El Partido Popular ganó este domingo las elecciones autonómicas de Extremadura al obtener 29 escaños, pero no alcanzó la mayoría absoluta, situada en 33 diputados, objetivo que la candidata María Guardiola había fijado para gobernar en solitario. El resultado obliga al PP a depender de Vox, que se convierte en un actor clave en la próxima legislatura. La suma de ambas formaciones supera el 60% de los votos, consolidando un bloque de derechas con amplia representación parlamentaria.

La convocatoria electoral fue adelantada por el Gobierno autonómico del PP ante las dificultades para aprobar los presupuestos y los problemas de negociación con Vox. Sin embargo, el resultado de las urnas no solo no despeja ese escenario, sino que lo refuerza. Guardiola mejora ligeramente su resultado respecto a las elecciones de 2023, cuando obtuvo 28 escaños y el 38,78% de los votos. En esta ocasión asciende hasta el 43,15%, un incremento de más de cuatro puntos porcentuales que no se traduce en una mayor distancia parlamentaria debido al fuerte crecimiento de Vox.

La formación liderada a nivel nacional por Santiago Abascal es una de las grandes protagonistas de la jornada electoral. Vox duplica sus apoyos, pasando del 8,13% al 16,89% de los votos, y aumenta su representación de 5 a 11 diputados. Este avance consolida su posición como tercera fuerza política en Extremadura y le otorga capacidad de influencia directa en la investidura y en la aprobación de futuras iniciativas legislativas del PP en la Asamblea autonómica.

En el bloque de la izquierda, Unidas por Extremadura mejora sus resultados al capitalizar parte del voto desencantado con el PSOE. La candidata Irene de Miguel pasa de 4 a 7 escaños, incrementando su porcentaje del 6,01% al 10,24%. En contraste, el PSOE, encabezado por Miguel Ángel Gallardo, sufre un fuerte retroceso al caer de 28 a 18 diputados, perdiendo más de 100.000 votos y cerca de 15 puntos porcentuales. Gallardo reconoció tras conocerse los resultados que se trata de “un resultado muy malo”. Con este reparto, el PP supera en escaños a la suma de PSOE y Unidas por Extremadura, pero queda obligado a negociar con Vox para garantizar la gobernabilidad de la comunidad.

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Estas herramientas podrían ponerse en práctica con inmediatez y buscan dar respuesta, entre otras cuestiones,  a las demandas planteadas por las personas con problemas de movilidad; más si cabe, tras reclamar recientemente la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA) al alcalde en este sentido, un plan de accesibilidad del municipio como mandata la Ley de promoción de la Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid.

Además, los populares aseguran haber «observado con preocupación cómo se ha derrochado un dineral en construir carriles bici con un uso muy limitado, que no vienen de ningún sitio y no van a ningún lado», así como la falta de soluciones ofrecidas a los propietarios de las cooperativas de garajes ante la falta de mantenimiento de las plazas públicas que están encima de los garajes con un doble riesgo: caídas producidas por el lamentable estado del pavimento y filtraciones de agua en los garajes con consecuencias para los vehículos y, «aún peor, peligro de derrumbe de techos y paredes».

El PP de Leganés plantea, para todas estas situaciones, la puesta en marcha de una Solución Integral Urbana (SIU), en la que sea el Ayuntamiento quien reaccione con celeridad a las demandas de los leganenses. Lo haría a través de una aplicación telemática en la que se puedan denunciar los problemas en el mantenimiento diario de la ciudad y un teléfono gratuito para que las personas no familiarizadas con las nuevas tecnologías, sobre todo los mayores, puedan advertir de estas contingencias… «Y lo más importante y obvio: arreglar lo que se rompa», señalan.

Apuntan también a otros problemas del mantenimiento urbano de la ciudad, como la falta de  iluminación que tienen muchos pasos de viandantes (San Nicasio, Leganés Central o Valdepelayos) y pasos de cebra.

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Un informe emitido hace pocos meses por Ecologistas en Acción es alertante. En el informe se señala que Leganés es el municipio con más vertidos ilegales de toda la Comunidad de Madrid, «acumulando una superficie residual equivalente a 200 campos de fútbol«.

La batería de cuestiones dirigidas al alcalde socialista Santiago Llorente abarcan la práctica totalidad de los barrios de Leganés y agrupa las seis formas reconocidas de suciedad que declara las Organización Mundial de la Salud (OMS) en su comisión de salubridad urbana: grasa, biológica, coloreada, óxidos metálicos y la suciedad producida por microorganismos.

Los Populares también han indicado que el alcalde deberá informar sobre el número de sanciones interpuestas por botellones y no recogida de excrementos caninos, expedientes abiertos a propietarios por no limpiar sus propiedades convertidas en vertederos ilegales, medidas para reducir la contaminación acústica, la implementación de servicio puerta a puerta u horarios selectivos para la recogida vidrio, medidas del Ayuntamiento para reducción de residuos y concienciar a la ciudadanía en favorecer la economía circular.

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A todo ello, el Ayuntamiento de Leganés contestó al PP indicando que “el Partido Popular vuelve a mentir y lo que dice es una absoluta aberración jurídicamente hablando”. Desde el Consistorio afirmaron que dicha concesión pasa por la Asesoría Jurídica, “que da el visto bueno a todo este proceso”. La Ley de Contratos establece que los contratos de concesión de servicios “pueden durar hasta 40 años si incluyen ejecución de obras y explotación, y de 25 años si solo incluyen la explotación“.

Por otro lado, el Tribunal de Contratación paralizó este pliego de publicidad a 25 años, pidiéndole al Ayuntamiento de Leganés el expediente completo del pliego de publicidad denunciado por el Partido Popular, dándole un plazo de dos días para la remisión de dicho expediente. Además, en el escrito, le recordaban al Consistorio la suspensión inmediata de la ejecución si el recurso estuviese dirigido contra el acto de adjudicación.

Inadmitido el recurso

Ahora, días más tarde, el Tribunal de Contratación no ha admitido el recurso presentado por el PP de Leganés por estar fuera de plazo. A esto Recuenco, ha anunciado en esta radio de Leganés, que admite la resolución del Tribunal. Es consciente de que el plazo era hasta el día 21 de septiembre y, aunque lo presentaron en Correos el 19 el sello llevaba fecha del 22. Por otro lado, «estamos pensando en acudir a lo contencioso administrativo«. Una idea que tiene el portavoz ya que considera que «es una barbaridad hipotecar el mobiliario urbano a 25 años».

También ha recordado el escrito que emitieron al Ayuntamiento de la localidad pidiendo la revocación del pliego, «pero aún no nos han contestado«. Con ello, Recuenco ha anunciado que continuarán con su lucha para evitar esta concesión a 25 años. Por último, el portavoz ha señalado que este contrato de publicidad tiene fecha de agosto algo que «hace pensar al respecto» ya que, según ha indicado, el mobiliario urbano, utilizado para la publicidad, fue renovado por la empresa adjudicataria «antes de saber que se la iban a conceder«.

Ante ello, el PP preguntó al Gobierno de Leganés sobre este hecho «y la contestación fue que no tenían constancia«. Dicho esto, el portavoz del Partido Popular de Leganés ha afirmado, contundentemente, que continuaran luchando por paralizar este concesión.

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El plan, dotado con 46 millones de euros en total, está gestionado por la Consejería de Medioambiente de la Comunidad de Madrid y fue publicado oficialmente en el BOCM el 5 de marzo 2022.

El Ayuntamiento de Leganés no ha accedido a la convocatoria, según el PP local, y “no será por falta de tiempo”, señala el líder de los populares, Miguel Ángel Recuenco, ya que si en un principio se podía acudir hasta el  26 de mayo, posteriormente se amplió el plazo al 25 de junio.

El candidato a la alcaldía por el PP critica el “poco compromiso medioambiental  del Gobierno socialista” y “lamenta que los ciudadanos de Leganés no recibirán un millón de euros de subvención”.

En el Pleno Municipal del pasado mes de junio, el Grupo Municipal Popular asegura que se formuló la siguiente pregunta: «¿Ha solicitado el Ayuntamiento de Leganés las ayudas económicas para la implementación de la normativa de residuos dotada con 46 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid? Si han sido solicitadas, ¿por cuánto importe?». La respuesta de la corporación socialista fue: “No”.

El PP enumera las subvenciones que el Ayuntamiento «ha dejado pasar» y señala que «es larga»: en 2020 se dejaron de ingresar 540.000 euros del PIR (Programa Regional de Inversión) por no acceder en los plazos previstos, y se tuvieron que devolver 279.612 euros de ayuda regional para cuatro programas de familias vulnerables. En 2021 se esfumaron 300.000 euros para la enseñanza pública“ por error técnico”. Y siguen: «Este ejercicio solo de los fondos NextGeneration de la Unión Europea se han perdido, al margen  de los 46 millones del ya citado programa de residuos, otros 5,4 millones dentro del plan de resiliencia -“por no leer las bases”, según el propio alcalde socialista-, y otros 300 millones para rehabilitar barrios antiguos de los que a Leganés le hubieran correspondido unos 10 millones.

También se han perdido 107.000 euros que destinaba específicamente la Comunidad de Madrid al Observatorio de Violencia de Género por no contar el Ayuntamiento con personal adecuado para gestionarlos; fondos para el equipamiento, obras y mejoras de locales juveniles de titularidad municipal  y otra dotación económica para fondos bibliográficos de los centros bibliotecarios municipales.

“El hecho de que Leganés sea la ciudad de la Comunidad de Madrid que más vertederos ilegales acumula, que los mismos sumen  la superficie de 200 campos de fútbol y que dejemos pasar una oportunidad para mejorar la gestión de nuestros residuos es, sencillamente, demencial”, concluye Recuenco.

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«Queda acreditado que el alcalde y su Gobierno saben fehacientemente que el Ayuntamiento de Leganés es moroso«, afirman en la interpelación firmada por Miguel Ángel Recuenco. Además, recuerdan que «la morosidad de un ayuntamiento se produce cuando el periodo medio de pago a proveedores pasa de los 30 días»

Desde el Partido Popular resaltan que el Ayuntamiento de Leganés ha aumentado el período medio de pago «a una velocidad vertiginosa». En enero, este período medio era de 58,4 días. Desde ahí, fue avanzando hasta llegar a los 115,38 días resultantes en el mes de mayo.

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“El alcalde socialista de Leganés, Santiago Llorente, vive de espaldas a las necesidades de sus vecinos, que piden una mayor protección para los viandantes. Nos consta que el Ayuntamiento ha recibido un sinfín de quejas sobre este problema y no han movido ni un dedo para solucionarlo. Es alucinante gastarse una millonada en asfalto y que no se piense en la seguridad de los peatones en los pasos de cebra”, ha manifestado Miguel Ángel Recuenco, portavoz del Partido Popular de Leganés.

El plan de viabilidad que propondrá el Grupo Municipal Popular al pleno incluye, entre otras actuaciones, mejoras en la iluminación, la construcción de pasos peatonales elevados en zonas donde existan colegios o parques, o la eliminación de barreras arquitectónicas para igualar el paso de los peatones a la altura de la calle.

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«Queremos que con tiempo los ciudadanos de cada municipio conozcan a los candidatos a la alcaldía en las elecciones de 2023«, ha destacado la presidenta de la Comunidad de Madrid, afirmando que «son personas muy comprometidas, que conocen sus municipios».

Al igual que Díaz Ayuso ha designado a Miguel Ángel Recuenco, también lo ha hecho con distintas candidaturas en la Comunidad de Madrid: la candidatura de Móstoles la encabezará Manuel Bautista; la de Alcalá de Henares, Judith Piquet; la de Fuenlabrada, Noelia Núñez; la de Getafe, Antonio José Mesa; la de Parla, José Manuel Zarzoso; la de San Sebastián de los Reyes, Lucía Fernández; la de Rivas, Jannette Novo; la de Coslada, Francisco Becerra; la de Valdemoro, David Conde; la de Arganda del Rey, Alberto Escribano; la de Pinto, Salomón Aguado; la de San Fernando de Henares, Alejandra Serrano; la de Galapagar, Carla Greciano; la de Paracuellos del Jarama, Jesús Múñoz, y el de Ciempozuelos, Héctor Añover.

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El PP de Leganés elevará su solicitud al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, a la presidenta de la Asamblea de Madrid, Eugenia Carballedo, y a los portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios representados en la Asamblea de Madrid. Del mismo modo, tachan de «imprescindible» que «el Gobierno de España homologue urgentemente la llegada de médicos extracomunitarios y cree la especialidad de urgencias y emergencias».

«El que diga que no faltan médicos en todas las comunidades autónomas, miente. El ministerio de Sanidad ha creado un cuello de botella burocrático impidiendo que haya más médicos en el mercado laboral. La solución pasa por facilitar la llegada de médicos extracomunitarios, que están deseando venir en cuanto se les homologue el título. Espero que el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, abandone la demagogia sanchista utilizando la Sanidad y haga como nosotros, proponer soluciones para ayudar a nuestros vecinos», declara Miguel Ángel Recuenco, portavoz del PP de Leganés.

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Desde la formación política afirman que el sistema para optar a las bonificaciones supone “una burla a los ciudadanos, ya que contempla una reducción del 95% pero para valores catastrales inferiores a 30.000€, del 75% para valores entre 30.000€ y 50.000€, del 50% para valores desde 50.000 a 70.000€, y por último, del 15% para valores superiores a 70.000€”.

“¿Cuántos vecinos podrían beneficiarse de estas bonificaciones irrisorias según los actuales valores catastrales de sus viviendas? Es algo prácticamente imposible por lo inusual del caso”, ha destacado Miguel Ángel Recuenco, portavoz de los populares de Leganés.

Del mismo modo, critican que “por si esto fuera poco, en el apartado que se refiere a las transmisiones tras fallecimiento, dice textualmente: Tratándose de la vivienda habitual, el adquiriente debe haber convivido con el causante los dos años anteriores al fallecimiento y continuar empadronado en dicha vivienda y no transmitirla durante los cuatro años siguientes a la concesión de la bonificación, salvo que falleciese dentro de ese plazo”.

“Me parece injusto que a un vecino se le cobre el 100% de los impuestos sobre la vivienda que hereda de sus padres, cuando ellos pagaron en vida infinitos impuestos sobre esa misma vivienda. Por eso planteamos una bonificación del 95% en el impuesto sobre la plusvalía de una vivienda ‘mortis causa”, ha manifestado Recuenco.

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