El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y al pago de una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos, relacionado con la presunta filtración de un correo electrónico vinculado a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La decisión llega tan solo una semana después de la finalización del juicio, el primero en la historia en el que un fiscal general del Estado se sentaba en el banquillo. El fallo, ya adelantado a las partes, se considera firme, aunque no surtirá efectos hasta la notificación formal de la sentencia completa.

El tribunal, compuesto por siete magistrados, ha adelantado que la resolución contará con dos votos particulares discrepantes, emitidos por las juezas Ana María Ferrer y Susana Polo, ambas de perfil progresista. Esta división interna ha llevado a que el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, asumiera la ponencia de la sentencia. Además de la condena principal, el Supremo ha impuesto a García Ortiz el pago de una indemnización de 10.000 euros por daños morales al afectado, Alberto González Amador, así como el abono de las costas procesales.

Según fuentes consultadas por Telemadrid, el elemento determinante para la condena habría sido la nota informativa elaborada por la Fiscalía, considerada el factor que motivó la acusación y posterior fallo. La mayoría del tribunal —cinco de los siete magistrados— entiende que el fiscal general incurrió en el delito previsto en el artículo 417.1 del Código Penal, que castiga a las autoridades o funcionarios que revelen información reservada obtenida por razón de su cargo y que no deba ser divulgada.

La sentencia, una vez formalizada, implicará la salida inmediata de Álvaro García Ortiz de la jefatura de la Fiscalía General del Estado, cargo que ocupaba desde julio de 2022. La decisión ha provocado una amplia cascada de reacciones en el ámbito político y jurídico, entre ellas la del decano del Colegio de Abogados de Madrid, quien ha calificado la resolución como “una buena noticia para la sociedad”. Todo queda ahora pendiente de conocer la redacción final que explicará en detalle los argumentos jurídicos que han sustentado esta decisión.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibió el alta hospitalaria tras ser trasladada en ambulancia desde la Catedral de la Almudena, donde asistía a la misa por la festividad de la Virgen, patrona de la capital. Según fuentes del Gobierno regional, Ayuso sufrió una bajada de tensión y pulsaciones debido a una fuerte gastroenteritis, siendo atendida inicialmente por sanitarios del Samur Protección Civil antes de ser trasladada a la Fundación Jiménez Díaz.

Durante la misa, Ayuso se sintió indispuesta minutos después de realizar declaraciones a los medios de comunicación sobre sus intenciones de pedir a la Virgen prosperidad, convivencia y apoyo a las personas vulnerables y solas. La presidenta había comentado previamente que observaba con agrado las calles de Madrid llenas de ciudadanos celebrando la festividad, destacando la importancia de la tradición y la fe en la capital.

Fuentes del Ejecutivo regional señalaron que Ayuso retomará su agenda pública el próximo martes, tras el puente festivo en Madrid. Este episodio se suma a una leve indisposición que obligó a la presidenta a cancelar su participación en el congreso del PP de Andalucía el día anterior, aunque no se reportaron complicaciones graves y su estado de salud se considera estable.

El incidente ha generado atención mediática, pero el equipo de Ayuso asegura que se trata de una situación puntual y que la presidenta continuará cumpliendo con sus compromisos institucionales. La rápida intervención de los servicios sanitarios y el seguimiento médico en el hospital permitieron un alta temprana y la vuelta a su domicilio con indicaciones de reposo y cuidado general.

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El Ayuntamiento de Getafe ha reafirmado su compromiso de transformar la antigua plaza de toros en “un espacio cultural y deportivo de referencia”, que acogerá convenciones, espectáculos culturales y eventos deportivos, siempre respetando el descanso vecinal y manteniendo su carácter libre de maltrato animal. La iniciativa forma parte del proyecto conjunto entre PSOE y Podemos Getafe, que pretende dar una segunda vida a este emblemático recinto.

La teniente de alcaldesa y portavoz de Podemos Getafe, Alba Leo, ha respondido a las declaraciones del director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Martín Lorenzo, quien lamentó recientemente la situación del espacio. “El Ayuntamiento de Getafe ha dejado clara su postura contra los espectáculos que utilizan animales, prohibiendo circos, ferias o exhibiciones con ejemplares en cautividad”, afirmó Leo.

El proyecto de transformación de la plaza fue incluido en febrero de 2025 entre los nueve emplazamientos españoles seleccionados por el Comité Nacional de Europan XVIII, un prestigioso concurso internacional de ideas urbanísticas. Este reconocimiento permitirá que arquitectos de toda Europa propongan diseños para reconvertir el recinto en un espacio multidisciplinar, sostenible y abierto a la ciudadanía. “La plaza de toros será la plaza de todos y todas, respetuosa con el entorno y el descanso vecinal”, añadió Leo.

La portavoz también recordó que Getafe fue declarada en 2016 “Ciudad libre de maltrato animal” y reiteró la petición del Pleno para que la Comunidad de Madrid retire las subvenciones a la tauromaquia y las retransmisiones en Telemadrid. En su intervención, criticó además el “gasto indecente de más de siete millones de euros que la presidenta Isabel Díaz Ayuso destinará a promover la tauromaquia”, subrayando que esos recursos podrían destinarse a servicios públicos esenciales como salud, educación o vivienda.

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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha convertido este lunes en el primer fiscal en activo de la historia de España en ser juzgado, tras comparecer ante el Tribunal Supremo acusado de un presunto delito de revelación de secretos. La causa se centra en la filtración a la Cadena SER de un correo electrónico enviado por el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, en el que se ofrecía un pacto con la Fiscalía para evitar la prisión del empresario.

Durante la vista, García Ortiz ha negado cualquier implicación en la divulgación del documento, afirmando que “no” se considera autor responsable del delito que se le imputa. Sin embargo, su defensa se ha visto debilitada por la revelación de que borró mensajes de su bandeja de correo electrónico, un hecho que ha generado nuevas dudas sobre su conducta durante el proceso.

El magistrado Jesús Villegas ha calificado la eliminación de correos como un “indicio preocupante”, señalando que, aunque el fiscal tenía derecho a hacerlo, se trata de un “comportamiento típico de delincuentes”. Aun así, Villegas ha matizado que, en caso de existir una “duda razonable”, García Ortiz podría ser absuelto, aunque ha añadido que su “intuición personal” le lleva a pensar que el acusado es culpable.

Este juicio, sin precedentes en la judicatura española, abre un debate sobre la transparencia y la responsabilidad de los altos cargos judiciales. Además, llega en un momento de tensión política entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, lo que ha amplificado su repercusión mediática. El fallo del Supremo marcará un precedente histórico en la relación entre el poder judicial, los medios de comunicación y la confianza ciudadana en las instituciones.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expresado su entusiasmo por la llegada de la Fórmula 1 a la capital y ha confirmado que las obras del circuito avanzan a un ritmo superior al previsto. Durante una entrevista concedida a Dazn, Ayuso subrayó la “ilusión” y “expectación” generadas por el futuro Gran Premio de Madrid, un evento que, según la dirigente, está despertando gran interés tanto dentro como fuera de España.

Ayuso realizó estas declaraciones desde Austin (Texas), donde se encuentra en viaje institucional y asistió al Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 celebrado en el Circuito de las Américas. La presidenta aprovechó su estancia para observar de cerca la organización y la infraestructura de un evento de esta magnitud, con el objetivo de trasladar experiencias a la futura cita madrileña.

“Vemos que hay mucha ilusión por el Gran Premio en Madrid. Todo el mundo nos ha hablado de él (…) y como entre ellos está Carlos Sainz, que está siendo un embajador para todos, hace que todavía sea más interesante”, señaló Ayuso. Además, adelantó que esta misma semana comenzará el asfaltado del trazado, uno de los hitos más esperados dentro del cronograma de construcción del circuito.

La presidenta madrileña también insistió en la importancia de garantizar la accesibilidad y la movilidad en torno al recinto, previendo la asistencia de cientos de miles de personas durante el evento. “Estamos trabajando para que los accesos sean lo más cómodos y ágiles posible, aprendiendo de los retos logísticos de otros grandes premios”, explicó. Con la mirada puesta en 2026, fecha prevista para la celebración del primer Gran Premio de Madrid, el proyecto avanza como uno de los grandes atractivos deportivos y económicos de la región.

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El Consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha anunciado que el Ejecutivo regional reducirá a un 4% el terreno disponible para la instalación de plantas fotovoltaicas. La medida tiene como objetivo proteger los cultivos tradicionales de vid y olivo, así como preservar el mosaico agrícola-ganadero forestal, un elemento clave del paisaje y la economía rural madrileña.

Durante un desayuno informativo celebrado en la sede de la Consejería, Novillo amplió los detalles de esta iniciativa, previamente adelantada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso en el Debate del Estado de la Región. El consejero explicó que el propósito es encontrar un equilibrio entre el impulso a las energías renovables y la conservación del entorno rural, evitando que el desarrollo solar afecte a tierras agrícolas productivas.

Según los estudios realizados por el Ejecutivo autonómico, las zonas habilitadas para plantas fotovoltaicas han sido seleccionadas en función de criterios medioambientales, agrícolas y de interés comunitario, priorizando la protección de cultivos estratégicos y áreas de valor arqueológico o minero. Aunque la medida limitará el 96% del territorio, Novillo subrayó que la Comunidad de Madrid mantiene un alto grado de autoabastecimiento energético, lo que compensa la restricción.

En paralelo, el consejero mostró su preocupación por la planificación eléctrica estatal 2025-2030, que podría frenar la construcción de 60.000 viviendas y afectar proyectos de Centros de Procesamiento de Datos (CPD) en la región. Novillo advirtió que la política energética del Gobierno central podría suponer “una oportunidad perdida” para Madrid y defendió el mantenimiento de la central nuclear de Almaraz, al considerar que la energía nuclear sigue siendo una fuente estratégica para la estabilidad del suministro.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó este martes durante el Real Estate Forum, organizado por la gestora internacional BlackRock, que su Gobierno no intervendrá en el mercado inmobiliario pese al aumento de los precios de la vivienda. «No vamos a intervenir la vivienda, ni del alquiler ni de la venta. Vamos a defender la propiedad privada como un principio», declaró en su discurso de clausura.

El foro, celebrado en Madrid, reunió a inversores y representantes del sector inmobiliario. Ayuso aseguró a los participantes que la región es «el mejor lugar para pensar sus inversiones», en un mensaje dirigido a BlackRock, que se define como la mayor gestora internacional en España. Según datos de Inverco, la compañía administraba activos por valor de 47.000 millones de euros en junio de 2023.

A pesar del incremento del 16,9% en los precios de la vivienda en Madrid desde diciembre de 2024, de acuerdo con el último informe de Pisos.com, la presidenta madrileña mantiene su negativa a aplicar las medidas de la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno central en 2023. Entre estas se incluyen la declaración de zonas tensionadas y la limitación de alquileres, disposiciones que el Ejecutivo madrileño recurrió sin éxito ante el Tribunal Constitucional.

En su intervención, Ayuso también abordó cuestiones relacionadas con la migración, alineando su discurso con el planteamiento expuesto días antes por los líderes del Partido Popular en Murcia. Subrayó que Madrid es una región abierta, destacando: «Quien viene del continente americano, no es un inmigrante ni un turista, está en su casa». Para la presidenta, la Comunidad de Madrid se presenta como un territorio de oportunidades, respeto y crecimiento económico.

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El Ayuntamiento de Madrid ha dado el primer paso formal para impulsar la Nueva Centralidad del Este, un ambicioso desarrollo urbanístico situado entre San Blas-Canillejas y Coslada. La memoria-borrador de la Modificación del Plan General (MPG) prevé la construcción de más de 18.000 viviendas, de las cuales casi la mitad estarán destinadas a protección pública en diferentes modalidades.

El proyecto abarcará una superficie de 5,5 millones de m², con 1,58 millones destinados a edificación. De ese total, 794.146 m² serán vivienda libre, 595.610 m² se dedicarán a Vivienda de Protección de Precio Básico (VPPB) y 198.537 m² a Vivienda de Protección de Precio Limitado (VPPL). Además, se reservarán 680.697 m² para actividades económicas, donde destaca un futuro campus tecnológico e innovador de unos 430.000 m² y espacios terciarios como oficinas que superarán los 158.000 m².

Otro de los puntos clave es la apuesta medioambiental. El plan contempla 250 hectáreas para zonas verdes y espacios libres, que se sumarán al Bosque Metropolitano y a la recuperación del humedal de las Lagunas de Ambroz, considerado un espacio natural de alto valor ecológico. Asimismo, se habilitarán 500.000 m² para red viaria, 300.000 m² para protección acústica y 100.000 m² destinados a equipamientos en tres nuevos barrios (norte, centro y sur).

El desarrollo, sin embargo, confirma el abandono de las aspiraciones olímpicas en esta zona de Madrid. Los terrenos que en su día fueron vinculados a las candidaturas fallidas de 2012, 2016 y 2020, así como a la proyectada villa olímpica, quedarán integrados en este nuevo planeamiento. Mientras tanto, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado su intención de que Madrid vuelva a competir por unos Juegos Olímpicos, aunque sin fecha concreta y sin esperar al Ayuntamiento. El siguiente paso será la evaluación ambiental estratégica, cuyo documento de alcance deberá emitir la Comunidad de Madrid.

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Los centros de acogida de menores no acompañados en la Comunidad de Madrid atraviesan una situación de sobresaturación, con niveles de ocupación que en muchos casos superan el 130 %, según ha reconocido la Consejería de Familias. Este escenario refleja un sistema en tensión que, de acuerdo con los datos oficiales, acumula años de presión sostenida sin que los recursos físicos y humanos hayan crecido al mismo ritmo que la llegada de menores.

La administración autonómica admite que la situación no es nueva, sino el resultado de un proceso acumulativo. La llegada constante de menores migrantes ha sobrepasado la capacidad de acogida, generando dificultades para garantizar estándares adecuados de atención, educación y protección. En palabras de responsables de Emergencias Sociales, se trata de un “colapso progresivo” que pone a prueba a trabajadores sociales, educadores y sanitarios, obligados a atender en condiciones limitadas.

En el terreno político, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado al Gobierno central como corresponsable de la crisis. Ha acusado al presidente Pedro Sánchez de “multiplicar la llegada de menores migrantes y desentenderse de ellos”, trasladando a las comunidades autónomas la gestión de un problema que, en su opinión, requiere coordinación nacional. Desde el Ejecutivo central, sin embargo, se insiste en que la distribución de menores se ajusta a acuerdos previos con las autonomías y que la responsabilidad de su atención corresponde a cada región.

Frente a la presión creciente, la Comunidad de Madrid ha anunciado medidas urgentes. Entre ellas, la ampliación de plazas en centros como La Cantueña y la búsqueda de nuevas instalaciones para aliviar la saturación. Expertos en infancia advierten, no obstante, de que estas acciones resultan insuficientes si no se acompañan de recursos humanos especializados y de una estrategia a largo plazo. La situación en Madrid refleja un desafío mayor que también enfrentan otras comunidades autónomas, y que seguirá marcando la agenda política y social en los próximos meses.

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El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles un incremento salarial del 0,5% para más de 250.000 empleados públicos. Esta subida se aplicará de forma retroactiva desde enero de 2024 y se abonará con la nómina correspondiente al mes de agosto. La medida supondrá una inversión de 125,8 millones de euros por parte del Ejecutivo regional.

Este incremento se suma al 2% de subida ya aprobado en julio de 2024, elevando el total del aumento retributivo del pasado año hasta un 2,5%. Con esta decisión, la Comunidad de Madrid asegura que da cumplimiento a la normativa estatal, que contemplaba la posibilidad de un aumento adicional del 0,5% según la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC), aunque su validación por parte del Ministerio no se ha producido hasta julio de 2025.

En rueda de prensa, el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, destacó que “nosotros, en cuanto hemos podido, lo hemos aprobado” y criticó la falta de previsión del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Además, instó a su titular, José Luis Escrivá López, a actuar con “lealtad institucional” y a informar con tiempo sobre las posibles actualizaciones salariales para 2025. García Martín también señaló la “inacción” de los sindicatos ante esta situación.

La subida también se aplicará a altos cargos del Ejecutivo autonómico, aunque excluye a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Con esta medida, el Gobierno madrileño busca mantener el poder adquisitivo de sus empleados públicos en un contexto de inflación persistente, mientras lanza un mensaje de eficiencia y respuesta rápida frente a la gestión del Estado.

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