Vecinos de Leganés se han puesto en contacto con LGN Medios para transmitir su preocupación por la oleada de robos a taxistas en la ciudad.
Un vecino de Leganés Norte denunció ante las autoridades el intento de robo en su propio garaje. Los delincuentes usaron un extintor como arma para intentar conseguir los artículos que se encontraban en el interior del coche. Al parecer, el dispositivo ante incendios se abrió, dejando los coches de alrededor llenos de polvo, algo que también provocó que abandonaran el lugar con la acción a medias.

Por otro lado, otro caso más impactante se ha dado lugar en un garaje de Zarzaquemada. Alrededor de la Rotonda de La Noria, todos los coches de taxistas han sido atracados, dejando ventanas rotas y vehículos destrozados.
Según la Policía Nacional, se trata de individuos que intentaban buscar dinero dentro de los automóviles, aunque en este caso, sin éxito.

Además, esto provoca alerta ante los vecinos, ya que no solo coches de taxistas están siendo intervenidos, la oleada de robos a coches particulares también está siendo llamativa en el municipio, igualmente en garajes particulares o parkings al aire libre. La Policía Nacional sigue investigando las zonas y vehículos afectados para intentar encontrar causas o posibles culpables.

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El Gobierno de España y la Iglesia católica han alcanzado un acuerdo histórico para habilitar un nuevo mecanismo de reparación para las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico cuyos casos ya no pueden resolverse por la vía judicial. Este nuevo procedimiento permitirá que los afectados accedan a un proceso de reconocimiento y compensación sin necesidad de acudir a los tribunales ni a los órganos internos de la Iglesia, ofreciendo una alternativa institucional respaldada por el Estado.

El acuerdo ha sido cerrado por el Ministerio de Justicia, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos, y se articulará a través del Defensor del Pueblo, que actuará como canal independiente para la recepción y evaluación de los casos. Esta fórmula responde a la situación de numerosas víctimas cuyos delitos han prescrito o no pueden ser juzgados, pero que reclaman algún tipo de reparación moral, social o económica. La participación del Defensor del Pueblo busca reforzar las garantías de neutralidad, transparencia y confianza en el proceso.

La firma oficial del pacto tendrá lugar este jueves a las 9:30 horas en el Palacio de Parcent, sede del Ministerio de Justicia en Madrid. El documento será rubricado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, junto a los presidentes de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, y de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego. Tras el acto, el ministro comparecerá en rueda de prensa para detallar el alcance del acuerdo y su aplicación práctica.

Este entendimiento se produce después de que la Iglesia aceptara, a finales de noviembre, la propuesta del Ejecutivo para ofrecer una vía alternativa al Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (PRIVA), impulsado previamente por la propia institución eclesiástica. Muchas víctimas habían rechazado acudir a los mecanismos internos de la Iglesia, lo que evidenció la necesidad de un sistema mixto entre Iglesia y Estado, con participación de las víctimas y con las reparaciones asumidas por la Iglesia. El acuerdo supone un paso relevante en el reconocimiento institucional del daño causado y en la construcción de un marco de respuesta para situaciones que hasta ahora carecían de una solución efectiva.

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Directivos de Deloitte declararon este lunes ante el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid que Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, estuvo presente en algunas reuniones relacionadas con la cátedra universitaria que la esposa del presidente del Gobierno codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Según las declaraciones prestadas ante el juez Juan Carlos Peinado, la asesora acompañó a Gómez en determinados encuentros con la consultora, aunque los testigos subrayaron que no tuvo un papel activo ni intervino en las decisiones tratadas.

Entre los comparecientes se encontraban el presidente de Deloitte España, Héctor Flórez, así como otros dos cargos de la compañía, Juan Pedro Gravel y Carmen Sánchez, quienes acudieron en calidad de testigos. De acuerdo con fuentes jurídicas, Gravel confirmó que Álvarez asistió a alguna reunión y que la percibía como una colaboradora cercana de Gómez. Por su parte, Flórez afirmó que no mantenía relación personal con la esposa del presidente del Gobierno, aunque reconoció haberla saludado en una ocasión puntual, siempre según las mismas fuentes.

El magistrado Peinado citó a los representantes de Deloitte para esclarecer la relación de la consultora con la cátedra codirigida por Gómez, así como el desarrollo de una plataforma digital vinculada a dicha actividad académica. Además de las declaraciones, el juez solicitó a Deloitte y a otras empresas que aporten agendas, actas y documentación de las reuniones mantenidas en el marco del proyecto tecnológico alojado en el dominio transformatsc.org, asociado al ‘software’ universitario que centra parte de la investigación judicial.

Begoña Gómez figura como investigada por un total de cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo profesional y malversación. La causa se articula en torno a cuatro líneas de investigación principales, entre ellas la gestión de la cátedra y de dos másteres en la UCM, la supuesta apropiación del ‘software’ desarrollado, la relación con el empresario Juan Carlos Barrabés, también investigado, y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora en Moncloa, quien igualmente está imputada. El avance de estas diligencias busca determinar si existieron irregularidades administrativas o penales en el entorno académico y profesional analizado.

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La Policía ha remitido a la Justicia una denuncia presentada por una mujer que acusa al expresidente del Gobierno Adolfo Suárez de presuntos abusos y agresiones sexuales continuadas. Según el escrito, los hechos denunciados habrían ocurrido entre 1982 y 1985, cuando la denunciante tenía 17 años y Suárez alrededor de 50. La denuncia, de ocho páginas, describe varios episodios que, siempre según su testimonio, habrían tenido lugar tanto en el despacho como en la vivienda del entonces líder del CDS. Las actuaciones policiales consisten en la remisión del documento a la autoridad judicial para su valoración.

En el relato, la mujer —que utiliza el nombre ficticio de Ariadna para preservar su identidad— afirma haber sufrido violencia sexual, incluyendo una felación forzada y un intento de penetración. Califica ese periodo de tres años como una etapa de “tortura” que marcó su vida personal y emocional. De acuerdo con la denuncia, los hechos estarían prescritos, dado el tiempo transcurrido, circunstancia que impediría la persecución penal. No obstante, la denunciante expone que su objetivo principal es hacer público su testimonio y obtener una forma de reparación simbólica.

Ariadna sostiene que necesitó años de terapia psicológica para afrontar las secuelas derivadas de lo ocurrido y que, en la actualidad, experimenta una revictimización al ver cómo determinados relatos mediáticos o producciones audiovisuales ensalzan la figura histórica de quien identifica como su agresor. En este contexto, la jurista María Naredo, que la ha asesorado durante el proceso, ha explicado que la denuncia persigue la difusión del relato en primera persona como vía de reconocimiento y reparación, más allá de las consecuencias penales.

Además de señalar al expresidente, la denuncia menciona a dos personas de su entorno como posibles cómplices o encubridores, solicitando que estos extremos sean investigados. La mujer también pide que se retire el nombre de Adolfo Suárez del aeropuerto madrileño de Barajas, una solicitud que abre un debate sobre la memoria histórica, el tratamiento público de las denuncias por violencia sexual y los límites entre la responsabilidad penal prescrita y la responsabilidad social. Corresponderá ahora a la autoridad judicial determinar el alcance de las actuaciones a seguir.

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El Tribunal Supremo ha condenado a Eduardo Inda y a la empresa editora Dos Mil Palabras S.L., responsable de Okdiario, por vulnerar el derecho al honor del exlíder de Podemos Pablo Iglesias al difundir informaciones falsas sobre un supuesto cobro de 272.325 euros procedentes del Gobierno de Venezuela a través de un banco en el paraíso fiscal de Islas Granadinas. La Sala Civil impone una indemnización de 18.000 euros, la publicación de una nota de rectificación con los argumentos esenciales del fallo y la retirada de los artículos, además de impedir su indexación en motores de búsqueda.

Los hechos se remontan a los días 6, 7 y 8 de mayo de 2016, cuando Okdiario publicó varias piezas asegurando que Iglesias había recibido pagos encubiertos como asesorías, ilustradas con una supuesta orden de pago. Dichas informaciones fueron amplificadas por Inda en televisión y en redes sociales. Según el medio, los hechos habrían ocurrido en 2014, poco después de la inscripción de Podemos como partido político. La sentencia subraya que estas publicaciones se enmarcaron en un contexto de guerra sucia contra adversarios políticos durante el periodo 2012-2017.

En su análisis, el Supremo reconoce que el asunto tenía interés general, pero centra la controversia en el requisito de la veracidad. Los magistrados destacan que el texto original del periodista incluía cautelas —como “supuesto” o “presunto”— y se refería a la existencia de una investigación, no a un pago acreditado. Sin embargo, por orden de la dirección, se modificó el titular y el contenido, eliminando dichas cautelas y presentando el pago como un hecho cierto.

Además, el tribunal considera relevante la declaración del exdirector adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, quien negó que existiera una verificación de los documentos, al tratarse de fotocopias y de una investigación embrionaria. En consecuencia, la Sala concluye que la información no se basó en fuentes objetivas y fiables, por lo que la lesión del honor de Iglesias no queda amparada por la libertad de información. La decisión revoca resoluciones previas y fija un criterio sobre la responsabilidad editorial y el rigor exigible en informaciones de alto impacto público.

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La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido este jueves a Julio Martínez, presidente de Plus Ultra, y a Roberto Roselli, director ejecutivo de la aerolínea, en una operación relacionada con presunto blanqueo de capitales. La actuación policial incluyó el registro de la sede de la compañía y se mantiene abierta mientras el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid continúa con la investigación bajo secreto de sumario, con la participación de la Fiscalía Anticorrupción.

La aerolínea se encuentra en el centro de la polémica desde que el Gobierno español otorgara un rescate de 53 millones de euros durante la pandemia de COVID-19. El caso ya había sido investigado previamente por el mismo juzgado, que en enero de 2023 decidió archivar la causa por presuntas irregularidades en la concesión pública. En aquel momento, la jueza Esperanza Collazos señaló que los imputados carecían de capacidad de decisión, ya que la aprobación del rescate correspondía al Consejo de Ministros, estableciendo que no había base para declarar investigados a los responsables de la aerolínea.

La magistrada destacó que, con los datos disponibles, no era posible practicar nuevas diligencias y que la acción penal debía dirigirse únicamente a quienes tuvieran capacidad de decisión sobre la subvención. La resolución subrayaba que los representantes de Plus Ultra no ejercieron influencia sobre la decisión del Gobierno, reforzando la idea de que la responsabilidad legal recaía en el órgano ministerial que aprobó la ayuda económica.

El reciente arresto de Martínez y Roselli se produce en el marco de nuevas investigaciones que buscan determinar la posible comisión de delitos financieros relacionados con el manejo de los fondos públicos y la actividad económica de la aerolínea durante y después de la pandemia. La operación se encuentra en fase inicial, y se espera que las próximas diligencias aclaren el alcance de las actuaciones irregulares, así como la eventual responsabilidad penal de los directivos.

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José Luis Ábalos ha presentado su primera solicitud de vis a vis íntimo desde su ingreso en la cárcel de Soto del Real, un trámite que deberá ser analizado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, encargada de autorizar o denegar la petición en el plazo de una semana. Según fuentes penitenciarias, el exministro ha incluido en su solicitud los datos necesarios para acreditar su relación con la persona con la que desea mantener el encuentro, tal y como exige la normativa. Aunque oficialmente no se ha confirmado la identidad, diversos indicios apuntan a Andrea, su expareja, con quien habría retomado el contacto en los últimos días.

El entorno de Ábalos y Koldo permanece bajo medidas de seguridad reforzada. En el módulo 13 se realizan cacheos diarios y revisiones con perros entrenados con el fin de evitar filtraciones de imágenes de los internos, especialmente tras episodios ocurridos en el pasado con otros reclusos mediáticos. En medio de esta rutina estricta, una de las novedades en la celda que comparten Ábalos y Koldo es la instalación de una televisión adquirida por el exministro en el economato, por un precio cercano a los 200 euros. La operación incluso generó anécdotas entre los funcionarios, después de que Ábalos tuviera dificultades con la instalación del aparato.

Fuentes penitenciarias señalan que el trato de Ábalos y Koldo con funcionarios y compañeros se mantiene correcto y sin incidentes, y que ambos han adaptado sus rutinas: mientras Koldo dedica buena parte del tiempo al deporte, Ábalos centra sus energías en comunicaciones con el exterior, además de mantener reuniones constantes con sus abogados para preparar su estrategia de defensa en el caso de las mascarillas.

El horizonte judicial se ha tensado tras conocerse que el magistrado Leopoldo Puente apuesta por mantenerles en prisión hasta la celebración del juicio. Esto implica que Ábalos, Koldo y Aldama deberán sentarse ante el Tribunal Supremo, mientras el exministro afronta además la pérdida de su sueldo como diputado, su principal fuente de ingresos. Esta decisión judicial prolonga la incertidumbre sobre su situación personal y procesal, mientras continúa su adaptación a la vida en prisión.

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El Tribunal Supremo celebra este jueves una vista clave para determinar si el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García ingresan en prisión provisional, como solicitan las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular (PP). La sesión, dirigida por el magistrado Leopoldo Puente, busca valorar si existe riesgo de fuga de cara al juicio por las presuntas irregularidades en contratos públicos de compra de mascarillas durante la pandemia. La decisión final se conocerá una vez el tribunal analice los argumentos de las partes y revise las medidas cautelares actualmente vigentes.

El juez citó a Ábalos a las 10:00 horas, manteniendo esta hora sin modificaciones, mientras que la comparecencia de García, inicialmente prevista a las 11:00, fue pospuesta a las 12:30 para permitir que su defensa asista también a la declaración del empresario Víctor de Aldama, señalado como presunto intermediario en la trama, ante la Audiencia Nacional. Puente justificó que no era necesario que el abogado de García estuviera presente en la vista de Ábalos, por lo que solo ajustó la convocatoria del exasesor. Ambos siguen sometidos a las medidas cautelares decretadas previamente: retirada del pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial.

Las acusaciones populares sostienen que existen «indicios racionales de criminalidad» y que la gravedad de los delitos imputados justificaría el ingreso inmediato en prisión. Argumentan además que la elevada petición de pena podría favorecer el riesgo de fuga y dificultar el correcto desarrollo del proceso judicial. Estas peticiones se elevaron formalmente tras la presentación de los escritos de acusación por parte de la Fiscalía y las acusaciones civiles.

La Fiscalía Anticorrupción solicita para Ábalos una pena de 24 años de prisión y para García 19 años y medio, ambos acusados de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. Además, el Ministerio Público reclama multas económicas que rondan los 3,9 millones de euros. Las acusaciones populares, por su parte, elevan su petición hasta los 30 años de cárcel para cada uno, añadiendo los delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial. La resolución del Supremo marcará un punto decisivo en el avance del caso y en las condiciones en que los acusados afrontarán el juicio.

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Un hombre de 49 años ha sido detenido en el distrito madrileño de Usera acusado de violar a su vecina, una mujer de 43 años. El presunto agresor y la víctima residían en la misma planta de un edificio en el barrio de Zofío, y el último episodio habría ocurrido la pasada medianoche del lunes, cuando la mujer se encontraba limpiando el descansillo de su puerta.

Según fuentes policiales citadas por El Mundo, el detenido habría abusado de la víctima en ocasiones anteriores, aunque estas agresiones previas no habían sido denunciadas. La mujer logró gritar, lo que alertó a los vecinos, quienes rápidamente llamaron al 112. Gracias a esta intervención, los agentes de la Policía Nacional pudieron localizar y detener al sospechoso tras refugiarse en su propio domicilio.

El presunto agresor, de nacionalidad española y origen boliviano, permanece bajo custodia policial mientras se investigan los hechos. La víctima, de nacionalidad china, ha recibido asistencia psicológica y médica tras la agresión. Las autoridades recuerdan la importancia de la colaboración vecinal y la denuncia de situaciones de riesgo para prevenir delitos de este tipo.

El caso ha generado preocupación en la comunidad local y subraya la necesidad de reforzar la seguridad en los edificios residenciales. La investigación continúa abierta, y la Policía Nacional trabaja para recopilar pruebas y testimonios que permitan esclarecer los antecedentes y responsabilidades del detenido, asegurando que se cumpla con el procedimiento judicial correspondiente.

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El Teatro Barceló continuará abierto después de que la Justicia haya aceptado las medidas cautelares solicitadas por los promotores del local, dejando en suspenso el precinto decretado por el Ayuntamiento de Madrid. Así lo ha confirmado este miércoles el delegado de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad, Borja Carabante, quien recordó que el cierre administrativo se había fijado para el 20 de noviembre como consecuencia de dos infracciones calificadas como graves por comprometer la seguridad de los usuarios. Según explicó, la sala superó en dos ocasiones el aforo máximo permitido, establecido en 990 personas, motivo por el cual la Agencia de Actividades (ADA) había ordenado el cese de actividad durante un año.

Carabante detalló que la decisión municipal respondía a informes de la Policía Municipal, que constató el exceso de capacidad, un incumplimiento que el Ayuntamiento considera un riesgo directo en materia de evacuación y seguridad interior. No obstante, los responsables del Teatro Barceló recurrieron la resolución ante los tribunales y solicitaron medidas cautelarísimas para evitar el cierre mientras se analiza el fondo del caso. Estas medidas han sido finalmente estimadas, lo que deja sin efecto, por ahora, la orden de precinto. “El precinto queda suspendido como consecuencia de que, insisto, han sido estimadas las medidas cautelarísimas que ha presentado el promotor”, afirmó el delegado.

La situación ha generado un intenso debate entre el Consistorio y el sector del ocio nocturno. La Plataforma por el Ocio celebró la suspensión temporal del cierre y acusó a la Agencia de Actividades de actuar con “desgobierno” y “criterios erráticos”. La entidad considera que el marco actual presenta un “vacío legal” en la definición y actualización de los criterios de seguridad y aforo, especialmente en locales ubicados en edificios históricos o con estructuras complejas. Por ello, ha instado a Carabante a mantener una reunión urgente para revisar la normativa y homogeneizar los controles de afluencia.

Esta decisión judicial no supone el archivo del procedimiento, sino una paralización temporal hasta que el tribunal evalúe la legalidad del cierre acordado por el Ayuntamiento. Mientras tanto, el Teatro Barceló podrá continuar su actividad habitual. El caso reabre la discusión sobre los mecanismos de supervisión, la proporcionalidad de las sanciones y la necesidad de modernizar la regulación de aforos en los espacios de ocio de la capital.

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