La incidencia de la gripe continúa aumentando en la Comunidad de Madrid y ha superado ampliamente el umbral epidémico, lo que ha llevado a la Consejería de Sanidad a reforzar las recomendaciones preventivas. Según el boletín epidemiológico correspondiente a la semana 49 de 2025, la tasa de incidencia se sitúa en 275,36 casos por cada 100.000 habitantes, muy por encima del umbral establecido en 22,38. En ese mismo periodo se han notificado 19.301 nuevos casos, lo que supone un incremento de 11.429 contagios respecto a la semana anterior, elevando el acumulado de la temporada 2025/2026 a 35.560 casos.

Ante esta evolución, Sanidad ha anunciado que a partir del lunes 15 de diciembre se recomendará el uso de mascarilla en hospitales y centros de salud de la región. La medida se suma a la recomendación ya vigente desde el jueves anterior en todas las residencias de mayores, con el objetivo de proteger a la población más vulnerable. Las autoridades sanitarias advierten además de que la cepa K del virus de la gripe, predominante este año, presenta una mayor capacidad de transmisión, lo que incrementa el riesgo de propagación comunitaria en las próximas semanas.

La Dirección General de Salud Pública prevé que la transmisión del virus continúe en ascenso al menos durante las dos próximas semanas, coincidiendo con el periodo previo a las Navidades, caracterizado por un aumento de la movilidad y de los encuentros sociales. Aunque el mayor número de casos se está registrando entre menores de 14 años, el mayor riesgo de complicaciones se concentra en las personas mayores y en quienes presentan patologías previas. Por ello, se aconseja a la población con síntomas respiratorios el uso de mascarilla en transporte público y en espacios cerrados concurridos, como centros comerciales.

Las medidas incluyen también el refuerzo de la vacunación contra la gripe, especialmente en el ámbito sociosanitario, tanto para residentes como para trabajadores que aún no se hayan inmunizado. La Comunidad de Madrid recuerda que el Hospital Enfermera Isabel Zendal funciona desde el 28 de noviembre como punto de vacunación para adultos sin cita previa, de lunes a viernes entre las 08:30 y las 20:30 horas. Con más de 1,4 millones de madrileños vacunados, el Gobierno regional insiste en que la vacunación es la herramienta más eficaz para prevenir complicaciones graves y frenar el impacto del actual repunte epidémico.

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El Tribunal Supremo celebra este jueves una vista clave para determinar si el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García ingresan en prisión provisional, como solicitan las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular (PP). La sesión, dirigida por el magistrado Leopoldo Puente, busca valorar si existe riesgo de fuga de cara al juicio por las presuntas irregularidades en contratos públicos de compra de mascarillas durante la pandemia. La decisión final se conocerá una vez el tribunal analice los argumentos de las partes y revise las medidas cautelares actualmente vigentes.

El juez citó a Ábalos a las 10:00 horas, manteniendo esta hora sin modificaciones, mientras que la comparecencia de García, inicialmente prevista a las 11:00, fue pospuesta a las 12:30 para permitir que su defensa asista también a la declaración del empresario Víctor de Aldama, señalado como presunto intermediario en la trama, ante la Audiencia Nacional. Puente justificó que no era necesario que el abogado de García estuviera presente en la vista de Ábalos, por lo que solo ajustó la convocatoria del exasesor. Ambos siguen sometidos a las medidas cautelares decretadas previamente: retirada del pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial.

Las acusaciones populares sostienen que existen «indicios racionales de criminalidad» y que la gravedad de los delitos imputados justificaría el ingreso inmediato en prisión. Argumentan además que la elevada petición de pena podría favorecer el riesgo de fuga y dificultar el correcto desarrollo del proceso judicial. Estas peticiones se elevaron formalmente tras la presentación de los escritos de acusación por parte de la Fiscalía y las acusaciones civiles.

La Fiscalía Anticorrupción solicita para Ábalos una pena de 24 años de prisión y para García 19 años y medio, ambos acusados de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. Además, el Ministerio Público reclama multas económicas que rondan los 3,9 millones de euros. Las acusaciones populares, por su parte, elevan su petición hasta los 30 años de cárcel para cada uno, añadiendo los delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial. La resolución del Supremo marcará un punto decisivo en el avance del caso y en las condiciones en que los acusados afrontarán el juicio.

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Este miércoles 20 de agosto, la Comunidad de Madrid inicia la jornada con una situación desfavorable de calidad del aire en la mayoría de sus municipios. Los registros de las estaciones regionales indican niveles elevados de partículas en suspensión, lo que afecta la visibilidad y la salud respiratoria de la población.

El fenómeno se debe a la intrusión de polvo proveniente del sur, que se combina con humo y partículas emitidas por los incendios forestales activos en varias zonas de España. Esta superposición ha generado un aumento en la concentración de contaminantes en el aire, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos evitar la práctica de ejercicio físico al aire libre, utilizar mascarillas para las personas con problemas respiratorios, mantener ventanas cerradas y prestar atención especial a los grupos más vulnerables, incluyendo niños y personas mayores. Además, se sugiere priorizar el uso del transporte público para reducir emisiones adicionales que agraven la calidad del aire.

El impacto de esta situación también tiene implicaciones para la salud pública, ya que la exposición prolongada a partículas finas puede agravar enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Las autoridades regionales continúan monitorizando la calidad del aire y actualizarán las recomendaciones según la evolución de los contaminantes. Se recuerda a la población seguir las indicaciones oficiales y tomar precauciones mientras persistan estas condiciones.

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La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la ampliación de la investigación contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un posible delito de corrupción en los negocios. La decisión confirma la apertura de una pieza separada para analizar su relación comercial con Quirón Prevención, parte del mayor grupo sanitario de la región.

El tribunal ha desestimado el recurso presentado por González Amador, quien solicitaba cerrar la nueva línea de investigación. Los jueces han argumentado que solo una indagación exhaustiva permitirá determinar si existieron operaciones económicas irregulares y su posible repercusión legal. Esta decisión respalda la postura de la magistrada Inmaculada Iglesias, quien ordenó en octubre la apertura de esta fase tras una solicitud del PSOE y Más Madrid.

Uno de los puntos clave de la investigación es un supuesto soborno de 500.000 euros dirigido a la esposa de Fernando Camino Maculet, presidente de Quirón Prevención. La Fiscalía sostiene que esta cantidad fue abonada tras la compra de una empresa sin valor real, sin empleados ni apenas activos. Según la Agencia Tributaria, esta operación carecía de justificación económica y podría haber servido para ocultar pagos irregulares.

Además, se investiga si González Amador utilizó una sociedad pantalla, Materman SL, para evitar declarar ingresos de Maxwell Cremona, otra de sus empresas. La compra de la compañía sin valor tuvo lugar en 2020, poco después de que González Amador obtuviera casi dos millones de euros en comisiones por la venta de mascarillas en plena pandemia. La acusación popular considera que este pago inflado podría haber sido un intento de reparto de beneficios derivados de esas operaciones.

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La medida se adopta tras la disminución de la incidencia de virus respiratorios en la región. El Ministerio de Sanidad había establecido la obligatoriedad de las mascarillas en estos entornos el pasado 10 de enero de forma «indefinida».

La nueva orden que elimina esta obligatoriedad se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) este miércoles, convirtiendo el uso de mascarillas en una recomendación.

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Esta medida representa un hito en el control de la pandemia y refleja la evolución de la situación sanitaria en el país. Desde el inicio de la crisis, el uso de mascarillas ha sido una medida fundamental para prevenir la propagación del virus, pero gracias al avance de la vacunación y a la disminución de los casos, se ha considerado oportuno flexibilizar su uso en determinados entornos. No obstante, es importante recordar que la responsabilidad individual y el seguimiento de las recomendaciones sanitarias siguen siendo cruciales para garantizar la seguridad de todos. La sociedad española se adapta a este nuevo escenario, confiando en que la prudencia y la responsabilidad colectiva permitirán seguir avanzando hacia la superación definitiva de la pandemia.

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“El Hospital lanzó una llamada de socorro a todas las instituciones y a toda la población, con la necesidad de adquirir material de autoprotección de todas las características, en especial, mascarillas FFP3, que son las de máxima protección”, ha narrado Llorente, según los acontecimientos del pasado marzo de 2020.

En aires de seguir con el relato de los acontecimientos afirma que “no pudimos comprarlas a través del Ayuntamiento de Leganés porque era material para otra administración”.

“Nuestro objetivo era apoyar al Hospital Severo Ochoa”

Del mismo modo, pretende acabar con cualquier tipo de duda respecto a las informaciones que copan estas semanas los medios de comunicación: “Cuando estos días se está diciendo que estas mascarillas FFP3 han costado el doble, efectivamente, pero son mascarillas diferentes”. El objetivo con la compra de las mascarillas referidas era con un único objetivo: “Apoyar al Hospital Severo Ochoa y a sus profesionales”, defiende.

A ULEG: “Me parece vergonzoso que se haga política”

Tras la denuncia ante la Fiscalía conocida en el día de ayer, Llorente ha destacado que “se haga política me parece vergonzoso, porque sale en un momento al albur de otro tipo de casos que hay en otras administraciones”, aunque muestra seguridad en el proceso: “Personalmente estoy tranquilísimo, porque hice lo que tenía que hacer en aquel momento. Si hubiese encontrado esas mascarillas a 14 euros, también las hubiera comprado. Eran momentos dramáticos, en marzo de 2020”.

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En la denuncia, Delgado se ampara en los artículos 259, 262 y 264 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que impone obligación “a quienes presenciaren o tuvieren noticia de la comisión de cualquier delito público”.

Según este diario digital, “los denunciantes sospechan que el mecanismo de compra de material sanitario es irregular, tomando varias facturas como prueba del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca, del Partido Socialista Catalán (PSC). Al parecer, se habrían suministrado 4.000 mascarillas a 12 euros cada una”.

El propio ULEG llevó al Pleno municipal una petición con la propuesta de poner en marcha una comisión de investigación sobre la gestión de las donaciones a la Fundación Juan Muñoz durante la pandemia. De esta, aún no se ha celebrado ninguna sesión.

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Dirigiéndose a Juan Lobato, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid y secretario general del PSOE madrileño, Serrano comienza su intervención afirmando que “usted tiene a sus alcaldes buscando contratos y buscando cosas. Le voy a ayudar, le voy a dar otro ejemplo de un alcalde al que usted puede preguntar: Leganés, 1 de abril de 2020, la misma fecha en la que la Comunidad de Madrid estaba firmando la memoria justificativa de las mascarillas de Priviet Sportive”.

Con ironía durante toda su intervención, el portavoz popular cuestiona: “¿Qué hace el Ayuntamiento de Leganés? El alcalde de Leganés, a través de la Fundación Juan Muñoz, que él preside. Comprar mascarillas, igual que hacía la Comunidad de Madrid. La Comunidad las compraba a cinco euros. ¡Qué escándalo, cinco euros! ¡No ha habido nada más caro en España! ¿Qué hace esa Fundación que preside su alcalde? Comprarlas a 10 euros”.

Por último, ante el jaleo de la bancada que preside Díaz Ayuso, Alfonso Serrano finaliza: “¿Sabe a quién se las compraba? A un compañero suyo, a un alcalde socialista de un pueblo de Cataluña. ¿Me puede decir qué hace un alcalde socialista comprando mascarillas a otro alcalde socialista al doble de lo que los compró al Comunidad de Madrid en la misma fecha?”.

¿Puede explicar @juanlobato_es qué hace un alcalde socialista comprando mascarillas a otro alcalde socialista al doble de precio que las compra la Comunidad de Madrid? @SerranoAlfonso pic.twitter.com/hNpaYkAkPy

— PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) April 7, 2022

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Estas peticiones se formularán en la reunión técnica previa al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del jueves. En concreto, los aislamientos en las residencias de mayores serán de cinco días, con 24 horas sin sintomatología, mientras que para el caso de los pacientes que se encuentren hospitalizados también sería de cinco días, incluyendo en este caso una prueba negativa o carga viral baja.

Dentro de la Estrategia de detección, vigilancia y control del coronavirus, la Comunidad de Madrid eliminará también la realización de pruebas de diagnóstico de infección activa con carácter general. Los profesionales sanitarios establecerán los análisis bajo su criterio, tras una valoración clínica, atendiendo a los síntomas y al perfil del paciente, pero no serán preceptivas ante todas las sospechas de casos. Sí estarán indicadas para aquellas personas más vulnerables o que convivan en entornos vulnerables.

Cambios organizativos asistenciales

Por otro lado, la Consejería de Sanidad va a normalizar los circuitos asistenciales dentro de los centros sanitarios. De manera progresiva, se van a suprimir los controles de entrada en los centros de salud y hospitales, manteniendo el uso adecuado de mascarilla para el acceso, permitiéndose los acompañamientos y visitas con carácter general. Además, se revisarán los circuitos COVID y no COVID en los centros sanitarios para mantener la separación solo por motivos de estructura y tipo de pacientes.

Cambios en las medidas preventivas frente al COVID

Del mismo modo, la Consejería de Sanidad actualizará algunas de las medidas vigentes frente a la COVID, mediante una próxima Orden del consejero que permitirá el consumo de bebida y comida en los eventos y espectáculos públicos en los que el público asista de pie, como conciertos en espacios multiusos, y también se podrá volver a consumir en las zonas destinadas a pistas de baile. Salvo el momento del consumo de comidas y bebidas, el uso de la mascarilla en esas situaciones de momento seguirá siendo obligatorio.

Asimismo, la Comunidad de Madrid va a proponer al Ministerios de Sanidad que se excluyan las indicaciones de la distancia de seguridad de 1,5 metros como medida de prevención en todos los entornos, incluido en los centros de trabajo, siendo necesario el mantenimiento de una ventilación adecuada y el lavado de manos.

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