La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, no se presentó este sábado a la citación ante el juez Peinado, en el marco de la investigación por un presunto delito de malversación. La ausencia se extendió también a Francisco Martín, delegado del Gobierno, y a Cristina Álvarez, asesora de Gómez, dejando la comparecencia únicamente a sus representantes legales. En esta sesión, el magistrado debía determinar si la causa seguirá con juicio de jurado popular.

Los investigados argumentan que, según una circular de la Fiscalía, no están obligados a acudir personalmente y que basta la presencia de sus abogados. Sin embargo, el juez Peinado recordó la vigencia de la citación y llamó a los tres a presentarse, mientras que los letrados insistieron en ampararse en la mencionada directriz. A pesar de la ausencia, se activó el dispositivo de seguridad y se había solicitado que Gómez accediera por el garaje de los Juzgados de Plaza de Castilla.

Tras la comparecencia, las acusaciones pidieron que Gómez sea llevada a juicio, mientras que la Fiscalía y el abogado de la investigada solicitaron el sobreseimiento de la causa, al considerar que los hechos no constituyen delito. Según el Ministerio Público, ninguno de los tres investigados es funcionario, por lo que no habría indicios de malversación. Además, la abogacía del Estado defendió que la responsabilidad de la labor de Álvarez recaía en el jefe de gabinete de entonces, Iván Redondo, y no en Francisco Martín.

Gómez había comparecido en cuatro ocasiones anteriores ante Peinado, y esta cita se produce seis meses después de la apertura de la pieza separada sobre la contratación de su asesora. La investigación continúa pendiente de recibir correos electrónicos y listados oficiales que podrían esclarecer la relación institucional y laboral de Álvarez y de otras personas vinculadas a Presidencia del Gobierno. La imputada también enfrenta acusaciones de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida de marca.

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Este nuevo recurso se suma así a otro de las mismas características ubicado en los juzgados de Violencia sobre la Mujer de la calle Albarracín de Madrid, que comenzó a funcionar en octubre del año pasado. Hasta la fecha, cerca de 350 menores han recibido cuidados personalizados de manos de un equipo de profesionales, que suelen permanecer entre 30 minutos y dos horas, facilitando así la conciliación de la vida familiar y en sus relaciones con la Administración de Justicia.

El nuevo espacio se encuentra ubicado en la tercera planta del ala derecha de los Juzgados de Plaza de Castilla. Ocupa 50 metros cuadrados y dispone de mobiliario, juegos y materiales adaptados para la población de 0 a 17 años. La Dirección General de Infraestructuras Judiciales de la Comunidad de Madrid ha invertido en estas obras de adaptación algo más de 31.000 euros.

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En la sentencia, según este medio, el magistrado admite la reclamación de un profesor de viola que suscribió un contrato  que “se extenderá hasta la fecha en que se proceda a la cobertura con carácter fijo de la plaza vacante cuyo desempeño se atribuye al trabajador”, es decir, “si se produjera la amortización de la plaza puesto objeto” del contrato.

El magistrado, de este modo, falla contra el Consistorio por despido improcedente, un Ayuntamiento que en sus alegaciones ya declaró que “para el supuesto de prosperar la tesis de la demandante, sobre declaración de improcedencia, se opta por la indemnización”.

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Enrique López ha destacado esta unificación y mejora dentro del proyecto Justicia 21×21 de modernización de sedes, en el que el Ejecutivo autonómico invertirá 100 millones de euros en el cuatrienio 2019-2023. “El propósito es lograr una mayor calidad, calidez y humanización de un servicio tan básico para los ciudadanos”, ha señalado. “El gran proyecto de futuro en el ámbito de las infraestructuras judiciales es, sin duda, la Ciudad de la Justicia de Madrid, cuyas obras arrancarán el próximo año. Sin embargo, en esta Administración tenemos la firme intención de continuar dando soluciones reales, a corto y medio plazo, a las necesidades de todos los partidos judiciales de la región”.

En este último se han incorporado la presentación de escritos y documentos a través de la herramienta informática LEXNET; la de demandas y escritos a través de la sede electrónica; la tramitación del procedimiento a través del Sistema de Gestión Procesal; el visor de expedientes; el sistema de grabación de audiencias previas y juicios -11.645 de ellos celebrados de manera telemática durante 2021- mediante el sistema Efidelius y el portafirmas electrónico. “Las cifras del último año en el 101 Bis hablan por sí solas: un 99% de los asuntos iniciados en este espacio durante 2021 lo fueron por vías telemáticas; un 99% de los escritos se presentaron digitalmente; un 93% de documentos firmados electrónicamente por magistrados, jueces y letrados; y 136 notificaciones telemáticas, casi el doble de las registradas en 2018. Se trata de una clara muestra de la apuesta de la Comunidad de Madrid por dotar a los espacios judiciales de los medios materiales necesarios para lograr una Justicia propia del siglo XXI”, ha recordado López.

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Así lo ha trasladado el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, en la reunión de la Comisión Mixta cuyo objetivo es tratar semestralmente asunto de interés común tanto para el Ejecutivo regional como para los letrados de la Administración de Justicia.

Además, ha explicado que estas medidas sirven para «agilizar aquellos trámites y actuaciones registrales que, debido a la pandemia, fueron postergadas para atender aquellas que eran esenciales en el contexto de una crisis sanitaria». Precisamente, ha añadido el consejero, «en el Registro Civil se ha implantado un nuevo modelo de aplicación informática denominada DIGIREG, lo que, unido a la incorporación del personal, mejorará sin duda la atención a los expedientes y a la ciudadanía».

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