marco de la investigación sobre presunto tráfico de influencias y prevaricación en los negocios que involucra a su mujer, Begoña Gómez.

La Abogacía del Estado, en representación del presidente, ha firmado y presentado el escrito de querella. En la comparecencia ante el juez Peinado, Sánchez se acogió a su derecho a no declarar y negó tener relación alguna con el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Gayache, o con el empresario Juan Carlos Barrabés.

El escrito de la querella critica duramente las resoluciones del juez Peinado, argumentando que la toma de declaración del presidente contraviene la normativa de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, despojando a Sánchez de las garantías legales que dicha ley establece desde 1882. La Abogacía del Estado también cuestiona la pertinencia de las preguntas realizadas durante el interrogatorio, señalando que cualquier pregunta relevante para la investigación estaría necesariamente relacionada con el cargo de Sánchez, lo que justificaría su naturaleza como testigo. La declaración de Sánchez ante Peinado, según fuentes presentes, se desarrolló con normalidad en una sala del Ministerio de la Presidencia en el Palacio de la Moncloa. Esta es la primera vez que un presidente del Gobierno presta declaración ante un juez en el marco de una causa contra su esposa.

A LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
La Abogada del Estado, en la representación que legalmente ostenta del Presidente
del Gobierno del Reino de España, comparece y, como mejor proceda en Derecho
DICE Que, por medio del presente escrito, debidamente autorizado de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 649/2023, de 18 de julio, por el que se
desarrolla la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e
Instituciones Públicas, en el ámbito de la Abogacía General del Estado, formula
QUERELLA, al amparo de los artículos 270 y siguientes de la LE Crim y artículos 405
de la LOPJ por la presunta comisión de UN DELITO DE PREVARICACION
JUDICIAL, tipificado en el artículo 446 del Código Penal aprobado por Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre (CP) contra D. JUAN CARLOS PEINADO GARCÍA,
Magistrado-Instructor del Juzgado número 41 de los de Madrid.

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha expresado la tranquilidad con la que Sánchez afrontó el interrogatorio, calificándolo como «innecesario» en relación con la investigación sobre su defendida.

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En una carta enviada al juez Juan Carlos Peinado, Sánchez ha expresado su «voluntad de colaborar con la Administración de Justicia» y ha solicitado la opción de responder por escrito, invocando el artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que le permite esta opción.

El juez Peinado había citado a Sánchez para el próximo martes en el Palacio de la Moncloa como testigo en la investigación que se sigue contra Gómez, quien enfrenta acusaciones de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Sin embargo, el presidente ha argumentado que su comparecencia personal es incompatible con sus funciones oficiales y ha solicitado declarar por escrito, una opción que, según su misiva, se ajusta a la legalidad y protege la dignidad institucional de su cargo.

Este lunes tuve conocimiento, a través de los medios de comunicación, de la providencia dictada por V.I. el pasado viernes 19 de julio, en virtud de la cual acordó practicar mi declaración testifical en el seno de unas diligencias previas que se tramitan en su Juzgado.
Es mi voluntad, como no puede ser de otro modo, colaborar con la Administración de Justicia, siempre en el marco del estricto cumplimiento de la Constitución Española y la Ley que a todos nos vinculan y que son la máxima garantía de nuestro Estado de Derecho.
Por ello, con el fin de garantizar el estricto cumplimiento del Ordenamiento Jurídico y dadas las cuestiones que son objeto del citado procedimiento, esa declaración debe producirse conforme a lo establecido en el art. 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevé que, por razón de mi cometido como Presidente del Gobierno, mi declaración se deberá prestar por escrito. Es notorio que mi comparecencia resulta inescindible de la condición de Presidente del Gobierno.
Por este motivo, he de trasladar que, como Presidente del Gobierno de España, tengo el deber y la responsabilidad de cumplir la Ley y de preservar el sentido propio de la institución a la que represento por elección del Congreso de los Diputados.

La citación de Sánchez se produjo de manera urgente, coincidiendo con la decisión de Gómez de no declarar como investigada el pasado 19 de julio. Peinado había previsto inicialmente una declaración de otro testigo para el 26 de agosto, pero consideró necesario adelantar la de Sánchez al 30 de julio, justo antes del inicio de las vacaciones judiciales de agosto.

Además, la citación del presidente fue realizada mediante una providencia sin motivación, lo que complica la posibilidad de presentar recursos contra la misma en tiempo y forma. Las fuentes jurídicas indican que, en estos casos, los testigos tienen el derecho de notificar su decisión de no comparecer ante el juez de guardia, lo que Sánchez ha hecho a través de la carta enviada desde los servicios jurídicos de Moncloa.

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Ayuso entiende que se está incumpliendo de «manera flagrante la ley» al tener que convocarse esta reunión, mínimo, dos veces al año

Ayuso ha declarado que el incumplimiento de la ley que regula esta conferencia es flagrante, ya que según la Ley 40/2015 y su reglamento, el artículo 4.1 estipula que la conferencia debe reunirse al menos dos veces al año. Según Ayuso, Sánchez no la ha convocado desde marzo de 2022, lo que significa que se deberían haber celebrado al menos cinco reuniones en estos dos años: «Les anuncio que vamos a iniciar acciones legales contra el presidente del Gobierno si no convoca de inmediato la Conferencia de Presidentes porque está incumpliendo de manera fragante la ley que regula la Conferencia de Presidentes 40/2015 y el reglamento de dicha conferencia, donde en el artículo 4.1 estipula que se tiene que reunir mínimo dos veces al año. Esto significa que Sánchez lleva sin convocarla desde marzo de 2022, es decir, se tendría que haber celebrado, por lo menos, cinco veces en estos dos años.»

La presidenta denuncia que la falta de convocatoria desde marzo de 2022 incumple la ley

El pasado mes de noviembre, Ayuso solicitó la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes. Posteriormente, doce presidentes de comunidades autónomas y dos presidentes de ciudades autónomas se unieron a esta solicitud para que la reunión se convocara de manera urgente e inmediata. Ayuso ha enfatizado que esta conferencia debe abordar asuntos de interés prioritario para todos los españoles, pero estos requerimientos han sido desatendidos sin ninguna justificación.

Ante esta situación, Ayuso ha declarado su intención de llevar a cabo todas las medidas legales a su alcance en los órganos de Jurisdicción Contencioso Administrativo si persiste el incumplimiento de la obligación de convocar la conferencia.

Ayuso ha subrayado la importancia de tratar temas fundamentales en la Conferencia de Presidentes, como la financiación autonómica, la crisis migratoria que afecta a España y sus fronteras, y la falta de médicos en todo el país. Ha reiterado que estos temas no se pueden seguir tratando en despachos y que es crucial que se aborden en la conferencia, que lleva dos años sin celebrarse: «Cuando, además, hay temas fundamentales que no se pueden seguir tratando en los despachos por más que se pretenda, ni la financiación autonómica o, por ejemplo, la crisis migratoria que sufre España y nuestras fronteras o la falta de médicos en todo el país. Son temas fundamentales para todos los españoles y esto se tiene que abordar en esta conferencia que, recuerdo, lleva dos años sin celebrarse.»

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El informe indica que, debido a la falta de colaboración de ciertos intervinientes y a la carencia de potestades obligatorias de la universidad, no ha sido posible determinar si hubo un daño patrimonial. Este documento ha sido elaborado a raíz de diversas informaciones aparecidas en prensa sobre la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva.

La asesoría jurídica de la UCM ha detallado varios contratos y gastos en el marco de la cátedra, incluyendo una factura de 24.200 euros de la empresa Making Science Group S.A. para el desarrollo de la Plataforma Transforma TSC, un contrato menor de 18.148 euros para consultoría y asistencia, y un procedimiento abierto de 60.500 euros para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto en PYMEs.

La UCM también intentó verificar si hubo una utilización privativa o apropiación del producto, contactando a Begoña Gómez el pasado 11 de junio para solicitarle documentación. A pesar de su respuesta inicial indicando que estaba reuniendo la información solicitada, la universidad no recibió la documentación requerida.

La falta de colaboración de ciertos intervinientes impide a la universidad determinar daños económicos

Asimismo, se menciona que la UCM planeó celebrar una comisión mixta de seguimiento de la cátedra el 4 de julio, un día antes de la comparecencia de Gómez en los juzgados, la cual fue pospuesta por motivos personales alegados por Gómez.

En sus pesquisas, la UCM solicitó información al Registro de la Propiedad Intelectual y a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Descubrieron que existían dos marcas registradas a nombre de Begoña Gómez: «TSC – TRANSFORMACION SOCIAL COMPETITIVA» y «TSC. TRANSFORMA PLATAFORMA DE MEDICIËN DE IMPACTO SICAL Y MEDIOAMBIENTAL www.TransformaTSC.org«. La universidad asegura que no tenía conocimiento de estas marcas hasta que fueron publicadas en medios de comunicación.

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En una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa, Sánchez justificó esta medida como “la única manera de avanzar hacia una solución que todos reconocemos como la única posible: la de un Estado de Palestina que conviva junto al Estado de Israel en paz y en seguridad”. El presidente se comprometió a colaborar con la comunidad internacional para asegurar que este estado sea viable. “Debe ser viable, con Gaza y Cisjordania conectadas por un corredor y con Jerusalén Este como capital. Y con la Autoridad Palestina como gobierno legítimo. Una visión que está plenamente alineada con las resoluciones de Naciones Unidas y con la posición mantenida por la UE. Por eso no reconoceremos cambios en las líneas fronterizas de 1967 que no sean acordados por las dos partes”, declaró.

Frente a las reacciones de Israel, el jefe del Ejecutivo subrayó que esta decisión no es “contra nadie”. “Menos aún en contra de Israel, un pueblo amigo al que respetamos y apreciamos y con el que queremos mantener la mejor relación posible”, enfatizó Sánchez.

Pedro Sánchez también destacó que el reconocimiento del Estado de Palestina es una muestra de “nuestro rechazo frontal, rotundo, a Hamás, que está en contra de la solución de los dos estados. España condenó desde el primer momento y con toda contundencia los ataques terroristas del 7 de octubre, y esa condena es la expresión rotunda de nuestro compromiso absoluto en la lucha contra el terrorismo”, afirmó. Durante su declaración, el presidente expuso que a partir de hoy España defenderá “tres prioridades” para la resolución del conflicto en Oriente Próximo, cuya última escalada de violencia comenzó el pasado 7 de octubre con los ataques terroristas de Hamás en Israel y la posterior represalia del gobierno de Netanyahu en Gaza.

🔴EN DIRECTO

El presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, realiza una declaración institucional sobre el reconocimiento del Estado de Palestina. https://t.co/pVg3mdJXbH

— La Moncloa (@desdelamoncloa) May 28, 2024

“Para poner fin a una crisis sin precedentes en la franja de Gaza, hacemos un llamamiento a un alto el fuego permanente, a la entrada de ayuda humanitaria y a la liberación de rehenes por parte de Hamás”, reclamó Sánchez, señalando a la Autoridad Palestina como “socio para la paz”.

“La decisión que hoy adopta España se basa en el respeto al derecho internacional y la defensa del orden internacional basado en reglas, principios que nos guían siempre sea cual sea el contexto, tanto en Gaza como en Ucrania”, expresó. Sánchez aseguró que con este paso, España asume su “responsabilidad en la búsqueda de la paz, de la seguridad y la prosperidad de todos los pueblos, como indica el preámbulo de nuestra Constitución. Actuamos conforme a lo que se espera de un gran país como es España”, concluyó.

Con esta decisión, España se une a los más de 140 países en todo el mundo que ya reconocen a Palestina. Junto con España, Noruega e Irlanda también han dado este paso. En respuesta, Israel ha llamado a consultas a sus embajadores en los tres países y amenaza con consecuencias más graves en el futuro como represalia.

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El respaldo recibido en los últimos días, tanto de la militancia como de líderes autonómicos, figuras internacionales y representantes de la sociedad civil, ha influido en su cambio de opinión. En su carta del miércoles, describió estos ataques como «sin precedentes» y afirmó la necesidad de reflexionar junto a su esposa sobre la situación.

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A pesar de los reparos por la naturaleza privada del asunto, tanto en su partido como en otras formaciones políticas y sindicales, se hace un llamamiento para que el presidente permanezca en su puesto.

María Jesús Montero, vicepresidenta primera del PSOE, expresó su respaldo a Sánchez y afirmó que su equipo le envía energías positivas durante estos días de incertidumbre. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero también instó a una movilización de las bases del PSOE y la ciudadanía progresista para respaldar a Sánchez, evitando situaciones similares a las vividas en Portugal. Estos llamamientos se han materializado en convocatorias de movilizaciones en apoyo al presidente.

Mientras tanto, aliados políticos y parlamentarios del PSOE han expresado su apoyo a Sánchez, pidiendo que no abandone su cargo. Se destacan los mensajes de solidaridad de Comisiones Obreras, UGT y varios partidos políticos. Sin embargo, algunos también han planteado la posibilidad de una cuestión de confianza como una vía para resolver la situación actual. Moncloa y Ferraz enfrentan este periodo de espera como una tormenta política, sin poder anticipar la decisión final de Sánchez el próximo lunes y reconociendo que la dimisión es una posibilidad realista.

El sábado 27 de abril a las 11:00h se celebrará una concentración en apoyo al presidente en la sede del Partido Socialista, en calle Ferraz, 70. La intención de los socialistas madrileños es movilizar a las bases para generar un clima de apoyo en la sede socialista antes de que Sánchez haga pública su decisión.

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